A menos de 10 días para que surtiera efecto la denuncia del tratado de extradición, el Gobierno de Honduras anunció que la vigencia de este mecanismo será hasta el 26 de enero de 2026, y que a partir de esa fecha la decisión queda en manos de la próxima administración
El canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, manifestó que se debe realizar un proceso(s) de extradición “objetivo(s), legal y concreto y no basado en cualquier manipulación política que se pudiera dar sobre bases no reales o no existentes”
Portada: El canciller hondureño durante la conferencia de prensa donde brindó detalles de la vigencia del tratado de extradición. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. -La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, anunció que tras llegar a un acuerdo con la administración de su homólogo estadounidense Donald Trump, el tratado de extradición se mantendrá vigente hasta el termino de su gestión, es decir, el 26 de enero de 2026.
Desde su cuenta de X –antes Twitter— la mandataria hondureña, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado que el tratado de extradición, que fue denunciado en agosto de 2024, ha sido instrumentalizado con fines políticos, explicó[yg1] que este acuerdo continuará con algunas “salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva”.
“En consecuencia he asegurado el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático”, escribió la presidenta Castro en sus redes sociales.
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CONDICIONES DEL GOBIERNO DE CASTRO PARA CONTINUAR CON EXTRADICIÓN
Durante una conferencia de prensa, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, indicó que se acordó la vigencia del tratado de extracción durante el resto de la administración de Xiomara Castro, pero advirtió que será denunciado el 26 de enero de 2026 y será la nueva administración la que decidirá si continua o no con la implementación del tratado.
Reina también señaló la necesidad de adoptar salvaguardas para mantener “la integridad del sistema democrático y de las Fuerzas Armadas de Honduras”, sin especificar qué tipo de medidas se implementarán.
Sin embargo, enfatizó en la importancia de la aplicación de un mecanismo de extradición que no afecte los comicios electorales por la politización, según él, por posibles o futuras acusaciones de figuras políticas con el narcotráfico.
“El acuerdo es precisamente que se maneje un proceso de extradición objetivo, netamente legal y netamente basado en circunstancias factuales y reales, y no de ninguna forma politizadas para no poner en riesgo precisamente algo muy importante para Honduras como es su proceso electoral”, declaró el funcionario.
En la conferencia de prensa se le consultó al canciller que si se le daría trámite a solicitudes de extradición contra una figura política de cualquier partido político, a lo que el funcionario respondió que ese tema se debe manejar de maneta objetiva, “no estamos para favorecer a políticos, obviamente si hay criminales deben responder ante la justicia”.
No obstante, señaló que la preocupación es que de alguna forma el tratado pudiera ser utilizado para desestabilizar la forma de gobierno o el proceso electoral a través de ataques a las Fuerzas Armadas y se genere tensión en el proceso electoral, por lo que las solicitudes de extradición se deben manejar un proceso ordenado, objetivo y basado en ley.
Lo expuesto por Reina fue reflexionado por el exfiscal del Ministerio Público y coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED), Víctor Fernández, quien exigió que ningún acuerdo o salvaguarda se “convierta en garantía de impunidad” para ningún narcotraficante, “aunque sean familiares o correligionarios”.
Por otra parte, el canciller Enrique Reina aseveró que el diálogo con Estados Unidos ha sido positivo y basado en el respeto mutuo y la no injerencia en asuntos internos. Además, explicó que las negociaciones abordaron cinco áreas clave, entre ellas migración, acuerdos militares, el tratado de extradición, el Tratado de Libre Comercio (TLC) y oportunidades de inversión.
El Gobierno de Honduras formalizó su postura mediante una nota diplomática enviada a Estados Unidos, en la que estableció que la vigencia del tratado se extenderá hasta 2026. La nota fue leída en la conferencia de prensa por el canciller Reina, sin embargo, no ha sido publicada por el Gobierno de Honduras.
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¿JUGADA DEL PARTIDO LIBRE PARA CONTINUAR EN EL PODER?
La decisión de Castro generó fuertes cuestionamientos y rechazo entre algunos sectores, ya que este tratado ha sido uno de los principales mecanismos de presión contra los narcotraficantes en Honduras, por lo que su denuncia representaba un alto costo político para el oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre).
Para el abogado y exdirector de Transparencia y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Lester Ramírez, este retroceso en la denuncia es un mensaje positivo para las y los hondureños, y de alguna manera le da un respiro al oficialismo de esas voces que cuestionaban la cancelación del acuerdo.
En una entrevista brindada a Criterio.hn el analista apuntó que esta acción puede ser una carta favorable para la aspirante presidencial y actual ministra de Defensa, Rixi Moncada. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
“Puede ser una carta, pero creo que los Estados Unidos no se siente cómodo con un gobierno como el que hay ahora en Honduras y esto no es que viene a abrir las puertas de todo. Esto simplemente es una demostración de una negociación muy coyuntural”, explicó el jurista.
Añadió que en el corto plazo esta acción le beneficia al Partido Libre “porque le baja bastante el ruido al tema de la extradición. Ganó un tiempo extra y creo que aquí lo importante es ver la narrativa que se va a construir ahora”.
Efectivamente, el retroceso en la decisión de darle fin al tratado de extradición ha generado un nuevo espacio dentro de la oposición, quien ahora asume que la determinación se debe a presiones de la nueva administración estadounidense y no a la voluntad por parte del Gobierno de Honduras para dar solución a la problemática del crimen organizado y narcotráfico.
El contexto político en Honduras es incierto y los movimientos de Libre en torno al tratado de extradición podrían responder a cálculos electorales. La decisión de revertir la denuncia le permite al gobierno ganar tiempo y modificar la narrativa en torno a la lucha contra el narcotráfico, un tema sensible para la opinión pública.
Para el coordinador del Bufete Estudios para la Dignidad (BED) Víctor Fernández, esta decisión podría generar o elevar el caudal de votos a favor del Partido Libre, ya que el mayor golpe que en términos de aceptación de la ciudadanía y de la gente del mismo partido, lo habían dado con esta decisión de suspender la vigencia del tratado.
En pláticas con este medio digital el abogado puntualizó que, al revertir esta decisión, aunque sea temporalmente, es una cuestión política que por supuesto, procura posicionar o superar el descontento que se generó.
El 28 de agosto de 2024, la presidenta Xiomara Castro anunció la denuncia del tratado de extradición, bajo el argumento de una constante injerencia, intervencionismo y la intención de dirigir la política de Estado, por parte de Estados Unidos a través de su representación diplomática en Tegucigalpa.
La denuncia del tratado de extradición derivó por los cuestionamientos de la embajadora de EE.UU. en Honduras, Laura Farnsworth Dogu, de la reunión que sostuvieron el entonces secretario de Defensa y sobrino de la mandataria Xiomara Castro, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelth Hernández con el ministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino, señalado por Estados Unidos de estar vinculado al narcotráfico.
Posterior a la denuncia del tratado de extradición, el medio especializado en crimen organizado InSight Crime publicó un vídeo en el que aparece el exsecretario del Congreso Nacional y cuñado de la presidenta Xiomara Castro, Carlos Zelaya, negociando sobornos con líderes del narcotráfico para financiar la campaña política del Partido Libre de 2013. En dicha contienda electoral Castro se postuló a la Presidencia de la República.
Al cierre de esta publicación el Gobierno de Estados Unidos no se había pronunciado al respecto.
