Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa – En medio de fuertes cuestionamientos y un conato de paro nacional de los transportistas, el Congreso Nacional, aprobó este martes en segundo debate, los 103 artículos del proyecto de la nueva Ley de Transporte Terrestre de Honduras, que tiene por objeto determinar la estructuración administrativa y funcional de los organismos competentes para su aplicación.
El estamento contempla además establecer las normas generales que regulan la forma, condiciones y requisitos necesarios a que está sujeta la prestación del servicio público y especial de transporte terrestre de personas y de carga o mercancías; sus disposiciones son de orden público.
La finalidad primordial de la ley es la de obtener para los usuarios del servicio público y especial de transporte, las mayores y mejores condiciones de calidad, seguridad, comodidad, eficiencia y economía, establecidas bajo el principio de equidad en cuanto a la inversión realizada por los prestadores del mismo y en consonancia con los tratados internacionales de que Honduras forma parte, de acuerdo a una nota de prensa del Congreso Nacional.
Acorde a esa normativa, se crea el Instituto Nacional del Transporte Terrestre (INTT), se crea como el nuevo órgano rector del sistema de transporte terrestre en Honduras, con independencia financiera y administrativa.
Este Instituto será dirigido por un directorio de tres especialistas y conformado por un director presidente, un director financiero y un administrativo, que serán seleccionados por el presidente de la república de una lista de seis candidatos designados mediante concurso público.
La nueva entidad tendrá un consejo directivo conformado por 11 consejeros, seis representantes del gobierno nombrados por el Poder Ejecutivo y cinco del sector transporte, designados por los concesionarios o propietarios.
Este consejo tendrá, entre otras atribuciones, otorgar, modificar, renovar y cancelar los permisos de explotación y certificados de operación, clasificar las rutas, establecer categorías de servicio, autorizar la instalación y funcionamiento de terminales de transporte y autorizar y regular las tarifas del transporte público.
Entre otros aspectos, la nueva legislación establece como principio rector la atención y el servicio al usuario del transporte público, por lo que todas las acciones del Estado así como los concesionarios deben unir esfuerzos para prestar un servicio de calidad y eficiencia.
Asimismo, el proyecto de decreto que sustituirá la vigente Ley de Transporte que data de 1976, y responde a la ola de violencia que azota la actividad del transporte por el cobro de las extorsiones.
Para cumplir con ese objetivo, se crea un novedoso sistema de seguridad compuesto por circuitos de cámaras, botones de pánico, mecanismos de monitoreo de la unidades y el pago del pasaje mediante tarjetas prepago.
Además, se crean fiscales nacionales o jueces con jurisdicción nacional para atender de manera especial los delitos que se cometen en el transporte público, para atacar con ello la impunidad, persiguiendo como meta la seguridad de los usuarios.
También se define con claridad el tratamiento del transporte de carga, con el propósito de lograr mayor eficiencia, competitividad, pero también mayor seguridad en las carreteras del país.
El INTT contará con una Escuela del Transporte Terrestre, cuya función es la formación y capacitación de los operarios del servicio. La Escuela del Transporte procurara la coordinación interinstitucional para el desarrollo de sus funciones.
La Escuela del Transporte contará con un registro, en el cual deberá constar la historia laboral, conducta personal, antecedentes policiales y penales de los operarios del transporte para los efectos de esta ley.
La escuela deberá promover campañas públicas de concientización a los usuarios del transporte público, para que conozcan sus derechos y puedan hacer un uso eficiente del servicio público, respetando paradas, rutas de abordaje, horarios, cuidado de las unidades y respeto de las normas de convivencia social.
En la ley, además se establece el seguro obligatorio para toda clase de vehículos automotores, vehículos con o sin tracción propia (Remolques), destinados a prestar el servicio de transporte de personas y mercancías, para responder por los daños a terceros, ocasionados en accidentes de tránsito u otros por los que deba responder.-
En el transporte de carga, se establece el seguro obligatorio por separado, por cuenta del propietario de la carga, del cabezal y el chasis en forma individual, según sea el caso.- El monto mínimo, la duración y cobertura mínima, se regulará en el Reglamento respectivo de esta ley, prueba del cual debe portar el conductor del vehículo, al circular por las vías públicas del país.
Los vehículos de transporte terrestre con placas extranjeras, solamente pueden circular en el territorio nacional, si al momento de su ingreso se proveen del seguro obligatorio, con carácter temporal.
En los permisos de explotación que sirven como documento que acredite la concesión para la prestación del servicio, deben consignarse como mínimo los datos siguientes: número del permiso, nombre, razón o denominación social del titular, ruta, horarios, itinerarios, tarifas, fecha de expedición, fecha de elaboración o impresión, fecha de vencimiento, firma y sello de la autoridad competente, código de barras o cualquier otro afín que considere conveniente y que permita verificar efectivamente la autenticidad del mismo, obligaciones, prohibiciones, sanciones, y otros que reglamentariamente se establezcan.
Luego de la aprobación en segundo debate, la aprobación de la nueva Ley de Transporte Terrestre, iniciará su discusión en tercer y último debate en la sesión que se celebrará mañana miércoles.
En la sesión de este martes, el diputado liberal por Cortés, Ángel Darío Banegas, presentó una iniciativa para que en el Presupuesto General de la República para 2016, se incluya una partida por dos millones de lempiras para la Escuela Nacional de Bellas Artes fundada en 1940.
Por su parte, la diputada nacionalista por Cortés, Welsy Vásquez, presentó una iniciativa encaminada a crear la Ley del Régimen de Desempleo Protegido para Personas con Discapacidad.
Entretanto, la diputada independiente por Cortés, Yenny Murillo, presentó un proyecto para que en el Presupuesto General de la República para 2016, se asigne una partida a cargo de los ahorros de la Secretaría de Salud por un monto de un millón 630 mil lempiras, exclusivamente para la adquisición de una ambulancia dotada de toda la tecnología la que será utilizada por la Cruz Roja de Choloma, para atender los pacientes de esa ciudad.
Finalmente, el diputado del partido Libertad y Refundación (Libre) por Intibucá, José Antonio Vásquez, presentó una iniciativa para que a los 258 consejos lencas que se aglutinan en la Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras (Onilh), se le exonere de las obligaciones derivadas de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (Ursac) y se le condonen y exoneren de las multas respectivas.
El presidente en funciones del Congreso Nacional, Antonio Rivera Callejas, suspendió la sesión y convocó para una nueva reunión mañana miércoles 9 de diciembre a las 9:00 de la mañana.
