Urgen se garantice la seguridad de los acusados para llegar hasta los autores intelectuales que ordenaron el asesinato
Exigen una investigación más profunda, asesoría técnica internacional y el cierre del megaproyecto minero Pinares-Ecotek, vinculado a la violencia contra defensores ambientales
Tegucigalpa. – El Juzgado de Letras de San Pedro Sula en Cortés dictó auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra los tres supuestos autores materiales del crimen del defensor ambiental Juan López, asesinado el pasado 14 de septiembre en Tocoa, Colón, norte de Honduras.
Los tres imputados –Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía– permanecerán recluidos en el centro penitenciario Marco Aurelio Soto en Támara, Francisco Morazán.
El Ministerio Público informó, mediante un comunicado, que parte de las pruebas presentadas para obtener el auto de formal procesamiento incluyen imágenes de cámaras de seguridad en las que se identifican a los acusados, así como pruebas periciales, testimoniales y testificables.
VIDEOS, VACIADO TELEFÓNICO Y GEORREFENCIACIÓN IMPLICAN A ACUSADOS
La abogada Dunia Pérez, miembro del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ) e integrante del Observatorio por la Justicia de los Defensores del Río Guapinol, señaló que además de la presentación de testigos protegidos, existen videos que mostrarían a Óscar Guardado dando seguimiento a Juan López desde las 9:00 de la mañana hasta pasadas las 7:00 de la noche del 14 de septiembre.
Las imágenes también expondrían a Guardado reunido junto a Daniel Juárez y Lenin Cruz en un hotel de Tocoa, de donde habría salido Óscar Guardado con la motocicleta marca Yamaha, modelo XTZ-125E, color azul, en la que se cometió el crimen.
“[C]on estos medios de prueba se puede valorar que hubo una planificación, hubo conocimiento por parte de las personas involucradas en los hechos que se iban a cometer el 14 de septiembre en horas de la noche”, dijo Pérez al Diario Colón.
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Agregó que también se presentó como pruebas el vaciado telefónico y georreferenciación, que ubican el celular de Óscar Guardado a una cuadra de la vivienda de López y la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa, lugar donde se ejecutó el crimen.
El abogado Josué Lemus del Bufete Justicia para los Pueblos, en representación del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa y la familia de Juan López, señaló que el proceso apenas comienza puesto que se trata de una de las primeras audiencias y que al entrar al juicio oral y público la defensa de los acusados deberán rebatir los medios de pruebas presentados para acreditar la comisión del delito y la participación de los imputados.
El profesional del derecho, Junior Zúniga, quien también integra el Bufete Justicia para los Pueblos, no desestimó que se sigan agregando más medios probatorios, se realicen nuevas acusaciones o incluso se levanten nuevos requerimientos fiscales.
URGEN IDENTIFICAR A LOS AUTORES INTELECTUALES Y DEMANDAN CIERRE DE MEGAPROYECTO MINERO
Adilia Castro, defensora e integrante del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), urgió a que el centro penitenciario donde están recluidos los tres acusados garantice su seguridad y protección, y que estos a la vez puedan revelar los nombres de los autores intelectuales.
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Castro, quien al igual que López tiene medidas cautelares que continúan sin ser implementadas por el Estado pese al asesinato, señaló que si bien es un avance importante no es suficiente. Se debe develar y presentar ante la justicia a la red criminal que planificó el asesinato.
“No habrá justicia hasta ver tras las rejas a todos los que cobardemente planificaron, organizaron y pagaron la ejecución de este horrible crimen”, señaló la ambientalista.
Limbor Vásquez de la Fundación San Alonso Rodríguez sostuvo que si bien aplauden los avances del Ministerio Público, continuán demandando se profundicen en las líneas de investigación y se cuente con asesoría técnica internacional para garantizar un proceso transparente que lleve a los autores intelectuales del asesinato.
Al medio Diario Colón dijo que no habrá justicia para Juan López en tanto los hechos que causaron su muerte continuen afectando la zona, por lo que demandan la cancelación del megaproyecto minero eléctrico Pinares-Ecotek, el cual señaló como la raíz de los asesinatos, la persecución, la criminalización y la expulsión de los defensores ambientales.
Vásquez hace referencia a las empresas Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding, presidido por el empresario y yerno del fallecido terrateniente Miguel Facussé Barjum, Lenir Pérez. Facussé Barjum fue señalado en el asesinato del defensor y lider sindical Carlos Escaleras Mejía, quien se opuso a la instalación de una planta de extracción de aceite de palma cerca del río Guapinol.
En 2023 fueron asesinados, en hechos separados, los defensores Alí y Oquelí Domínguez, hermanos del presidente de la junta de agua de la comunidad de Guapinol, Reynaldo Domínguez. Las acciones violentas en contra de la familia Domínguez provocó su desplazamiento forzado de la comunidad. También fue asesinado Jairo Bonilla.
