Pese a la condena internacional, el Estado de Honduras no ha implementado las medidas ordenadas por la Corte-IDH para reparar el daño y prevenir futuros actos de violencia contra personas trans
Tegucigalpa, Honduras. – Han pasado más de tres años desde que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) responsabilizó y condenó al Estado de Honduras por el asesinato de Vicky Hernández, una mujer trans, trabajadora sexual y activista por los derechos de las personas trans en Honduras.
La Corte IDH encontró varios indicios de la participación de agentes estatales en los hechos que habrían llevado a su muerte ocurrida en San Pedro Sula el 28 de junio de 2009.
Luego que la Corte-IDH estableció que la sentencia constituye, por sí misma, una forma de reparación, ordenó una serie de medidas de reparación que hasta la fecha no han sido cumplidas en su totalidad.
Criterio.hn dialogó con Indyra Mendoza, coordinadora de la Red Lésbica Cattrachas, una de las organizaciones responsables en llevar el caso ante la Corte IDH, lamentó que el Estado de Honduras no ha cumplido con las medidas de reparación ni desarrollado acciones de prevención de la violencia contra las personas LGBTIQA+, que impactan mayormente a las personas trans.
“Son medidas cosméticas”, refirió Indyra Mendoza al consultarle sobre el proceso de cumplimiento de la sentencia por parte del Estado de Honduras, además reconoció que, aunque es el inicio todavía persisten problemas estructurales y sistemáticos.
En Honduras las personas LGBTIQA+, resisten una diversidad de violaciones a sus derechos humanos, no tienen acceso a la salud libre de discriminación, empleo, educación, no son sujetos de crédito ni mucho menos pueden donar sangre, entre otras acciones.
De acuerdo con Mendoza, el reconocimiento de derechos es cuesta arriba por una serie de leyes discriminatorias que consideraban que con el caso de Vicky iban a cambiar, pero, añadió, “este Estado no lo va a hacer fácil porque esta lleno de prejuicios y el fundamentalismo religioso está permeando todo”.
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SIN RECONOCIMIENTO DE IDENTIDAD DE GÉNERO
Una de las principales medidas de reparación como garantía de no repetición fue la adopción de un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género, con el cual se permita a las personas trans adecuar sus datos de identidad, en los documentos de identidad y en los registros públicos de conformidad con su identidad de género auto-percibida.
Sobre el tema, Grecia O´hara, coordinadora de la organización Somos CDC en una entrevista anterior dijo a Criterio.hn que en el marco del Día Internacional de contra Homofobia, Lesbofobia, Bifobia y Transfobia que esperaban noticias positivas respecto al reconocimiento de la identidad de género en el Documento Nacional de Identificación (DNI).
Sin embargo, informó a Criterio.hn que no han recibido ningún avance por parte de la Procuraduría General de República (PGR). “Al final, la PGR nos dijeron más de lo mismo”, señaló O´hara.
Ante la falta de avances, Grecia O´hara enfatizó que continuaran insistiendo para el Estado de Honduras cumpla con la medida de reparación.
La Corte IDH determinó que el Estado hondureño era responsable por una vulneración al derecho a la identidad de género de Vicky Hernández, ya que no se tomó en cuenta su identidad de género autopercibida al momento de la investigación y por haber conducido la misma, de forma discriminatoria con base en prejuicios basados en la identidad y/o expresión de género.
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SIN PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN
Otra de las medidas de reparación, que estableció la Corte IDH en marzo de 2021, fue la implementación de protocolos especiales de investigación con enfoque diferenciado LGBTIQA+ para que todas las denuncias sobre crímenes por prejuicio basados en la orientación sexual, identidad o expresión de género real o percibida de la víctima, sean investigadas rápida y minuciosamente.
Esta determinación se tomó porque la muerte de Vicky Hernández, no fue investigada con la debida diligencia, por lo que se concluyó que se habían vulnerado los derechos a las garantías al debido proceso y a la protección judicial.
La Corte IDH, consideró conveniente ordenar al Estado la adopción del protocolo, en el plazo de dos años contados a partir de la notificación de la sentencia. Sin embargo, hasta la fecha no ha sido implementado.
El observatorio de violencia hacia las personas LGTBI+ de Honduras (KAI+), registra –desde el año 2004 a marzo de 2024— un total de 525 personas LGBTIQA+ víctimas de muertes violentas.
A ello se le suma la falta de condena de 282 delitos contra la vida e integridad personal de las personas LGBTIQA+, que, de acuerdo con la CIDH, alcanza el 93% de impunidad, ya que de 194 personas LGBTIQA+ asesinadas entre 2017 y 2022, solamente 13 casos obtuvieron sentencia condenatoria.
Hasta la fecha, el Estado de Honduras ha dado cumplimiento de manera parcial a las medidas de reparación ordenadas en la Sentencia, entre ellas: disculpas públicas, remuneraciones económicas a las familiares y la beca a la sobrina de Vicky.
