La falta de socialización y claridad en el contenido de la Ley Especial de las Transacciones de Carbono, así como la falta de salvaguardas para que los pueblos originarios sean los principales receptores del financiamiento por su labor de conservación
De acuerdo al secretario de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, Honduras podría acceder a un aproximado de 30 millones de dólares y para finales del 2024 a comienzos del 2025, se proyecta una captación de 120 millones de dólares
Foto portada cortesía de: quecuriosidades.com
Tegucigalpa, Honduras. -Discrecionalidad, falta de socialización y claridad en el contenido de la Ley Especial de las Transacciones de Carbono, sumado a ello la moratoria en la venta no regulada de créditos de carbono en el territorio, dejan más dudas que respuestas en torno a esta temática.
Sobre el tema el Instituto de Conservación Forestal (ICF) emitió un comunicado hablando sobre la moratoria en la venta de créditos de carbono que no están debidamente reconocidos por convenios internacionales. Lo anterior con el objetivo de “evitar la colonización del comercio del carbono de nuestros bosques”.
En un confuso documento el ICF exponen que es importante hacer del conocimiento general que en coordinación entre ICF y la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna) “se ha decidido que antes de culminar los procesos de preparación de los mecanismos de financiamiento de carbono, reafirmados por el Estado, al ratificar el Acuerdo de París.
Por otro lado, señalan que una vez las instituciones de gobierno hayan culminado procesos de construcción y socialización, así como la oficialización del Reglamento de la Ley Espacial de Transacciones de Carbono Forestal, implementado el sistema de contabilidad de carbono (que permita la no duplicidad), y el proceso de acreditación y regulación, se procederá a levantar dicha moratoria.
Criterio.hn intento comunicarse con el director del ICF, Luis Soliz, pero no obtuvimos respuesta.
Para la analista socioambiental del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Lucía Vijil, el tema de los bonos de carbono, parten de muchos de los acuerdos y negociaciones a nivel internacional que han servido para sopesar un poco la deuda de los países contaminantes para compensar sus emisiones de dióxido de carbono.
De igual manera, mencionó que existen preocupaciones relacionadas a las transacciones de los bonos de carbono, especialmente por la poca discusión que ha tenido la iniciativa legislativa con sectores ambientales, movimientos organizados y distintas organizaciones que trabajan temas ambientales.
Señaló que los países de Centroamérica son de los más pobres y menos contaminantes, “deberíamos de ser conscientes que son mecanismos injustos que realmente lo que hacen es apañar la gran contaminación que tienen las grandes empresas y nosotros nos encargamos, digamos de lavar caras de las grandes industrias que al final no asumen un compromiso real por reducir su contaminación”.
Lea: Biosfera del río Plátano en riesgo de perder título de patrimonio de la humanidad por enorme descombro del bosque
LEY FUE APROBADA SIN SOCIALIZACIÓN
El proyecto de ley fue presentado en 2022, por el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ante el pleno. En julio de 2023, la propuesta fue aprobada en un tercer debate, sin embargo, organizaciones de sociedad civil reclamaron la falta de socialización.
Esta situación provocó una serie de dudas sobre la legitimidad y la representatividad de las decisiones tomadas por los diputados en la aprobación de la Ley Especial de Emisiones de Carbono. Además, se ha cuestionado la falta de participación de expertos en medio ambiente y sociedad civil en la elaboración y discusión del texto de la normativa.
La opacidad en torno a la aprobación de la ley ha generado sospechas sobre posibles intereses ocultos detrás de la misma, así como la falta de voluntad política para abordar de manera efectiva el problema del cambio climático en el país.
De igual manera, han señalado que la falta de transparencia en el proceso legislativo podría favorecer a sectores económicos que buscan eludir responsabilidades ambientales.
Ante estas preocupaciones, diversas organizaciones no gubernamentales y activistas medioambientales han exigido una revisión exhaustiva de la Ley de Emisiones de Carbono, así como la inclusión de mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana en su implementación.
Asimismo, han llamado a las autoridades a garantizar que futuras decisiones relacionadas con el medio ambiente se tomen de manera transparente y democrática, en línea con los principios de gobernanza ambiental.
Sobre el tema la analista socioambiental del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), Lucía Vijil, reprochó que el proceso de la ley haya dejado altos niveles de opacidad, es decir, no se ha vuelto a discutir.
Aunque se sabe del acceso a fondos verdes, hay organizaciones que están interesadas en obtener ese financiamiento y preguntan y cómo es el proceso.
“Nos preocupa mucho el tema de que la reglamentación como tal de la ley de bonos de carbono no ha sido abierta a discusiones las distintas organizaciones que nos hemos pronunciado máxime con algunas cosas en conjunto”, comentó la analista en una entrevista brindada a Criterio.hn.
Vijil manifestó su preocupación sobre las salvaguardas para los pueblos indígenas y comunidades rurales que no están contempladas en la ley.
“No sabemos cómo va a funcionar o los mecanismos de negociación que pueden existir en el marco de esos fondos, ni tampoco los grandes proyectos a los que se pueden aspirar o quienes van a ser intermediarios, qué autoridad va a responder, entonces bien complicado cuando ya hay una ley aprobada”, acotó.
LEY DE TRANSACCIONES DE CARBONO CONTEMPLA CREACIÓN DE COMITÉ NACIONAL
La Ley Especial de las Transacciones de Carbono Forestal para la Justicia Climática, contemplan varios aspectos entre ellos la estructura organizativa, la creación del ente técnico del Comité Nacional adscrito a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Transacciones de carbono y sus modalidades y contratos de carbono y criterios de viabilidad.
En la estructura organizativa se crea el Comité Nacional como ente regulador de los procesos en el marco de la Ley, estaría conformado por los titulares de la Secretaría de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), el director del Instituto de Conservación Forestal (ICF) y el titular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN). Este Comité creará todos los reglamentos y manuales para ejecutar la Ley y entre sus funciones decidirán sobre las solicitudes de las transacciones de carbono forestal.
Un comentario
Excelente contribución sobre un tema de mucha relevancia