Por: Juliana Montani/Latinoamérica21
¿Quién controla las armas? ¿Quién controla el dinero? ¿Quién puede aceptar perder una elección
sin romper la democracia?
La teoría política distingue dos grandes tipos de transiciones a la democracia desde regímenes
autoritarios, que en la realidad raramente se dan en estado puro. Por un lado, están las
transiciones negociadas, basadas en acuerdos entre sectores del régimen autoritario y sectores de
la oposición, generalmente entre los sectores moderados de ambos lados. Estos procesos suelen
derivar en continuidades institucionales, garantías para las élites salientes y amnistías, y los
cambios son graduales y controlados.
Los casos de Chile y España son ejemplos clásicos.
Philippe Schmitter y Guillermo O´Donnell destacaron que este tipo de negociación ocurre, sobre
todo, porque ninguna parte tiene fuerza suficiente para imponerse rotundamente. El otro gran
grupo de transiciones a la democracia es la que se produce por el colapso del régimen autoritario,
ya sea por crisis económica, por derrota militar o por movilización civil. Argentina tras la guerra
de Malvinas, Grecia y Portugal (1974) ilustran este camino.
La pregunta subsiguiente apareció décadas más tarde: ¿qué tipo de democracia queda tras una
transición, y con qué capacidades reales? Ahí aparecen varias teorías. Juan Linz y Alfred Stepan
hacen foco en que salir del autoritarismo no es suficiente, sino que la democracia tiene que ser
aceptada por todos los actores como el único juego posible. O´Donnell, por su parte, observó que
muchas transiciones producen democracias electorales, pero no republicanas, e introduce el
concepto de ¨ciudadanía de baja intensidad¨. Adam Przeworski, con una visión institucional,
sostuvo que la democracia funciona cuando los perdedores aceptan el resultado con la
expectativa de poder ganar en futuras elecciones.
Venezuela es por ahora un laboratorio para la teoría de transiciones. Con información incompleta
y hasta que las fuerzas con poder de elección y veto se organicen, se trata de un evento
extraordinario y todavía políticamente indeterminado. Dicho eso, una intuición parece clara: la
aprehensión de Maduro no resuelve la transición; apenas da inicio al período más riesgoso,
donde se define si el proceso derivará en una ruptura, una transición pactada o una experiencia
híbrida.
Tres trayectorias posibles
El primer escenario es el de la ruptura. Esto ocurrirá si la aprehensión de Maduro redunda en un
colapso del mando, sumado a la pérdida de la capacidad de coordinación del régimen. Podrían
abrirse grietas dentro mismo de las Fuerza Armadas, los servicios de inteligencia, la policía, las
milicias y los gobiernos locales. La fragmentación del aparato coercitivo abriría una ventana
de oportunidad para reformas rápidas como la liberación de presos políticos, la apertura
electoral, o desarme de estructuras paralelas. El principal riesgo es caer en la anomia y la
violencia, que haya represalias, detenciones, censura de comunicaciones, y que Diosdado
Cabello, Padrino López o mandos locales luchen por retener o aumentar su poder, o que al orden
lo reconstruya un actor armado renovado en personaje salvador.
Un segundo escenario seguiría la lógica de transiciones pactadas. El regreso a la
institucionalidad y la convocatoria a elecciones se producirían a cambio de garantías como
exilio, amnistías parciales y preservación de cuotas de poder económico o militar. El
acuerdo involucraría a sectores moderados del chavismo, más la oposición, más garantes
externos. Se trata de un pacto bajo cierta coerción, los actores clave tienen la capacidad no solo
de pactar sino de hacer cumplir lo acordado, incluso aunque muchos de ellos no sean
democráticos en sí mismos. Los riesgos son los típicos de las democracias a través de
transiciones pactadas: justicia débil, un Estado que puede ser colonizado por intereses,
corrupción que se recicla en un nuevo régimen, y concesiones institucionales destinadas a
garantizar la estabilidad y la pacificación.
El tercer escenario es el de una transición tutelada. La oposición puede ganar poder y lograr un
cambio de élite gobernante, pero aquí el cambio de régimen no surge principalmente de
dinámicas internas, sino de la intervención o supervisión de actores externos. Bosnia
Herzegovina (1995), o Irak (2003), son ejemplos extremos. El riesgo central es un gran déficit de
legitimidad, al tratarse de una democracia que parezca instalada desde fuera con baja capacidad
de lograr obediencia interna. A ello se le suma la latencia de un chavismo sin Maduro que
sobreviva como identidad política, anclado en una red territorial, económica, de corrupción y
narcotráfico, reforzada por un relato de agresión extranjera.
Impunidad o incertidumbre
Si predomina un pacto, la transición hacia una democracia electoral puede ser más veloz, pero
jugadores heredados del régimen anterior -militares, jueces, servicios de inteligencia o futuros
legisladores- mantienen poder y privilegios. Esto suele traducirse en negociaciones de
impunidad, reformas institucionales lentas y áreas del Estado que permanecen de las
administraciones anteriores.
Si predomina una ruptura, la democracia puede nacer con mayor ambición reformista, pero
también un consecuente mayor nivel de incertidumbre económica y menor confianza inicial en
los nuevos actores, instituciones y elites.
El tipo de régimen que se construya en Venezuela dependerá del peso relativo de los actores,
sean democráticos o no, con capacidad de construir o vetar acuerdos. En última instancia, el
éxito se reduce a tres preguntas: quiénes controlan las armas, quiénes controlan el dinero, y
quiénes pueden creíblemente asegurar que, de perder elecciones —y con ello privilegios e
impunidad— seguirán apostando por la democracia. En Venezuela, la democracia podrá empezar
con ganar una elección, pero solo prosperará cuando alguien acepte perderla.
