Este 8 de septiembre expira la protección migratoria y laboral para más de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses. Organizaciones advierten sobre riesgos de deportación, necesidad urgente de alternativas legales, y proyectan la audiencia del 18 de noviembre como el último recurso judicial para defender derechos y mantener arraigo en Estados Unidos
Tegucigalpa, Honduras. – Este lunes 8 de septiembre de 2025, vence oficialmente el Estatus de Protección Temporal (TPS) para Honduras y Nicaragua, poniendo fin a la protección migratoria y el permiso de trabajo para decenas de miles de personas en Estados Unidos. Líderes migrantes y organizaciones advierten sobre el impacto inmediato y los riesgos a mediano plazo para las familias afectadas.
“La protección migratoria que durante años salvaguardó a miles de hondureños y nicaragüenses bajo el TPS expira este lunes, marcando el inicio de una etapa de gran incertidumbre y riesgo para quienes perderán su permiso de trabajo y quedarán expuestos a operativos, procesos judiciales y posibles deportaciones”, advierte Yanira Arias, organizadora de liderazgo y defensa de Alianza Américas.
Contrario a las percepciones de pánico, Arias aclara que “no significa que a la medianoche agentes de inmigración estarán tocando la puerta.” La falta de capacidad operativa por parte de las autoridades migratorias impide una deportación masiva inmediata, pero sí eleva el riesgo de detenciones sobre todo en estados republicanos y zonas de cooperación local con la administración federal.
La especialista en temas migratorios indica que, aunque no habrá persecuciones masivas, en estados como Texas, Florida o Luisiana suele haber mayor presión y colaboración entre gobiernos estatales y autoridades migratorias. “Habrá operativos agresivos como retenes en las vías, controles en vecindarios y verificaciones de estatus. Quien no pueda demostrar su situación legal, estará en riesgo”.
¿QUÉ DEBEN HACER LOS HONDUREÑOS TRAS LA TERMINACIÓN DEL TPS?
Ante el escenario de incertidumbre, la directora de Cristosal en Honduras, Karen Valladares subraya la importancia de que los hondureños exploren alternativas migratorias y busquen asesoría legal especializada. “Es crucial que comiencen a identificar si pueden optar por una residencia, visas de trabajo, o si su empleador puede respaldar su situación migratoria por desempeño laboral”, recomienda Valladares.
«La prioridad para quienes pierden el TPS es informarse, buscar alternativas legales y asesoría migratoria, y no esperar a que sea demasiado tarde para proteger a sus familias y sus derechos en Estados Unidos”, Karen Valladares. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Además, insta a no dejarse engañar por intermediarios y buscar abogados reconocidos por organizaciones de sociedad civil o consulados, para evitar fraudes y proteger los derechos migratorios de quienes se quedan en Estados Unidos de manera irregular.
Por su parte Yanira Arias, señala que “La comunidad migrante debe buscar acompañamiento en organizaciones y abogados confiables. Cada decisión debe tomarse con información, asesoría y cautela para evitar estafas y daños irreversibles”.
Agrega, además que las y los tepesianos deben hablar con sus familias, preparar planes de emergencia y defender sus derechos. Las personas migrantes deben prever el futuro de sus hijos menores, el acceso a tratamientos médicos, la custodia de bienes y de cuentas bancarias, además de mantenerse conectados con organizaciones comunitarias responsables.
Un aspecto crítico es la situación de quienes tenían procesos judiciales pausados gracias al TPS. Arias subraya: “Los casos con corte de inmigración se reactivan inmediatamente. Si el sistema le muestra al gobierno que una persona tiene orden de deportación, esa será la prioridad.” Esta reactivación puede ocurrir gradualmente, pero marca un cambio de escenario jurídico para miles de beneficiarios.
AUDIENCIA DEL 18 DE NOVIEMBRE ES ESPERANZADORA
La cancelación no es definitiva. La audiencia programada para el 18 de noviembre se ha convertido en el último hilo de esperanza para miles de hondureños y nicaragüenses que perdieron la protección del TPS este septiembre.
“La corte tiene una audiencia abierta donde los demandantes y el gobierno presentarán nuevos argumentos; ese día podría definir si se reinstaura temporalmente la protección o si se confirma su terminación”, señala Arias. Para las familias migrantes, esta fecha representa la posibilidad de mantener su arraigo, trabajo y seguridad en Estados Unidos mientras el litigio continúa.
Arias advierte que, aunque la terminación oficial ya ha sido ejecutada, el caso judicial está lejos de cerrarse. Apunta que lo sucedido recientemente con otros países —como Venezuela— muestra que las decisiones de la corte pueden abrir ventanas de oportunidad incluso después del cese de la protección. “Es un escenario incierto, pero la organización y la información serán clave para defender derechos y aguardar el resultado legal, que podría tener repercusiones profundas para decenas de miles”, concluye Arias
EL IMPACTO NACIONAL: HOGARES, REMESAS Y VULNERABILIDAD
César Castillo, director del Observatorio de Migraciones Internacionales en Honduras (OMIH), advierte que la cancelación del TPS representa un reto nacional de enormes dimensiones para Honduras, con consecuencias económicas y sociales que afectan directamente a miles de hogares.
El impacto alcanza no solo a las familias de las personas migrantes –quienes pierden estabilidad y seguridad tras años de vida en Estados Unidos— sino también a la economía hondureña, que podría ver reducido el flujo de remesas. Este flujo de capital representa aproximadamente el 25 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país y constituye la principal fuente de divisas, superando a las exportaciones tradicionales como café, maquila y productos agrícolas.
Castillo recalca que la responsabilidad de este fenómeno migratorio es compartida, no basta con culpar al gobierno actual o a la administración estadounidense; lo crucial es que el Estado y la sociedad hondureña trabajen juntos para abordar las causas profundas de la migración. Honduras, afirma, no está preparada para recibir masivamente a los retornados y debe implementar políticas públicas reales que apoyen a quienes regresan, generando oportunidades productivas y apoyo legal para que puedan reconstruir sus vidas en el país.
De acuerdo con estimaciones del Gobierno de Estados Unidos, cerca de 72,000 hondureños y 4,000 nicaragüenses se verán afectados por la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS).
Este beneficio migratorio fue otorgado en 1999, después del devastador paso del huracán Mitch en octubre de 1998, un evento que causó más de 11,300 fallecimientos en Centroamérica. Honduras y Nicaragua fueron los países más golpeados, con cerca de 7,000 víctimas en Honduras y casi 4,000 en Nicaragua, lo que motivó la protección humanitaria y laboral que hoy llega a su fin tras más de dos décadas.
