Céteris Páribus
Por: Julio Raudales
Continuamente escuchamos a los medios de comunicación que cubren la nota económica, preguntarse por qué, si Honduras no experimenta una crisis fiscal, monetaria o cambiaria; si estamos lejos de vivir la pesadilla argentina o venezolana y, sobre todo, si mantenemos tasas de crecimiento, si bien no altas, relativamente estables, el país no muestra ningún signo de mejora y, por el contrario, persiste un sentimiento de abulia y desolación en los sectores productivos.
El PIB real crece a una tasa promedio del 3.5% en los últimos 3 años, no es más ni menos que la que se ha observado a lo largo del siglo; la inflación está controlada, el desempleo casi nunca excede el 6% de la Población Económicamente Activa y, aunque las tasas de interés no son bajas, al menos son positivas en términos reales, lo cual, en teoría incentiva el ahorro.
¿Qué está pasando entonces? ¿Por qué no disminuye la pobreza y el ingreso promedio de los hondureños es tan bajo? Sobre todo, ¿Por qué la gente busca salir del país a probar suerte a otros lugares cuyas oportunidades para la prosperidad personal son menos inhóspitas que en nuestro suelo?
El actual gobierno y sus heraldos, insisten en que la causa fundamental de la persistencia de ese comportamiento magro en los indicadores sociales, se debe a la “falta de aprobación de la “Ley de Justicia Tributaria”. Por supuesto que no ofrecen un análisis riguroso de las razones por las que, según ellos, la aprobación de la susodicha, expandiría el PIB potencial de Honduras y generaría los incentivos necesarios para que la productividad de los sectores mejore de repente.
Más parece que lo repiten como una advocación de fe, como si la mera vigencia de dicha norma obrará un espontaneo milagro. No nos dicen en cuanto mejoraría la recaudación en el mediano plazo, mucho menos cómo esas ganancias fiscales mejorarán la prestación de servicios públicos. No hay, o al menos no nos han mostrado, un “análisis de incidencia” que permita ver cómo mejorará la equidad en la distribución de los recursos gracias a su entrada en vigor.
¡Así somos en Honduras! Nos falta una verdadera cultura de la investigación social. Se aprueban leyes, normas y medidas ejecutivas sin considerar el rigor científico, ¡a ver qué sale! Siempre ha sucedido de esta forma, pero es evidente que la capacidad de análisis en el sector público se ha deteriorado. Y no es que antes fuera mucho mejor, lo que pasa es que, en décadas pasadas, el análisis lo hacían los organismos internacionales y los técnicos gubernamentales nos limitábamos a acatar lo dispuesto por el FMI o el BM. Al final, éramos ventrílocuos de lo que alguien había definido desde el extranjero qué era lo mejor para Honduras.
La economía de un país, lo sabemos de sobra, funciona bien si los agentes –es decir: trabajadores, empresarios, consumidores e inversionistas- reciben los incentivos adecuados. El mercado, por sí solo, puede generar estos incentivos, aunque se debe reconocer que adolece de algunas fallas como los bienes públicos, externalidades y los monopolios naturales, también hay información asimétrica y otros problemas. Por eso es que, a veces, se justifica que el estado intervenga y apoye la eliminación de dichas fallas.
Lo que sucede es que los políticos de mala entraña, aprovechan la necesidad de que el estado intervenga para llevar agua a su molino. A ellos les interesa que el gobierno se haga grande, sobre todo en términos de su poderío financiero, para así aprovechar el poder que el presupuesto público otorga y agenciarse recursos e influencias. Esto hace que los gobiernos se transformen en el peor enemigo de la economía y no en su potencial colaborador. Esa es la razón por la que a los políticos no les interesa que exista un sector público con funcionarios que sean capaces de pensar por sí mismos y de esta forma, maliciosamente se encargan de debilitarlo.
La política económica actual, por ejemplo, está pasando por su peor momento. Existe una total descoordinación entre la acción del Banco Central y la de la Secretaría de Finanzas. Se inició en 2022 con la intención de hacerlas ambas expansivas y para ello se mantuvo la Tasa de Política Monetaria (TPM) muy baja, en los niveles de la pandemia y, al mismo tiempo, el gobierno envió al Congreso Nacional un presupuesto general con un 25% de incremento, con respecto al de 2021.
¿Nadie fue capaz de advertir a los funcionarios que esto era a todas luces un error? Por suerte no lograron ni expandir el gasto, ni aumentar la liquidez. La misma gente se ocupó de poner en su lugar las cosas: los ahorrantes sacaron su dinero del país, lo cual hizo disminuir las reservas y, al mismo tiempo, la incapacidad de gestión de la entonces nueva administración, les impidió ejecutar aquel presupuesto paquidérmico. Al final todo quedó en intención.
Hoy, el gobierno busca cambiar de tono las reglas. Ha subido la tasa de interés del BCH en casi el 100%, por pura recomendación del FMI y la ahora más escasa expansión fiscal, solo sirve para pagar la deuda de la ENEE y buscar una manera de gastar plata para hacer regalías de campaña. Estas veleidades suelen pasar factura más pronto que tarde. Lo visto, no solo contradice el discurso oficial de inicios de la administración, sino que dejará una “bomba” a quienes les sucedan en 2026.
Habrá que prepararse para un nuevo paquetazo. Y la pregunta es: ¿Quién estará dispuesto a jugarse esa suerte el otro año?
El consejo más sano a estas alturas es: Si Ud., estimado lector, escucha en campaña política, que un candidato le ofrece que va a gastar más en prestarle buenos servicios y que, al mismo tiempo no subirá los impuestos, no le crea. Ese hombre o mujer le está mintiendo y quiere verle la cara de tonto, tal vez por ignorancia o quizás por maldad. O probablemente por ambas.
