Tegucigalpa. – A nueve meses de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó medidas de protección a favor de 30 personas defensoras en Tocoa, el Estado continúa sin implementar mecanismos efectivos para su resguardo.
La alerta fue realizada este martes 23 de julio por organizaciones, que acompañan a las comunidades de Guapinol, Sector San Pedro y Tocoa, entre otras, que enfrentan amenazas por su oposición al megaproyecto minero de Inversiones Los Pinares e Inversiones Ecotek, ambas del Grupo Emco Holding.
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En el comunicado se especifica que ante la “nula implementación de las medidas por parte del Estado” las personas beneficiarias se encuentran en “absoluta desprotección”, pese a que las medidas fueron otorgadas por la CIDH desde octubre de 2023.
Ante la ausencia de implementación por parte del Estado y el contexto de estigmatización, solicitan a la CIDH requerir a Honduras cumplir de inmediato con las medidas urgentes acordadas con las personas beneficiarias, y avanzar en las investigaciones y requerimientos fiscales sobre delitos ambientales, minería ilegal, actos de corrupción, amenazas, incitación a la discriminación y los asesinatos de Jairo Bonilla, Aly Domínguez y Oquelí Domínguez en 2023.
SE INTENSIFICAN CAMPAÑAS DE DIFAMACIÓN, DENUNCIAN
Especificaron que las campañas de difamación contra las personas defensoras aglutinadas en el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) se han profundizado, especialmente tras el incendio a la alcaldía de Tocoa el 4 de julio de 2024.
De acuerdo con el documento, el alcalde de Tocoa, Adán Funes, habría sugerido que las personas responsables de actos violentos, entre estos la quema del edificio de la alcaldía, son personas defensoras que integran el CMDBCPT. Esto pese a que la organización lanzó un comunicado público exigiendo una “investigación imparcial, objetiva y transparente” con el objetivo de esclarecer los hechos.
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A estas acciones agregaron denuncias por parte de las comunidades ante la negativa de Funes de obedecer la decisión de rechazar la instalación de la planta termoeléctrica Ecotek, tomada por las comunidades en diciembre de 2023, así como el resto de los componentes del megaproyecto minero instalado en el Parque Nacional Montaña de Botaderos, Carlos Escaleras Mejía, y comunidades cercanas.
A esto se suma la imposición de Funes del proyecto termoeléctrico a la población de Tocoa mediante un ilegal y arbitrario cabildo abierto, que posteriormente quedó en suspenso mediante un recurso de amparo que fue admitido por la Sala de lo Constitucional.
