La discusión sobre la Ley de Colaboración Eficaz y el rango constitucional de la CICIH continúa en el Congreso Nacional, mientras la ciudadanía observa expectante las decisiones que tomarán las y los diputados.
A criterio del abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, la iniciativa para otorgar rango constitucional a la CICIH es buena, pero “es una medida inoportuna”.
Tegucigalpa, Honduras. -En medio de la creciente presión por la instalación de la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), analistas han subrayado la necesidad de avanzar con los requisitos establecidos en el memorándum de entendimiento, antes de otorgarle rango constitucional al mecanismo anticorrupción.
En ese sentido, recomiendan a la Junta Directiva y al pleno del Congreso Nacional priorizar la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz y la derogación de los pactos de impunidad.
La semana anterior, específicamente en la sesión del pasado miércoles 24 de julio, se esperaba que la Junta Directiva del Congreso Nacional retomará la discusión del tercer debate de la Ley de Colaboración Eficaz, que quedó pendiente desde el 17 de julio de 2024. Sin embargo, la agenda legislativa estuvo encabezada por la iniciativa presentada por la diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre) e hija de la presidenta Xiomara Castro, Xiomara Hortensia Zelaya, para que la CICIH se le diera rango constitucional.
El proyecto pretendía reformar al artículo 232 de la Constitución de la República para facultar al mecanismo internacional contra la corrupción, auspiciado por la Organización de Naciones Unidas (ONU), para ejercer acciones investigativas de forma independiente, permitiendo desarrollar inteligencia y análisis financieros.
Tras varias horas de discusión y la dispensa de debates, la iniciativa logró 82 de los 86 votos requeridos para que la reforma fuese aprobada. Situación que provocó el malestar en la bancada oficialista que reclamó a las y los diputados del Partido Nacional no haber acompañado la propuesta.
Con los ánimos caldeados, el presidente del Legislativo Luis Redondo, dio la palabra al secretario de ese poder del Estado, Carlos Zelaya, dar lectura al proyecto de Ley Especial para la CICIH, también presentada por Xiomara Hortensia Zelaya.
No obstante, el intercambio de palabras entre congresistas y el descontento de las bancadas el titular del Congreso Nacional, Luis Redondo, suspendió la sesión y convocó para el martes 30 de julio de 2024.
Lea: Aprobación de Ley de Colaboración Eficaz se materializará la próxima semana
APROBAR REFORMAS Y DEROGAR PACTOS DE IMPUNIDAD DEBE SER LO PRIORITARIO
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena argumentó que la prioridad debe ser la aprobación de la Ley de Colaboración Eficaz antes de considerar darle rango constitucional a la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
“La Ley de Colaboración Eficaz, es fundamental para desmantelar las redes de corrupción en Honduras. Sin esta herramienta legal, la CICIH no podrá operar con la efectividad que necesitamos. Es crucial aprobar esta ley primero, antes de otorgar un rango constitucional a la CICIH,” dijo a medios de comunicación la congresista.
Precisó que, si bien la CICIH es una iniciativa importante, otorgarle rango constitucional sin las herramientas legales adecuadas para su funcionamiento podría resultar en un esfuerzo infructuoso.
“El rango constitucional de la CICIH es un paso significativo, pero debe estar respaldado por una estructura legal robusta que garantice su eficacia”, manifestó la diputada del PSH, Fátima Mena. Foto: Horacio Lorca/Criterio.hn
La Ley de Colaboración Eficaz, que aún espera ser aprobada en tercer debate, es vista como una herramienta crucial para desmantelar las redes de corrupción al permitir a los involucrados colaborar con la justicia a cambio de reducciones en sus condenas u otras medidas.
De interés: Presidenta Xiomara Castro ordena desclasificación de documentos sobre negociaciones para la CICIH
OTORGAR RANGO CONSTITUCIONAL ES UNA BUENA MEDIDA, PERO INOPORTUNA
Para el abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, dijo a Criterio.hn que la iniciativa de ley es buena, pero lo que el Congreso Nacional debería estar haciendo, no es precisamente las reformas constitucionales.
El jurista explicó que, el Poder Legislativo debería darles prioridad a las reformas que el grupo de expertos de Naciones Unidas, pidió que se realizarán para garantizar condiciones mínimas de instalación de la CICIH.
“Entiendo que puede la medida parece positiva, pero es una medida inoportuna. Porque insisto la negociación de la CICIH es un acto jurídico internacional en donde solamente está involucrado el Poder Ejecutivo a través de Relaciones Exteriores con Naciones Unidas”, explicó el entrevistado.
Lea: Gobierno y Congreso buscan culpar a terceros por la ausencia de la CICIH
REQUISITOS DE NACIONES UNIDAS
El memorándum de entendimiento, firmado el diciembre de 2022 por la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras, establece dos fases de trabajo y una hoja de ruta en el que se incluye varios requisitos entre ellos: la aprobación, reforma y derogación de algunas leyes.
En la primera fase se recomendó que la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz –se encuentra en tercer debate—; la reforma del decreto 4-2022 –mejor conocido como Ley de Amnistía—, y la derogación del decreto 117-2019 que otorga inmunidad a diputados.
Otras sugerencias es aprobar modificaciones al Código Penal en los delitos contra la administración pública y las reformas al Código Procesal Penal.
Es importante mencionar que ya se cumplió con la derogación del decreto 116-2019 – mejor conocido como Fondo Departamental—, la eliminación del decreto 57-2020 –el cual limitaba las facultades del Ministerio Público para secuestrar documentación de personas relacionada a casos de corrupción.
Asimismo, se reformó del decreto 93-2021, que es una reforma en los artículos de la Ley de Lavado de Activos y del Código Penal con la finalidad de ocultar capitales y ampliar el secreto bancario a delitos de lavado de activos, el enriquecimiento ilícito como delito y para secuestrar documentos y objetos relacionados a un hecho ilícito
