Con el tiempo avanzando y las elecciones primarias cada vez más cerca, la urgencia de aprobar la Ley de Justicia Electoral y la Ley Procesal Electoral se hace cada vez más evidente
Analistas en materia electoral y representantes de organizaciones de la sociedad civil consultados por Criterio.hn enfatizaron la importancia de contar con un sistema legal robusto que regule todos los aspectos del proceso electoral de 2025
Tegucigalpa, Honduras. -A medida que se acercan los comicios electorales de 2025, crece la presión sobre el Congreso Nacional para aprobar la Ley de Justicia Electoral y la Ley Procesal Electoral. Estas legislaciones son fundamentales para asegurar un proceso electoral transparente, justo y equitativo, que garantice la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático del país.
La falta de estas leyes ha generado preocupación entre distintos sectores de la sociedad hondureña, quienes consideran que su ausencia podría afectar negativamente la credibilidad del proceso electoral. Las leyes propuestas tienen como objetivo principal fortalecer el marco legal que rige las elecciones, estableciendo procedimientos claros y mecanismos de justicia electoral que permitan resolver de manera eficiente y equitativa cualquier conflicto que pueda surgir durante las elecciones.
Entre las principales disposiciones de la Ley de Justicia Electoral se encuentran la creación de tribunales especializados en materia electoral, la definición de procedimientos claros para la resolución de disputas electorales y la implementación de medidas para garantizar la imparcialidad y la independencia de los órganos electorales.
Por otro lado, la Ley Procesal Electoral contiene el procedimiento para el recurso de apelación en materia electoral que consta de 48 artículos y que ha sentado parámetros importantes que pueden ser acogidos en la Ley Procesal Electoral. Sin embargo, no es la primera vez que se presenta un proyecto como este, en 2019 también fue elaborado y presentado por el TJE ante el Congreso Nacional.
La finalidad de este proyecto de ley es regular todo lo relativo a la impartición de justicia en materia electoral. Asimismo, regular lo referente al Tribunal de Justicia Electoral (TJE), respecto de su integración, su funcionamiento independiente y su jurisdicción.
Además, incluye la remisión procesal, en cuanto fuere pertinente, y en todos los casos con observancia del Principio del Debido Proceso, las actuaciones contenciosas ante la Justicia Electoral se tramitarán conforme a las normas establecidas en La Ley Sobre Justicia Constitucional y el Código Procesal Civil en lo que fuese aplicable.
En ella también se enmarcan temas como delitos y faltas electorales mismos que son los tipificados en el Código Penal vigente y serán juzgados por la justicia ordinaria y conforme a las reglas procesales penales respectivas en cumplimiento de la Constitución de la República.
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LEY DE JUSTICIA ELECTORAL Y PROCESAL ELECTORAL SON HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA DEMOCRACIA
Analistas en materia electoral y representantes de organizaciones de la sociedad civil han subrayado la importancia de contar con un sistema legal robusto que regule todos los aspectos del proceso electoral.
Al respecto, el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Augusto Aguilar, dijo a Criterio.hn que la aprobación de la Ley de Justicia Electoral y la Ley Procesal Penal es importante para dar más confianza en el proceso.
Asimismo, detalló que es urgente que el Congreso Nacional apruebe estas normativas a la brevedad, porque toda reforma o aprobación relacionada con el proceso electoral, debe hacerse con tiempo suficiente para que en el caso de las primarias –y generales— los movimientos internos de los partidos políticos tengan claras las reglas establecidas.
Explicó que la importancia de la aprobación de ambas normativas es porque todo este tiempo que el país ha estado hasta sin una ley “las impugnaciones y reclamos se han hecho directamente al Consejo Nacional Electoral (CNE), y antes se hacían ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE)”.
Añadió que en el ente electoral se resolvían los problemas administrativos del proceso, y luego si estaban inconformes con las resoluciones, se solicitaban reposición y si les resultaba negativa la instancia de impugnación entonces esa petición esta es interpuesta ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) como un recurso de amparo.
“Lo que le corresponde a la Sala de lo Constitucional es resolver aquellos problemas o asuntos que están relacionados directamente con la Constitución de la República”, expreso el también integrante del Consejo de Expertos Electorales de América Latina (CEELA).
Melissa Elvir, directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo de Honduras (Foprideh), opinó que ambas normativas son herramientas importantes para los procesos electorales, no sólo el que vienen, sino para todos.
En pláticas con este medio digital la representante de sociedad civil enfatizó que ambos proyectos deben ser una prioridad para las y los congresistas, ya que las elecciones primarias tienen que contar con estas normativas, para mayor confianza de parte de la ciudadanía.
Las elecciones primarias de marzo de 2025 son vistas como un evento crucial en el calendario político de Honduras, ya que determinarán los candidatos que competirán en las elecciones generales. Sin un marco legal adecuado, existe el riesgo que el proceso electoral se vea empañado por irregularidades y disputas, lo que podría minar la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático
