Tomado de PlayGroundArtículos
Una historia de expedientes robados, empresarios-militares, activistas asesinados… y altos mandos del gobierno de Obama.
Cuando la jueza María Luisa Ramos subió a su coche, dos hombres armados la rodearon, la amenazaron y la obligaron a bajarse. Después se llevaron el automóvil con rumbo desconocido.
Esta es la versión oficial de un robo que tuvo lugar en las inmediaciones del edificio del Poder Judicial en Tegucigalpa (Honduras) el pasado 28 de septiembre. Sin embargo, a ojos de muchos este suceso no es una casual, ni era el coche lo que los ladrones buscaban.
Dentro del auto de la magistrada se hallaba una documentación muy valiosa para la élites del país: el expediente judicial del caso de asesinato a Berta Cáceres, la reconocida ambientalista indígena que fue tiroteada en su casa la madrugada del pasado 2 de marzo.
En los documentos constaban las declaraciones de los testigos protegidos y los datos de los presuntos autores materiales e intelectuales del crimen, que según muchas voces —y según denunció la propia Berta Cáceres antes de que la mataran— salpican a autoridades políticas, militares y a familias ricas con importantes negocios en Honduras.
«Es como una amenaza», dice Jennifer Ávila, periodista local. «La semana pasada se filtraron en las redes sociales unas fotografías del expediente. No se sabe si son verdaderas, ni quién tiene el expediente ni para qué lo quiere, pero están generando mucha incertidumbre porque nadie puede leer ese documento, ni siquiera los abogados».
«Lo peor es que ahora los asesinos cuentan con la información que se va a usar en su contra en el juicio»
Para Naciones Unidas, este robo prueba la «vulnerabilidad» del sistema jurídico hondureño y la impunidad que se perpetúa en el país centroamericano. Además de haber sido víctima de una violencia creciente contra los defensores de la naturaleza y los derechos humanos, Honduras parece burlarse de Berta Cáceres, de todos los que murieron siendo inocentes, como ella.
Para la familia de la difunta este robo supone, directamente, un aviso: «El mensaje es ‘nosotros aquí mandamos, matamos a quien sea, no pasa nada'», dice Olivia Zúñiga, hija mayor de Berta Cáceres. «Lo peor es que ahora los asesinos cuentan con la información que se va a usar en su contra en el juicio. Los testigos y los peritos están indefensos. Muchos ya están amenazados de muerte por la estructura criminal».
Todo el mundo condenó el asesinato de Cáceres, galardonada hacía pocos meses con el premio Goldman, el «Nobel verde» de más prestigio. Muchos gobiernos, también el de Estados Unidos, solicitaron a Honduras iniciar una investigación «exhaustiva y transparente» que lleve a los responsables ante la justicia.
Sin embargo, Estados Unidos tiene mucho que ver con la muerte de Berta Cáceres y la de otros campesinos, indígenas y activistas.
Para comprender lo que une al gobierno corrupto y violento de Honduras con Barack Obama y los tiempos en que Hillary Clinton estaba al frente del Departamento de Estado, hay que ir tras el débil rastro de agua que deja un río seco. Siguiendo sus últimas gotas se llega a la inmensidad de la codicia que se acumula en una presa.
Ladrones de ríos
Tres años antes de que unos desconocidos entraran en su casa y le dispararan tres tiros en el abdomen, Berta Cáceres denunciaba amenazas por parte de la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA), impulsora del megaproyecto Agua Zarca. Esta empresa, propiedad de los hermanos Atala (una de las familias más ricas de Honduras) prevé construir una presa en el río Gualcarque, provista de cuatro diques interconectados.
Además de sagrado para las comunidades indígenas que lo habitan desde tiempos precolombinos, este río es su sustento: sin agua, no pueden regar sus cultivos de maíz, arroz, frijoles, yuca, naranjas y café. Tampoco pueden beber, pescar ni lavarse. Como resume un campesino en el documental La Guardiana de los Ríos, «les podemos prestar el sol, el viento, pero el río no se lo prestamos».
En Honduras se están robando decenas de ríos. Hay departamentos, como Intibucá, de donde Berta Cáceres era originaria, en que todos los ríos han sido concesionados, lo cual significa que el estado ha cedido su explotación a empresas privadas.
En Honduras se están robando decenas de ríos
Según El Faro, en Honduras hay 111 concesiones de ríos para la construcción de hidroeléctricas. También se han otorgado 155 concesiones mineras que abarcan la tercera parte del territorio hondureño, es decir, un territorio mayor que el de El Salvador.
En Honduras no solo se están privatizando recursos naturales allí donde las comunidades los necesitan para subsistir, sino que el proceso se está llevando a cabo con el apoyo de algunas potencias occidentales y en contra de leyes y convenios internacionales vigentes en el país.
Todo empezó en 2009, cuando Roberto Micheletti llegó al poder tras el golpe de estado contra el entonces presidente, el socialdemócrata Manuel Zelaya —quien había detenido con éxito varios proyectos hidroeléctricos—. A partir de ese momento se empezaron a dar concesiones en masa y el país fue puesto en venta al mejor postor.
Micheletti no solo derogó los decretos que prohibían los proyectos hidroeléctricos en zonas protegidas, sino que los gobiernos sucesivos de Porfirio Lobo y Juan Orlando Hernández aprobaron privilegios fiscales para los inversores que desarrollaran estos megaproyectos. Fue así como se atrajo a las familias pudientes de Honduras, como los Atala, al negocio de las presas y las minas.
El país centroamericano se ha convertido una trampa mortífera o «zona prohibida», según Amnistía Internacional, para los defensores de la naturaleza y los derechos humanos
En septiembre de 2010, el gobierno de Porfirio Lobo otorgó 47 concesiones de presas hidroeléctricas en una sola ley. Entre ellas estaba la de DESA y el proyecto Agua Zarca. La fiebre privatizadora del golpe de estado vulneró los derechos de las comunidades indígenas desde el principio.
El artículo 169 de la convención de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) protege la propiedad colectiva de las tierras a los indígenas y obliga a los gobiernos a consultar a sus pobladores antes de realizar la adjudicación. Honduras firmó este convenio en 1995, pero los lencas, entre los que estaba Berta Cáceres, no fueron consultados. De hecho, su territorio fue uno de los más afectados: se dio licencia para la construcción de 17 presas.
Una mañana de marzo de 2013, la comunidad de Río Blanco, en Intibucá, se encontró con una valla y cartel de «prohibido el paso». Guardias armados les advirtieron de que el uso de las aguas del río Gualcarque les quedaba prohibido a partir de ese momentio. Fue el punto de inflexión. Empezaron las movilzaciones del COPINH y las acciones de los campesinos contra el proyecto Agua Zarca, que se saldaron con intimidación, represión violenta y muertes.
A día de hoy Honduras se ha convertido una trampa mortífera o «zona prohibida», según Amnistía Internacional, para los defensores de la naturaleza y los derechos de las comunidades indígenas. Las muertes de inocentes, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), van en aumento.
El negocio «redondo» de la naturaleza
«Honduras tiene mucho recurso hidroeléctrico, por eso el gobierno posterior al golpe se encargó de concesionarlos a la empresa privada y transnacionales extranjeras». Según Wilfredo Flores, ingeniero de la Universidad Tecnológica Centroamericana, Honduras es especialmente rica en energía renovable como el agua y el sol, pero su gobierno está utilizando el sector energético para enriquecer a unas pocas familias locales: «El gobierno ha cambiado las leyes y ha creado grandes incentivos para la explotación de los recursos renovables, pero no es un sistema sostenible, sino para beneficio de ciertos grupos económicos».
El negocio consiste en lo siguiente: la energía producida con energías renovables como los ríos o el sol tiene un precio base un 10% más caro por ser «verde» y no contaminar —aquí, claro, no se tiene en cuenta que secar un río destruye ecosistemas y genera pobreza—. «La concesión de los ríos se da por 30 años. Y no solo eso: la ley hondureña también exonera de impuestos a los proveedores de tecnología. Por eso vemos a empresas alemanas como Siemens participando en los mismos, y a organismos internacionales como el banco holandés FMO aportando grandes cantidades de dinero. En 5 años estos proyectos están pagados, es un negocio redondo».
Honduras es especialmente rica en energías renovables, pero su gobierno está utilizando el sector energético para enriquecer a unas pocas familias locales
Canadá está involucrada en la minería al sur del país, y España aporta tecnología para la generación de energía eólica y fotovoltaica. Producir energía es barato en Honduras, casi un regalo. Luego, además, se vende a precio de oro.
Paradójicamente, la liberalización del sector energético hondureño no está permitiendo a los consumidores beneficiarse precios más competitivos, ni siquiera se exporta a los países vecinos porque es demasiado cara. De nuevo, el gobierno se ha encargado de que unos pocos se repartan los beneficios. Flores lo llama «un mercado cautivo», un negocio para las élites locales.
«Antes el estado era el único comprador, pero ahora hay otros actores, ahora la empresa privada está manejando la distribución. El único ente regulador es la Comisión de Reguladora de Energía Eléctrica, pero ha habido injerencia política a la hora de elegir a los tres comisionados que lo formarán», denuncia Flores.
«Así que al final, y a pesar de todas las ayudas para la energía renovable, los generadores hondureños ni siquiera son competitivos en el mercado regional. Es un mercado en el que solo unos pocos ganan y la población de Honduras está empezando a notarlo. La electricidad aquí se va a volver muy muy cara». Flores teme que en pocos años ya no quede ningún río público en su país: «Dentro de poco, los niños no podrán bañarse porque todos los ríos serán privados. No sé cuánto va a aguantar la naturaleza».
«Dentro de poco, los niños no podrán bañarse porque todos los ríos serán privados. No sé cuánto va a aguantar la naturaleza»
Para este investigador, el proyecto contra el que Berta Cáceres se dejó la vida entraña un problema ético fundamental: la falta de respeto a las comunidades. «Un proyecto como Agua Zarca jamás se hubiera llevado a cabo en Europa, aquí hay impunidad en todo. Y en esta impunidad también tiene que ver los organismos de financiación internacional. No puede ser que un banco holandés se involucre en proyectos sin solidez jurídica, no solo desde el punto de vista economico, sino social».
En 2015 Berta Cáceres ganó el prestigioso premio Goldman (considerado el premio Nobel de la ecología), precisamente por su lucha contra el proyecto Agua Zarca. Tras este importante reconocimiento, su asesinato se volvió incómodo para los inversores y colaboradores extranjeros del proyecto: el Banco Centroamericano de Inversión Económica, el gobierno Finlandés a través del fondo FinnFund, el banco holandés FMO, Siemens, la también alemana Voith Hydro, y la Corporación Internacional Financiera (IFC) del Banco Mundial.
A día de hoy, los holandeses y los finlandeses han abandonado Agua Zarca, Voith Hydro ha suspendido suministros y el Banco Mundial asegura que nunca estuvo allí.
Además de un negocio redondo, las empresas energéticas también han pasado a ser una forma de evadir impuestos: actualmente, se sospecha de 259 concesiones mineras otorgadas por funcionarios corruptos con ese objetivo. Incluso sirven para camuflar el dinero de la droga. «Muchas personas que están involucradas en proyectos mineros e hidroeléctricos lo están también en el narcotráfico», dice la periodista Jennifer Ávila. «En zonas como Trujillo, o Colón, no hay una línea que divida el narco del empresario minero. Están unidos. Las comunidades quedan totalmente vulnerables».
Ríos militarizados y listas negras
Tras el golpe de estado, no solo la represión política y los asesinatos contra periodistas aumentaron dramáticamente en Honduras, sino que la «mano dura» también sirvió para proteger la expansión de los proyectos energéticos. Las presas y las minas se militarizaron.
El encargado de custodiar las instalaciones de DESA, la empresa dueña del proyecto Agua Zarca, era un teniente retirado de las Fuerzas Armadas de Honduras, Douglas Bustillo. Hoy Bustillo, de quien Berta Cáceres denunció amenazas en repetidas ocasiones, es uno de los seis detenidos en relación a su asesinato.
También el presidente de DESA, David Castillo, es militar. Castillo se graduó en la academia estadounidense West Point. La estrecha relación entre la empresa apoyada por el gobierno post golpista y el ejército no es casual: buena parte de la oligarquía hondureña apoyó el golpe contra Zelaya. Es el caso, precisamente, de los hermanos Atala, dueños de DESA.
La militarización de los proyectos energéticos injustamente establecidos en el territorio genera una muerte tras otra
Una de las claves de este proceso de militarización fue la ley que permitió que el ejército hiciera las funciones de la policía de forma permanente. Juan Orlando Hernández, el actual presidente, ha seguido esta senda iniciada por Porfirio Lobo: solo en la zona del Bajo Aguán, donde los campesinos mantienen una lucha por la tenencia de sus tierras, hay desplegados 8.000 soldados hondureños según activistas del MUCA. Hace apenas unos días trascendió la noticia de que Honduras va a reforzar su ejército con la asistencia de Israel.
La militarización de los proyectos energéticos injustamente establecidos en el territorio genera una muerte tras otra: cada mina, cada presa, está custodiada por miembros del ejército, la policía o fuerzas de seguridad privada. A menudo las protestas se reprimen con violencia e incluso disparos.
Fue el caso, por ejemplo, del miembro del COPINH Tomás García, abatido mientras se manifestaba contra el proyecto Agua Zarca en 2013. Según la organización Global Witness, 118 defensores del medio ambiente han sido asesinados en Honduras desde 2009, pero los hondureños calculan que son muchos más.
Las muertes no solamente ocurren en manifestaciones o enfrentamientos, sino que en ocasiones son planificadas como asesinatos selectivos: se contratan sicarios que actúan con el rostro cubierto —allí los llaman gatilleros, jóvenes sin recursos que «aprietan el gatillo»—. Este fue el caso de Berta Cáceres.
Lo más triste es cuando los campesinos se matan entre ellos: «Los macroproyectos energéticos siempre van acompañados de compensaciones a las comunidades, cosas muy básicas, como asfaltar una calle o un centro sanitario», cuenta Jennifer Ávila. «Estas son las comunidades más abandonadas por el estado, que no cumple con ellos. Mucha gente termina aceptando porque necesitan un colegio, y se genera la violencia entre vecinos y conocidos. El estado primero se ausenta, y luego el proyecto se vende solo».
«Los macroproyectos energéticos siempre van acompañados de compensaciones a las comunidades, cosas muy básicas, como asfaltar una calle o un centro sanitario»
Pero la forma más perversa de terminar con la vida de los activistas y campesinos hondureños es la que emplean, en secreto, las propias fuerzas armadas de Honduras.
El pasado junio, un ex soldado denunció que el nombre de Berta Cáceres y otros líderes constan en una lista negra de personas que hay que abatir. Esa lista fue entregada a la unidad de policía militar de élite conocida como Fusina, que casualmente ha recibido entrenamiento de 300 marines de los Estados Unidos y agentes del FBI. Muchos activistas denuncian que los escuadrones de la muerte de los años 80 han vuelto en forma de ejército regular.
De forma evidente o encubierta, el estado de Honduras, o las empresas protegidas por el mismo, utilizan la violencia para erradicar a quienes se oponen a los proyectos energéticos. Entramos así en la última fase del riachuelo, justo antes de avistar la presa. ¿Qué tiene que ver Estados Unidos en todo esto?
El golpe de Obama
Toda esta violencia no sería posible sin el apoyo de Estados Unidos. El golpe de estado de 2009 fue el golpe de Obama: la Casa Blanca colaboró en el derrocamiento de Zelaya —lo reconoció la misma Hillary Clinton, que por entonces estaba al frente del Departamento de Estado—. La operación se llevó a cabo para impedir alianzas de izquierda con otros países latinoamericanos y poder defender sus intereses en la región.
Desde 1954, al inicio de la revolución Sandinista en Nicaragua, los EEUU empezaron a financiar las fuerzas armadas hondureñas para debilitar la el movimiento de izquierdas que derrocó la dictadura de Somoza.
Desde el golpe de estado de 2009, Washington apoya diplomática y financieramente a los gobiernos corruptos de Honduras. De hecho, en el momento álgido de las manifestaciones masivas contra el presidente Juan Orlando Hernández en 2015, el embajador estadounidense declaró que “las relaciones entre Estados Unidos y Honduras son quizá las mejores en la historia».
El golpe de estado de 2009 fue el golpe de Obama: la Casa Blanca colaboró en el derrocamiento de Zelaya
En 2010, la administración estadounidense ha aportado 200 millones de dólares para financiar la policía y el ejército de Honduras con el objetivo de luchar contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. En 2016, Washington ha vuelto a aumentar la asistencia militar y policial para Centroamérica, de la que Honduras recibe un porcentaje significativo. A cambio, EEUU ha incrementado su presencia militar a través de la creación de tres bases de operaciones de avanzadas, aparentemente para la lucha contra las drogas.
Tal y como lo interpretan Todd Gordon y Jeffery R. Webber en Jacobin, Estados Unidos ha sustituido la retórica de la guerra contra el comunismo por la de la guerra contra las drogas como excusa para seguir defendiendo sus intereses geoestratégicos. Alexander Main escribió en The New York Times que la lucha de Estados Unidos contra la corrupción hondureña es una «farsa».
El pasado mayo, al menos cuatro personas fueron asesinadas a tiros por las fuerzas hondureñas, que dispararon desde un helicóptero del Departamento de Estado de Estados Unidos, bajo la supervisión de agentes de la DEA y la Marina de los EEUU.
Sin embargo una realidad ya no puede esconderse: las mismas fuerzas financiadas por el gobierno de Obama han terminado asesinando a personas inocentes y vulnerando derechos fundamentales de la población, algo que, según algunos analistas, conviene a Estados Unidos, pero no de forma tan evidente.
El país tiene las manos manchadas de sangre hasta tal punto que, el pasado junio, el congresista demócrata Hank Johnson propuso una ley para interrumpir la financiación del ejército hondureño hasta que el estado ponga orden. La ley se conoce como Berta Cáceres Act.
Una realidad ya no puede esconderse: las mismas fuerzas financiadas por el gobierno de Obama han terminado asesinando a personas inocentes y vulnerando derechos fundamentales de la población
«En la actualidad contamos con 43 copatrocinadores del proyecto de ley. Ha sido muy bien recibido», cuenta Johnson. «La violencia y las amenazas contra los defensores de los derechos humanos y el medio ambiente no son hechos aislados. Hay un patrón que va en aumento desde el golpe de estado de 2009. La corrupción gubernamental es generalizada y las instituciones no funcionan. La gente no está segura».
¿Cree que es hipócrita que los Estados Unidos critiquen al gobierno hondureño mientras aprovechan sus políticas para afianzarse en la región?
Ante esta pregunta, el congresista responde: «Creo que muchos actores involucrados tienen intereses particulares. También creo que los militares hondureños son profundamente corruptos y esto se extiende a otras instituciones de Honduras […] Debido a que Estados Unidos proporciona ayuda exterior y militar al gobierno de Honduras, considero que tiene la obligación moral de insistir en que, a cambio, Honduras debe proteger a su población de los abusos de los derechos humanos».
«Dicen que Honduras es el país más violento por las maras y las pandillas, pero donde hay mayor represión es en las zonas rurales, donde están las concesiones. Lejos de contrarrestarla, la financiación de EEUU agudiza la violencia. Son muchas organizaciones luchan para que se reduzca el apoyo militar de Estados Unidos «, dice Jennifer Ávila.
Los asesinatos cometidos en el pasado siguen impunes, los que se produzcan en el futuro —si el gobierno hondureño sigue impasible ante las exigencias internacionales—, lo estarán también. Tristemente, el asesinato de Berta Cáceres se ha convertido en la mejor oportunidad política para cientos de hondureños que viven cada día los abusos del estado.
