Por: Mario Pezzini, Sebastián Nieto Parra y Juan Vázquez Zamora
PARÍS – La oleada de protestas populares que sacudió América Latina a fines de 2019 fue un punto de inflexión no sólo en la política de los países involucrados, sino también en lo referido a la comprensión del desarrollo a largo plazo de la región. La COVID‑19 ya está afectando los niveles de vida y provocando en las percepciones y expectativas de la población transformaciones que todavía no son fáciles de comprender en su plenitud, menos aún de abordar. Una respuesta colectiva que permita resolver el creciente descontento demanda de las autoridades una reconsideración de los contratos sociales nacionales y la reapertura de amplios procesos de diálogo.
Hay varias preguntas fundamentales que es necesario resolver. ¿Qué obstáculos frenan el desarrollo de la región? ¿Están las instituciones públicas preparadas para dar una respuesta adecuada a las nuevas aspiraciones de la ciudadanía e inquietudes nacionales? ¿Cómo empoderar a la ciudadanía para que pueda promover sus cambiantes demandas en forma eficaz y mantener la rendición de cuentas de los gobiernos?
Las protestas que atravesaron la región tomaron desprevenidos a muchos observadores, porque durante la última década hubo una mejora de la situación socioeconómica de América Latina. Pero la región ahora enfrenta tres grandes «trampas de desarrollo»: un conjunto de círculos viciosos que impiden a los países avanzar hacia una mayor prosperidad.
La primera trampa es institucional. Una combinación de aspiraciones en aumento y creciente desconfianza y descontento popular en relación con las instituciones públicas debilitó la «moral tributaria»: la gente se muestra más reacia al pago de impuestos. A su vez, una baja moral tributaria hace más difícil a los gobiernos financiar servicios públicos mejores y así responder a las nuevas demandas sociales. En 2018, por ejemplo, sólo el 25% de los latinoamericanos tenía confianza en sus gobiernos nacionales (en 2006 la cifra era 39%) y sólo el 42% estaba satisfecho con los servicios sanitarios (contra 57% en 2006). Tal vez lo más sorprendente sea que en 2016, el 53% de la población regional consideraba tener una justificación para no pagar impuestos.
La segunda trampa se refiere a la vulnerabilidad social. El avance macroeconómico de la última década en América Latina llevó a la expansión de una «clase media vulnerable» que abarca alrededor del 40% de la población regional. Si bien los miembros de este grupo (con ganancias de entre 5,50 y 13 dólares al día) ya no están en la pobreza extrema, por lo general tienen empleos informales, ingresos reducidos e inestables, y ninguna protección social. Esto a menudo les impide buscar empleos mejores y más estables, lo que los deja, junto con sus familias, en riesgo constante de volver a caer en la pobreza.
Finalmente, muchos países latinoamericanos también enfrentan la trampa de la baja productividad. Están especializados en exportaciones primarias poco elaboradas, y eso les dificulta participar en los segmentos de mayor valor agregado de las cadenas de valor globales y generar empleo de calidad. La dependencia de la exportación de commodities lleva a la creación de pocos vínculos con la economía local, lo que deja a muchos sectores en una situación de falta de competitividad o atraso tecnológico. Por ejemplo, desde los años cincuenta, la productividad relativa de la mano de obra latinoamericana en comparación con la Unión Europea se redujo de 78% a menos de 40%.
Además de estas dificultades estructurales persistentes, los gobiernos latinoamericanos también deben considerar el impacto de las nuevas tecnologías de medios y comunicación. En un mundo cada vez más interconectado, incluso ciudadanos que en términos materiales están en igualdad de condiciones son más sensibles a comparaciones nacionales e internacionales de bienestar con grupos de características similares (por ejemplo, en cuanto a edad o género).
En la solución de las trampas de desarrollo de América Latina, las medidas de gestión sectoriales son necesarias pero no suficientes. La región necesita un nuevo comienzo. Romper la dinámica de frustración en aumento demanda nada menos que renovar los fundamentos de los pactos sociales nacionales y asegurar la representación popular a través de un proceso de deliberación pública. Esto llevará tiempo, y cada país tendrá que hallar su propio modo de convertir una nueva visión para el desarrollo en una estrategia nacional efectiva. Pero aun así, nos permitimos sugerir tres puntos de partida.
En primer lugar, los países latinoamericanos necesitan métricas que expresen la multidimensionalidad de aspectos del bienestar de la ciudadanía y trasciendan así el uso de indicadores macroeconómicos tradicionales como el producto interno bruto y el índice Gini de distribución de ingresos. Esto es un paso fundamental hacia una formulación de políticas más eficaz y con una base más amplia. Para darlo, es necesario que las oficinas de estadísticas nacionales y los ministerios de economía promuevan la medición del bienestar y su búsqueda como objetivos de gobierno centrales, en los documentos, planes e informes presupuestarios oficiales de los gobiernos.
En segundo lugar, las respuestas oficiales suelen ser sectoriales, pero las cuestiones que procuran abordar no lo son. Eso puede llevar a que la ciudadanía perciba una desconexión entre las políticas públicas y las realidades socioeconómicas. En vez de eso, América Latina necesita sólidas estrategias de desarrollo nacional que favorezcan la coordinación entre sectores y en todos los niveles de gobierno, con expresión clara y explícita de la combinación de políticas elegida y la secuencia de su implementación. Será esencial la creación de mecanismos para el seguimiento y la evaluación de estas estrategias.
Finalmente, pero no menos importante, América Latina necesita estrategias de participación que empoderen a la ciudadanía en todas las etapas del proceso de formulación de políticas. Las estrategias nacionales deben incluir una amplia diversidad de actores, y tener en cuenta una variedad de conocimientos y puntos de vista. Además, tienen que ser localizadas, con atención a las diferencias subnacionales y a la movilización de recursos locales en pos del desarrollo.
Aunque América Latina tiene un largo camino que recorrer hacia el desarrollo, las demandas actuales de la ciudadanía exigen una respuesta urgente de las autoridades regionales. Actuando sin demora para abordar las causas del descontento popular podrán reafirmar el bienestar, la confianza y la prosperidad a largo plazo.
Mario Pezzini es el director del Centro de Desarrollo de la OCDE y asesor especial de la secretaría general de la OCDE para temas de desarrollo. Sebastián Nieto Parra es un economista en el Centro de Desarrollo de la OCDE. Juan Vázquez Zamora es un economista en el Centro de Desarrollo de la OCDE.
