Aunque la Fiscalía asegura tener líneas de investigación abiertas contra el exmandatario, recientemente sentenciado a 45 años de prisión por delitos de narcotráfico, las acciones del Ministerio Público han sido tibias
Tegucigalpa, Honduras.- A través de un comunicado, el Ministerio Público informó este jueves 27 de junio de 2024 que mantiene investigaciones abiertas contra el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y personas vinculadas a él. Según la Fiscalía, las pesquisas abarcan a parte de su núcleo familiar, exsecretarios de Estado, funcionarios y otras personas.
El pronunciamiento del Ministerio Público se produjo un día después de que Hernández fuera sentenciado a cumplir 45 años de prisión y cinco años de libertad supervisada, tras haber sido hallado culpable el 8 de marzo de 2024 por tres delitos de tráfico de drogas y armas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Aunque la sentencia condenatoria sorprendió a diversos analistas jurídicos, quienes esperaban como mínimo una cadena perpetua y 30 años de prisión, la historia fue distinta. Además, el juez Kevin Castel ordenó el decomiso de bienes y una multa de ocho millones de dólares.
Uno de los momentos más destacados durante la lectura de la sentencia fue cuando el juez Castel manifestó que Juan Orlando Hernández «no está siendo sentenciado por corrupción» y «eso le corresponde al pueblo de Honduras».
Esto implica que el Estado hondureño, a través de sus entes operadores de justicia, está obligado a procesar al expresidente Hernández y a toda la estructura que facilitó la comisión de actos de corrupción. Sin embargo, tras dos años de su extradición, las acciones del Ministerio Público contra la estructura de Hernández continúan siendo percibidas como blandas o tibias.
CORRUPCIÓN EN SU GOBIERNO
Durante su gestión, se destapó el caso de desfalco al Instituto Hondureño Seguro Social, que representó un desfalco cercano a los 7,000 millones de lempiras y que terminó en cheques emitidos a favor del Partido Nacional. En una entrevista concedida a periodistas en 2015, Hernández aseguró que el dinero, en caso de que se probara que fue a campañas de su partido, debía ser devuelto.
«Se dijo que una vez que la Fiscalía y el Poder Judicial evidenciaran que esos recursos proceden de algo indebido, el Partido Nacional está en el deber de regresar esos recursos», declaró en aquel momento.
De igual forma, durante su gestión, ocurrió el fraude relacionado con los hospitales móviles. En 2020, en plena pandemia de covid-19, Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) adquirió irregularmente siete unidades modulares supuestamente destinadas a atender a pacientes de coronavirus. Sin embargo, el Ministerio Público determinó que los hospitales móviles no estaban diseñados para ese fin y estimó un perjuicio económico para el Estado de cerca de 1,200 millones de lempiras.
Otro caso de corrupción en el que está involucrado el expresidente Hernández es el Caso Pandora II, que representó un desfalco de 288 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Por este caso, Hernández fue incluido en requerimientos fiscales por lavado de activos y fraude.
Sin embargo, el resto de los imputados, incluidos el también expresidente Porfirio Lobo Sosa (2010-2014) y el exsecretario de Finanzas, Wilfredo Cerrato, fueron sobreseídos el 1 de febrero de 2024, por lo que no hay mucho para garantizar que el destino del expresidente Hernández será diferente en este caso.
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A consideración del exdirector del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), Ismael Moreno, el destino que le esperaría a Juan Orlando Hernández no sería muy distinto al que han afrontado otras personas procesadas por delitos relacionados con la corrupción, quienes han salido victoriosos en sus juicios o ni siquiera han llegado a ser enjuiciados.
«Lo dijo Castel, Estados Unidos condena y sentencia a Juan Orlando Hernández por narcotráfico que dañó a ese país. Por corrupción tocaría a la justicia hondureña. Pero aquí nadie de altura tiene que ver con corrupción, por eso aquí no pasará nada», señaló.
Según el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), durante los ocho años en que gobernó Juan Orlando Hernández, se perdieron unos 481.5 mil millones de lempiras (20 mil millones de dólares) como consecuencia de la corrupción.
¿JUSTICIA TIBIA CON SU NUCLEO FAMILIAR?
El 18 de marzo de 2024, el Ministerio Público aseguró 131 bienes al expresidente Juan Orlando Hernández por su origen ilícito, incluyendo bienes inmuebles, sociedades mercantiles y productos financieros. Sin embargo, su esposa Ana García y sus hijas siguen viviendo en una lujosa vivienda en la colonia San Ignacio de la capital, a pesar de que fue entregada en dación al Banco Ficohsa por un periodo que venció el 22 de marzo de 2023.
El acuerdo con el banco indicaba que la dación duraría un año desde su firma el 22 de marzo de 2022, por lo que no está claro bajo qué argumento jurídico el banco sigue gestionando el bien, mientras García continúa viviendo allí. Prueba de ello es que el 26 de junio, tras conocer la sentencia condenatoria de su esposo, ofreció una conferencia de prensa desde ese inmueble.
Un comentario
Recuerde que segun parece, hay unas leyes en que si un sujeto es extraditado, no se le puede aplicar cadena perpetua o pena de muerte, a lo que 45 años equivale a cadena perpetua, si hoy tiene ya los cincuenta cumplidos!
La cuestio es la apelacion de la soberbia Ana.