Por: Mauricio Cárdenas
Foto portada Infobae
BOGOTÁ – La elección de un nuevo presidente en Colombia todavía tendrá que esperar. Como ninguno de los candidatos recibió más del 50% de los votos en la primera vuelta, el 19 de junio se disputará un balotaje entre dos candidatos antisistema: Gustavo Petro, que obtuvo el 40,3% de los votos en la primera vuelta, y Rodolfo Hernández, que consiguió el 28,2%. Federico Gutiérrez, que tenía el respaldo de los partidos de derecha que gobernaron Colombia los últimos cuatro años y supuestamente debía llegar a la segunda vuelta, quedó en tercer lugar con el 23,9% de los votos. Tras admitir su derrota, llamó a votar por Hernández.
Es un resultado inusual para Colombia. Ni Petro ni Hernández cuentan con el apoyo de los partidos tradicionales que gobernaron el país por más de dos siglos. Ambos se presentaron con plataformas centradas en el cambio, adueñándose del enorme malestar que sacó a la gente a las calles, primero en 2019 y después hace un año, en una de las protestas más violentas de las que se tenga registro en Colombia. Hay algunas semejanzas con la reciente elección presidencial en Chile, que también fue un choque de populismos. Si el resultado chileno sirve de guía, ganará aquel candidato que consiga atraer a más votantes moderados.
El enorme apoyo a los candidatos antisistema se debe en parte a la pandemia: en 2021 el índice de pobreza creció al 39,3%, desde un 35,7% en 2019, y la disminución de la desigualdad que hubo durante la última década se revirtió. Según algunas estimaciones, los estudiantes perdieron un año entero de escolarización. En abril, la inflación trepó al 9,2% y la tasa de desempleo superó el 11%. La población colombiana está insatisfecha, y la aprobación al gobierno apenas alcanza el 27%.
Pero hay una causa de agitación más profunda. Se percibe una corrupción fundamental de la política colombiana, en la que el Estado ha sido capturado por depredadores, como no deja de repetir Hernández, o para beneficiar a las élites, como asegura Petro. De uno u otro modo, los dos quieren cambiar el sistema.
Petro promueve revertir algunas de las reformas promercado del pasado. Quiere exprimir los fondos de pensiones privados y redirigir sus aportes a un fondo público, con el cual el gobierno financiaría nuevas prestaciones sociales, por ejemplo un ingreso básico universal y un programa de empleo para los desocupados. También propone aumentar un tercio la recaudación mediante una reforma tributaria progresiva apuntada a los ingresos, los dividendos y la riqueza. Luis Fernando Medina, uno de los principales asesores económicos de Petro, dijo que esta agenda no es socialdemócrata sino socialista. No se trata de compatibilizar Estado y mercado, sino de empoderar al Estado y redefinir su función. Un ejemplo es el sector de la salud, que hoy manejan prestadoras y aseguradoras privadas. Petro quiere provisión estatal directa de algunos servicios de salud.
Pero las cuentas fiscales no cierran, y como es natural, los mercados están inquietos: los bonos soberanos de Colombia a diez años se venden a 72 centavos por dólar. El populismo fiscal de Petro puede costarle al país muy caro en términos de inversión, sobre todo con una economía mundial tan volátil como la de hoy. Para calmar las aguas, Petro anunció que designará a un economista de prestigio en el ministerio de finanzas, siguiendo el ejemplo reciente del presidente Gabriel Boric en Chile. Pero el panorama fiscal es muy complejo: el precio local de la gasolina no aumenta desde las protestas del año pasado, una decisión que consumirá el 2% del PIB en financiación de subsidios durante este año.
Hernández es un populista de otro tipo. Se comunica a través de declaraciones breves e imprecisas. En una entrevista después de la elección, reiteró que sus principios son «no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad (…) sacar todos esos ladrones que se están metiendo en el Senado, las cámaras, en los cargos importantísimos del poder ejecutivo (…) ese es el objetivo supremo y el mandato que me dieron los colombianos». Quiere que los miembros del Congreso se paguen sus vehículos, transformar el palacio presidencial en un museo y reducir la cantidad de asesores presidenciales, embajadas, etcétera. Su marca distintiva es el uso de un lenguaje común y corriente (y a menudo vulgar). Su condición de empresario exitoso de la construcción por mérito propio genera empatía en un país con muy poca movilidad social. El «ingeniero», como le gusta que lo llamen, está a un mundo de distancia de los abogados que tradicionalmente han gobernado Colombia.
Su mensaje es simple y efectivo: eliminar la corrupción dará los recursos para resolver los problemas de los colombianos. El Estado es ineficaz, y él hará que funcione.
Hernández es de los populistas para los que existen soluciones fáciles. No está de acuerdo con prohibir la exploración petrolera (aunque se opone al fracking), y promete bajar los impuestos a las empresas y aumentar los aranceles para disminuir la importación de alimentos y desarrollar la economía rural. Quiere transformar el impuesto del 19% al valor agregado en un impuesto del 10% al consumo que «reviva el sector productivo».
Hasta allí llegan los detalles que dio Hernández respecto de lo que haría como presidente. No ha mencionado una sola propuesta legislativa, y dice que no buscará el apoyo de los partidos políticos.
De modo que los colombianos tienen que elegir entre un candidato que propone reformas radicales con énfasis en la redistribución y en nuevas funciones para el Estado y otro que encarna un estilo de gestión empresarial pero no tiene ningún plan concreto.
A pesar de sus grandes diferencias de estilo e ideología, esta no es una disputa tradicional entre la izquierda y la derecha. Los dos candidatos dicen que implementarán el acuerdo de paz que puso fin a décadas de guerra civil con las FARC (tema que generó división en la elección de 2018). También dicen que negociarán con otro grupo guerrillero, el ELN, y que restablecerán relaciones con Venezuela. Hernández defiende la reciente despenalización del aborto y la prohibición de usar herbicidas para erradicar cultivos ilícitos, lo que lo distancia de las posturas del gobierno actual.
Las divisiones electorales son de otra índole. Petro domina en las regiones pobres de las costas del Pacífico y del Caribe, y en la capital, Bogotá, de la que fue alcalde. También tiene una gran mayoría en Nariño y Putumayo, las mayores regiones cocaleras de Colombia, probablemente porque siempre fue crítico de la guerra contra las drogas. Hernández gana por amplia mayoría en el interior tradicionalista del país, y en las principales regiones productoras de petróleo.
Ninguno de los dos candidatos quiere hablar de las decisiones difíciles. En su visión del mundo, no hay necesidad de reducir los insostenibles desequilibrios fiscales, reformar el sistema de pensiones o liberalizar el mercado laboral. No hay nada de eso en vista. Todo se resolverá con una enorme dosis de populismo fiscal o, alternativamente, por el toque mágico de un empresario exitoso.
Mauricio Cárdenas, ex ministro de finanzas de Colombia, es investigador superior visitante en el Centro sobre Política Energética Global de la Universidad de Columbia.
