Dirigentes campesinos señalan que los fallidos operativos del 8 de diciembre y la inacción estatal han fortalecido a la estructura criminal “Los Cachos”, que opera con armas de fuego, ha dejado decenas de heridos y es señalada como responsable del reciente asesinato del joven Roger Alexis Castillo Fuentes
Tegucigalpa, Honduras. – La violencia en el Bajo Aguán se ha recrudecido al punto que estructuras criminales y agroindustriales, y no las instituciones del Estado, parecen tener el control sobre la tierra y la vida de las familias campesinas.
A casi un año del desplazamiento forzado de la cooperativa Camarones, sus 150 familias siguen sin poder retornar, pese a órdenes judiciales de desalojo que no se han ejecutado de forma efectiva.
En ese sentido, la Plataforma Agraria del Aguán responsabiliza al Poder Judicial y a la Policía Nacional de permitir que estructuras criminales y agroindustriales sigan controlando el territorio, al no ejecutar una orden de desalojo que debía garantizar el retorno de 150 familias campesinas de la cooperativa Camarones.
Yoni Rivas, vocero de la Plataforma Agraria, recordó que el 8 de diciembre de 2025 se movilizaron alrededor de 1,200 policías para cumplir una orden judicial que debía poner en posesión de sus tierras a las familias de la cooperativa Camarones. Sin embargo, el juez ejecutor Alex Bustillo y la Policía no concluyeron el operativo, dejando en precario el derecho de las familias campesinas a retornar a sus parcelas.
Rivas, explicó que ese día los representantes de la cooperativa y de la Plataforma fueron citados por el juez en un lugar sin condiciones de seguridad, donde fueron atacados por una turba vinculada al grupo criminal conocido como “Los Cachos”. El dirigente relata que al menos 20 personas resultaron heridas y golpeadas, hubo disparos de arma de fuego y, ante la violencia, la Policía se retiró del área por instrucción del juez, lo que permitió que el grupo criminal retomara el control de la zona.
Durante el fin de semana se registró el asesinato Roger Alexis Castillo Fuentes, de 22 años y socio de la Cooperativa Campesina Camarones. Muerte atribuida a “Los cachos”. Las organizaciones sostienen que esta estructura armada habría sido contratada y protegida por la Corporación Dinant para desplazar cooperativas y mantener el control de tierras en el Bajo Aguán.
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UN AÑO DE DESPLAZAMIENTO Y TRÁMITES
Wendy Castro, subcoordinadora de la Plataforma Agraria, recordó que el 25 de diciembre de 2024 las familias de la cooperativa Camarones fueron desplazadas por “Los Cachos”, estructura que, según denuncia, opera bajo el liderazgo de Juan Carlos Lezama y con financiamiento y asesoría de actores ligados a la empresa privada. Desde entonces, las familias han permanecido fuera de sus tierras, mientras la Plataforma Agraria impulsa requerimientos fiscales, procesos judiciales y solicitudes de desalojo para lograr su retorno.
Castro relató a Criterio.hn que, pese a que se emitieron órdenes de captura contra al menos 15 personas y se programaron varios desalojos a lo largo de 2025, estos no se ejecutaron por decisiones del juez a cargo o por falta de logística y efectivos policiales.
En los últimos meses, las cooperativas Camarones, El Chile y El Tranvío han denunciado amenazas, emboscadas y desplazamiento forzado por parte de “Los Cachos”, grupo al que atribuyen ataques recientes que han dejado varias víctimas mortales. En octubre, las mismas organizaciones instalaron un “campamento por la justicia y la tierra” frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir la expulsión del grupo criminal de las tierras adjudicadas a las cooperativas y el cumplimiento de acuerdos previos firmados entre el gobierno y la Plataforma Agraria.
La subcoordinadora de la Plataforma Agraria calificó como “condenable” que, a un año del inicio de la conflictividad en la cooperativa, las autoridades no hayan garantizado el retorno de las familias ni la restitución efectiva de la propiedad. A razón de ello, consideró que el juez ejecutor y la Policía Nacional se han vuelto “cómplices” del grupo criminal al no acatar plenamente la orden de desalojo ni cumplir con el mandato de proteger y asegurar el regreso de las familias a su tierra.
EXIGENCIAS LEGALES Y TEMOR EN LA COMUNIDAD
Ante la falta de ejecución de la resolución, la Plataforma Agraria exige que el juez que conoce la causa fije una nueva fecha para el desalojo, después de cuatro aplazamientos consecutivos. Piden que esta vez se garantice protección policial antes, durante y después del operativo, para resguardar la integridad de las 150 familias de la cooperativa Camarones y asegurar su posesión sobre la tierra.
Mientras tanto, las familias no han podido retornar a la comunidad por el temor a nuevos ataques de “Los Cachos”, a quienes señalan de reclutar personas de diversas localidades para conformar un grupo violento que domina el área de Quebrada de Arena.
Además, las organizaciones hacen un llamado urgente a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, para que acompañen a las familias campesinas del Bajo Aguán ante la escalada de violencia.
Por otro lado, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) se sumó al pronunciamiento de la Plataforma Agraria, condenando el asesinato de Roger Alexis Castillo y la impunidad que rodea los crímenes contra el campesinado en el Bajo Aguán. La organización exigió al Estado hondureño investigar de manera exhaustiva la participación de estructuras criminales y posibles aliados empresariales, así como sancionar a los funcionarios que, por acción u omisión, han permitido el incumplimiento de las órdenes judiciales de desalojo.
El MADJ llamó a la comunidad nacional e internacional a mantenerse vigilante y a acompañar a las familias campesinas, advirtiendo que mientras no se desmantele el poder de estos grupos armados, la vida y la tierra de las comunidades seguirán en grave riesgo.
