Pese a ser concebida como la unidad élite anticorrupción del Ministerio Público, la Uferco ha sido relegada a investigar casos del pasado. La Dirección de Fiscalía ha limitado su alcance operativo y ha transferido las denuncias más sensibles de la actual administración a otras dependencias como la FETCCOP y la UNAF, debilitando así el rol de su titular, Luis Javier Santos, confesó una fuente a Criterio.hn
El jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, confesó este martes en una entrevista a Radio Progreso que ha pensado en renunciar al cargo al ver que no hay claridad en la lucha contra la corrupción.
Tegucigalpa, Honduras. -La Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) y su coordinador Luis Javier Santos, han sido frenados para no investigar casos de corrupción pública de alto impacto que se relacionen con el actual gobierno de Xiomara Castro.
Aunque no existe una prohibición formal, se han impuesto limitaciones operativas que restringen su alcance a investigaciones del pasado. Criterio.hn conversó hace unos días con una fuente anónima ligada al Ministerio Público, que prefirió esta vía para hablar con este medio de comunicación ante posibles represalias en su contra, La fuente reveló que la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), a cargo de la fiscal Bersabé Pavón Canales, ha sido delegada para investigar las actuaciones de la actual administración.
Según explicó la fuente, otras dependencias como la Fiscalía Especial contra la Corrupción (Fecoco) y la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) también están asumiendo investigaciones clave del presente gobierno. Mientras tanto, la Uferco ha sido marginada, a pesar de tener mayor capacidad técnica y experiencia en el combate a redes de corrupción complejas.
Estas aseveraciones fueron confirmadas hoy por el propio titular de la Uferco, Luis Javier Santos, en una entrevista brindada a Radio Progreso al manifestar que actualmente su unidad sólo investiga un caso vinculado directamente con la presente administración: el de los boletos aéreos que se encuentra en etapa de análisis.
Otro caso parcial es una denuncia planteada por el titular del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, sobre beneficios fiscales irregulares aprobados por el Congreso. A la Uferco se le asignó investigar a los funcionarios, mientras que la parte empresarial fue transferida a otra unidad.
Mientras que el resto de las denuncias del actual gobierno han sido asignadas a otras unidades por decisión de la Dirección de Fiscalía. Por ejemplo, el caso relacionado con el uso de recursos del Fondo de Administración Solidaria por medio de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fue asignado a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (Fetccop).
Santos explicó que el objetivo del decreto, con el que se creó la Uferco, es que dicha unidad debe conocer todos los casos que dejó la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), y aquellos que sean asignados por la Dirección de Fiscalías.
“Nosotros, en respeto a ese principio de jerarquía que tenemos, recibimos cualquier denuncia en nuestra unidad, pero notificamos a Dirección de Fiscalía, y es esta dependencia la que determina a qué unidad se le asigna el caso”, declaró el fiscal.
SANTOS HA PENSADO EN RENUNCIAR
En el contexto de la entrevista a Radio Progreso, que ya ha puesto en conocimiento de las autoridades del Ministerio Público su intención de renunciar al cargo porque no ve claridad en la lucha contra la corrupción.
“Cuando vino la misión (MACCIH) nos llenó un poco, nos motivó y volvimos a creer en esta lucha contra la corrupción, pero ahora hay un retroceso y he pensado, al mismo tiempo que se lo he puesto en conocimiento a las autoridades de poner a disposición mi cargo porque no veo claro hacia dónde va la lucha contra la corrupción», expresó.
Lea: Unificación de fiscalías anticorrupción será la estocada final a la Uferco
¿ES EL PODER JUDICIAL EL PRINCIPAL OBSTÁCULO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN?
Luis Javier Santos, jefe de la Uferco, ha sido crítico del sistema judicial hondureño. En la entrevista brindada a Radio Progreso, señaló que el principal obstáculo que enfrenta su unidad no proviene del Ministerio Público, sino del Poder Judicial, al que acusó de obstaculizar activamente procesos en curso.
“Nos tienen paradas investigaciones con más de 40 congresistas involucrados por interpretaciones tergiversadas del Código Procesal Penal”, denunció Santos. Casos congelados por años, recursos de amparo sin resolución y audiencias iniciales aplazadas indefinidamente, ilustran la parálisis institucional que impide avanzar en la lucha contra la corrupción.
Para Santos, pensar que un nuevo gobierno erradicaría la corrupción de raíz es ilusorio. “La corrupción no desaparece con un cambio de partido. Cambian las formas, pero el fenómeno sigue siendo sistémico”, sentenció.
También criticó el patrón cultural que existe en Honduras y que permite que funcionarios públicos demuestren un poder económico que su salario no les permite, recurriendo a fondos públicos para mantener un nivel de vida elevado y sostener redes clientelares, especialmente en contextos electorales.
DECRETO CON SUPERPODERES PARA UFERCO, QUEDÓ EN PAPEL MOJADO
El fiscal relató cómo la Uferco ha sido debilitada progresivamente. En sus inicios, con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), operaban con independencia y recursos. Tras la salida de la MACCIH, la unidad perdió autonomía, presupuesto y capacidad operativa.
“Pasamos a depender de subdirecciones que impusieron trabas. Las resoluciones tenían que escalar burocráticamente y muchos recursos fueron negados. El salario también se redujo. Eso impactó al equipo”, rememoró.
En 2022, un decreto supuestamente le otorgaba “superpoderes” a la Uferco, pero Luis Javier Santos calificó esa narrativa como “pura política”. Nunca se materializó el presupuesto aprobado y el decreto fue derogado con la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público.
Santos hace referencia al Decreto No. 67-2022, aprobado el 27 de mayo de 2022 en el Congreso Nacional, con el cual se le otorgó a la Uferco un estatus especial para cumplir sus funciones: herramientas procesales, presupuestarias, administrativas y técnicas, para que proceda en el ejercicio de la acción penal de oficio, sin ningún obstáculo.
El artículo 1 señalaba que la Unidad Fiscal Especializada contra las Redes de Corrupción (Uferco), estaba facultada para ejercer la acción pública penal de oficio en los casos de corrupción pública de alto impacto y redes de corrupción, sin previa aprobación del fiscal general ni de ninguna otra autoridad tal como ha sido la dinámica normal de trabajo con el resto de la Fiscalías comunes, fiscalías locales, regionales, fiscalías especiales y unidades especiales en todo el país.
Mientras que el artículo 5, del referido decreto, hablaba sobre un aumento del 10% de los recursos financieros asignados a esa unidad.
En septiembre de 2024, Criterio.hn realizó una verificación del anuncio del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, sobre la creación de una «súper Fiscalía» con un presupuesto de 32 millones de lempiras, sin embargo, la Uferco siguió operando con recursos insuficientes que limitan su capacidad para investigar casos de corrupción.
También lea: Falso: Uferco no recibió los L32 millones de presupuesto que prometió Luis Redondo
Este medio digital solicitó al Ministerio Público los fondos asignados para la operatividad de la Uferco, desde su creación hasta el 2024.
De acuerdo al análisis presupuestario en 2020 –año de creación— la Uferco tuvo una asignación de L35,659,653. Para el 2021, su presupuesto tuvo una reducción de L10,659,653.00 quedando en 25 millones de lempiras.
Mientras que en 2022 la asignación fue de 26,039,645 lempiras, lo que significó un aumento de L1,039,645, pero en el 2023, ya con el decreto que le dio un estatus especial que le proporcionó herramientas procesales, presupuestarias, administrativas y técnicas para ejercer la acción penal de oficio sin obstáculos, nuevamente su presupuesto fue reducido y pasó de L26,039,645 a L24,663,081 y en 2024, se le asignaron L26,003,089.
En contraste con los L28,753,240.00 asignados en 2024 a la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública. Mientras tanto, a la Fetccop se le asignaron L31,246,521.00 lempiras en 2025. Aunque las partidas presupuestarias de esta unidad también han sufrido bajas y altas desde su creación hasta la fecha.
Noticia Relacionada: Uferco ha expuesto la corrupción, pero sistema corrupto ha frenado su accionar
Actualmente, Uferco cuenta con personal similar al de la UNAF, pero insuficiente para el tipo de casos complejos que maneja. Muchos involucran más de 100 líneas de investigación, cientos de testigos y desplazamientos a nivel nacional, lo cual requiere recursos logísticos que no se les han provisto.
La Uferco maneja hoy unos 60 casos, con más de 100 líneas de investigación abiertas. Entre ellos figuran procesos emblemáticos como Pandora, Hermes, Helios y Red de Diputados, este último con más de 38 líneas activas y múltiples obstáculos judiciales y financieros.
Pese a todo, Santos asegura que siguen presentando los casos que investigan. “No hemos sido frenados dentro del Ministerio Público. El problema está en los tribunales, donde se estancan las resoluciones. Un caso puede tardar meses para resolver una simple orden de captura”, lamentó.
Por otra parte, explicó que existe un impedimento legal para procesar a diputados por decisiones tomadas en el pleno, debido al artículo 10-A de la Ley Orgánica del Congreso Nacional. Este artículo ha sido clave para bloquear investigaciones.
Sobre el caso Sedesol y las denuncias relacionadas con fondos sociales y subvenciones gestionadas por diputados, Santos explicó que no han sido asignadas a la Uferco. No obstante, planean verificar si existe alguna denuncia formal y, de no ser así, podrían actuar de oficio.
“La forma en que se manejan estos fondos ha cambiado con los gobiernos, pero la lógica clientelar se mantiene. Los diputados usan el dinero para mantener su base política y también para mejorar su nivel económico”, expuso el fiscal.
Para Santos, algunos legisladores ni siquiera utilizan su salario ni sus empresas para sostener su actividad política. “Inyectan fondos del Estado a sus negocios. Así se fortalece la corrupción y se reproduce el poder económico de ciertos actores políticos”.
A pesar de sus denuncias, el fiscal reconoció que el Ministerio Público, bajo la nueva administración, le ha permitido continuar con las investigaciones y presentar los casos ante los tribunales. Pero, nuevamente, el problema está al otro lado: “Los jueces no resuelven con celeridad. Algunos casos llevan más de cuatro meses esperando una simple admisión”.
Cerró diciendo que mientras las instituciones no trabajen en una misma dirección, la lucha contra la corrupción no será efectiva. “Este sistema no tiene rumbo. No se puede conducir un barco con dos capitanes queriendo ir en direcciones opuestas”.
