Pese a la falta de recursos y personal, la Uferco ha presentado un sinfín de casos, pero estos no han avanzado en el sistema judicial por la galopante impunidad que está esparcida en toda la institucionalidad de Honduras
Tegucigalpa, Honduras. -La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) ha estado en el centro de la lucha contra la corrupción en Honduras, presentando numerosos casos de alto perfil, pese a la falta de recursos y personal.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de esta unidad, un número significativo de estos casos no ha avanzado en el sistema judicial y otros finalizan en sobreseimientos definitivos o medidas distintas a la prisión preventiva que favorecen a exfuncionarios acusados de delitos contra la administración pública.
El jefe de la Uferco, Luis Javier Santos, ha manifestado en varias ocasiones que el fortalecimiento de la Unidad Anticorrupción implica un aumento o que se cumpla con la asignación de presupuesto para contratar personal.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn, en 2023 el fiscal manifestó que desde 2019 la Uferco ha solicitado que se contrate personal, pero las solicitudes no han sido atendidas.
“Después de tres años aún no se ha contratado, y es insignificante el presupuesto que se gastaría en contratar 20 auditores e investigadores, lo que se erogaría en ello es insignificante a comparación a lo que un corrupto se puede llevar en un día”, reprochó el jefe de Uferco.
En una reciente entrega este medio detalló cómo las élites económicas y políticas se han puesto de acuerdo para desarticular la Unidad Anticorrupción por medio de rotación y renuncias de fiscales formados por la extinta Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH).
Desde su creación en 2020, la Uferco ha presentado varias líneas de investigación de casos relacionados con corrupción, involucrando a exfuncionarios, empresarios y redes criminales. Estos casos abarcan una amplia gama de delitos que van desde la malversación de fondos públicos hasta fraude y enriquecimiento ilícito.
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Entre los casos más destacados se encuentran: Pandora 2, Caja chica de la dama, narcopolítica 2, fraude al Congreso Nacional por 42 millones de lempiras, el desvió de 29 millones de lempiras de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), entre otros.
El 13 de septiembre de 2023, la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó una segunda línea de investigación del caso Narcopolítica.
En esa ocasión se emitió requerimiento fiscal contra el exdirector del Fondo Vial, Hugo Alfredo Ardón Soriano; el extitular de la gerencia técnica, Elder Jacobo Gómez Gavarrete y su exasistente, Iris María Sarmiento Ferreira.
Por este caso, también fueron requeridos el gerente propietario de la empresa INRIMAR, Devis Leonel Rivera Maradiaga – uno de los principales cabecillas del cártel de “Los Cachiros” y extraditado Estados Unidos por delitos de narcotráfico— y su representante legal Nohelia Mercedes Pacheco Murillo, así como a su hermana Irza Fané Pacheco Murillo, representante legal de la empresa supervisora Arquitectura, Diseño y Construcción S. de R. L. (ARDIQCO).
El 11 de octubre de 2023, Uferco presentó requerimiento fiscal contra los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado (2014-2022)–sentenciado a 45 años de prisión, más cinco años de cárcel bajo supervisión y el pago de una fianza de ocho millones de dólares, por delitos relacionados a la narcoactividad– y Porfirio Lobo Sosa (2010-2014), ambos acusados por fraude y a Hernández Alvarado también se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora II.
Este casose centra en el hecho que los exfuncionarios conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de 288,016,175.00 millones de lempiras que se autorizaron desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) para las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista.
El 25 de octubre de 2023, Uferco presentó un antejuicio en contra del juez de letras de lo civil de Francisco Morazán, Reymundo Esaú Grádiz Vilorio, por suponerlo responsable del delito de prevaricato judicial en perjuicio de la administración de justicia.
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SISTEMA DE JUSTICIA LA PIEDRA EN EL ZAPATO DE LA UFERCO
Pese a la magnitud de los casos y la carga probatoria contra los imputados, los requerimientos no avanzan y en el peor de los escenarios los acusados son sobreseídos o logran esquivar la prisión.
Los casos más recientes es el de cinco exdiputados que manejaron, de manera irregular, 42 millones de lempiras, pero pese a ello los congresistas lograron esquivar la prisión, quedando obligados únicamente a presentarse cada 15 días a los tribunales de justicia y a no salir del país.
Los imputados son los exlegisladores del Partido Nacional, Fredy Espinoza Mondragón, Miguel Ángel Gámez, Gladys Bernarda Casco Cruz, Sara Medina Galo y Carlos Roberto Guevara. Además del representante de la Asociación de Jóvenes para el Desarrollo Integral de Honduras (AJOPADIH), José Sánchez.
El pasado 1 de febrero de 2024, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y juez natural asignado al caso Pandora II, Walter Miranda Sabio, dictó sobreseimiento definitivo a favor del expresidente Porfirio Lobo Sosa, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), Jorge Johny Handal Hawit, y el exdirector de Presupuestos de la Secretaría de Finanzas, Roberto Alonso Zúniga Barahona.
La falta de progreso en los tribunales no solo afecta la percepción pública de la justicia en Honduras, sino que también tiene implicaciones directas para la estabilidad y el desarrollo del país, porque la corrupción endémica socava la confianza en las instituciones.
Gabriela Blen, integrante de Articulación Ciudadana por la Transparencia y la Justicia (ACTJ), considera que el trabajo que realiza la Uferco, en muchas ocasiones, se ve opacado por decisiones de jueces que en varias ocasiones han otorgado sobreseimientos definitivos o medidas distintas a la prisión a exfuncionarios acusados de corrupción.
Añadió que existe injerencia de los políticos en las elecciones de segundo grado con el propósito de garantizar impunidad en caso de ser requeridos por la justicia.
“Se necesita que haya acciones correctivas y que haya persecución del delito, algo que no va a ocurrir por parte de la Fiscalía o del sistema de justicia hondureño. Lo que se necesita es que se instale un mecanismo internacional anticorrupción que sea independiente”, enfatizó la representante de la sociedad civil.
En ese sentido, señaló que la situación con Uferco refleja un problema más profundo en el sistema de justicia hondureño.
Durante una entrevista brindada a Criterio.hn, semanas atrás, el abogado penalista y analista político, Kenneth Madrid, precisó que los fracasos de la Uferco no pasan por una incapacidad de sus fiscales o porque las personas investigadas no hayan cometido delitos, sino por falta de recursos técnicos para sostener los requerimientos fiscales.
