Tegucigalpa.- La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) presentó requerimiento fiscal contra los expresidentes, Juan Orlando Hernández Alvarado y Porfirio Lobo Sosa, ambos acusados por fraude y a Hernández Alvarado también se le imputa lavado de activos de más de 62 millones de lempiras, en una ampliación del caso conocido como Pandora.
El requerimiento fiscal se interpuso contra ocho exfuncionarios entre los que figuran los dos exmandatarios del Partido Nacional.
Dentro de la acusación figura además el extitular de la Secretaría de Finanzas (SEFIN), Wilfredo Rafael Cerrato Rodríguez por fraude, el exgerente del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), Jorge Johny Handal Hawit, los exgerentes administrativos de SEFIN, Lilia María Bográn Rivera y James Aldana Medina, el director de presupuestos de SEFIN, Roberto Alonso Zúniga Barahona y el exgerente financiero de BANADESA, David Eduardo Ortiz Hawit, acusados por violación de los deberes de los funcionarios y fraude.
El caso, de acuerdo con la Uferco, se centra en el hecho que los altos exfuncionarios conformaron entre los años 2010 y 2013 una red de corrupción que participó en la ampliación y aprobación de los desembolsos de fondos públicos por más de 288 millones de lempiras (L. 288,016,175.00) que se autorizaron a las fundaciones Todos Somos Honduras y Dibattista, desde el Congreso Nacional, Secretaría de Finanzas, Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y de BANADESA.
En ese sentido, el involucramiento del expresidente Hernández Alvarado se basa en el beneficio obtenido de los desembolsos que se realizaron desde las instituciones públicas a las fundaciones, donde el exmandatorio recibió para el financiamiento de su campaña política al menos 62 millones de lempiras, a través de la utilizacion de diferentes artificios, entre ellos, la creación de empresas fantasmas, prestanombres y contratos ficticios, dineros públicos que llegaron a los movimientos «Azules Unidos» y «Amigos de JOH», además a la sociedad mercantil denominada «La Cachureca», así como a sus gerentes de campaña departamentales.
En todas las ampliaciones presupuestarias tuvo una participación directa el expresidente Lobo Sosa, autorizando el traslado de fondos de una secretaría a otra, para facilitar los desembolsos a las fundaciones utilizadas para drenar los fondos.
Asimismo, las investigaciones de la UFERCO determinan que Wilfredo Cerrato, desde la Secretaría de Finanzas, aprobó una ampliación de 35 millones de lempiras que fueron traspasados a la fundación Todos Somos Honduras.
La UFERCO solicitará la citación de algunos imputados y las órdenes de captura y alerta migratoria en contra de todos los involucrados.
La presentación del requerimiento fiscal se efectúa en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por la condición del expresidente Hernández Alvarado, quien días después de cesar en su cargo fue juramentado como diputado del Parlamento Centroamericano, condición que aún persiste.
El 15 de junio de 2018 la entonces Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic), apoyada por la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), emitió requerimientos fiscales contra 38 hondureños que desviaron mas de 282 millones de lempiras.
Entre los señalados estaban los exdiputados del Partido Nacional, José Celín Discua Elvir y Rodolfo Irías Navas; el exdiputado liberal Elvin Ernesto Santos; el exalcalde de Yoro Arnaldo Urbina Soto, y el exministro de la SAG, Jacobo Regalado Weizenblut.
Ninguno de los 38 imputados en el Caso Pandora, procesado en 2018, guarda prisión, la mayoría fueron sobreseídos de manera definitiva y otros pocos recibieron medidas distintas a la prisión como es el caso del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado Weizenblut.
