Un análisis de Propublica revela que el Departamento de Justicia desestimó investigaciones por terrorismo, fraude y narcotráfico en los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump, en medio de un giro hacia casos migratorios.
Tegucigalpa, Honduras. – Más de 23 mil casos criminales, incluidas investigaciones por terrorismo, fraude y narcotráfico fueron cerrados discretamente durante los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump, en el marco de una priorización de casos migratorios.
La cifra proviene de un análisis del medio estadounidense ProPublica, que rastreó los casos rechazados por el Departamento de Justicia y los comparó con los registros del primer semestre de administraciones anteriores en los últimos veinte años.
Aunque la declinación de procesos no es nueva en el Departamento de Justicia, especialmente ante la falta de pruebas, durante la gestión de Pamela Bondi se instruyó a fiscales, mediante un memorando a “pasar página” en la persecución de delitos de cuello blanco y corporativos.
La directriz planteaba priorizar los cárteles de la droga, la migración y a instituciones que promueven “políticas de diversidad, equidad e inclusión (DEI) que fomentan la división”, informó ProPublica.
Entrevistas realizadas a una docena de Fiscales, así como una carta abierta firmada por casi 300 exempleados del Departamento de Justicia, advierten que la institución se está alejando de su misión de defender imparcialmente al estado de derecho, garantizar la seguridad del país y proteger los derechos civiles.
Por su parte, Trump –quien el viernes anunció la destitución de Bondi como fiscal general– justificó en marzo este giro como un cambio necesario tras la supuesta “capitulación ante los delincuentes violentos” durante la administración de su predecesor, Joseph Biden.
En ese contexto, mientras se cerraban más de 23 mil casos criminales, se tramitaron 32 mil nuevos procesos por migración en los primeros seis meses del segundo mandato Trump, casi el triple que en la administración previa y un 15% más que en su primer mandato.
DROGAS Y SEGURIDAD NACIONAL
El Departamento de Justicia desestimó cientos de casos vinculados a delitos que públicamente han sido señalados como prioridades, incluidos aproximadamente 900 casos por fraude contra programas federales y más de mil por terrorismo, reportó ProPublica.
Por ejemplo, el fiscal federal Joseph Gerbasi dijo al medio estadounidense que, tras la llegada de Bondi al Departamento de Justicia, su equipo fue obligado a abandonar investigaciones clave contra proveedores de insumos de fentanilo.
Si bien Trump ha enfatizado que la lucha contra lo que denomina “el flagelo” de las drogas es una prioridad, el Departamento de Justicia desestimó cerca de 5 mil casos por delitos relacionados, como tráfico y lavado de dinero, un 45% más que el promedio de administraciones pasadas.
Gerbasi, señaló que se priorizó la construcción de casos contra el grupo venezolano Tren de Aragua, pese a que este no tenía el mismo alcance que los cárteles que estaban investigando. Incluso, según su testimonio, se impulsaron pesquisas en contextos que no justificaban investigaciones federales. “Me dio a entender que decisiones se iban a basar en consideraciones políticas y no en los méritos que justificaran dónde debían enfocarse los recursos de investigación”, planteó.
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Una perspectiva que comparte el exfiscal Jimmy Gurulé, quien cuestionó la disminución de la persecución de casos de terrorismo y afirmó que “el Departamento de Justicia de Trump se ha utilizado como arma política” contra sus críticos.
Pese a que la administración Trump, ha justificado su política migratoria en nombre de la seguridad nacional, en sus primeros seis meses se desestimaron más 1,300 casos relacionados con terrorismo y seguridad nacional, casi el doble de lo habitual en administraciones anteriores, apuntó la publicación. De estos más de 300 correspondían a acusaciones de apoyo material a organizaciones terroristas y más de 200 a casos de seguridad interna, como espionaje y manejo de información clasificada.
Esta tendencia se extendió a otras áreas, donde el Departamento de Justicia cerró o redujo investigaciones en casos de corrupción sindical, fraude, prácticas antimonopolio y corrupción internacional, bajo el argumento de “priorización de recursos”.
Esta no es la primera vez que se cuestiona la coherencia de la administración de Trump en materia de política criminal. A finales de 2025, el gobierno estadounidense otorgó un indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por delitos de narcotráfico, lo que resultó en su liberación y generó señalamientos sobre un trato excepcional, así como dudas sobre la consistencia de las decisiones en materia de justicia y cooperación internacional.
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SALIDA DE LA FISCAL PAM BONDI
El artículo de ProPublica titulado “El Departamento de Justicia de Trump archivó 23,000 investigaciones penales para centrarse en la inmigración” fue publicado el martes 31 de marzo, dos días después –tras varios días de especulaciones– Donald Trump anunció el despido de Bondi como fiscal general, asumiendo de forma interina el cargo Todd Blanche.
Pese a su lealtad a Donald Trump, el despido de Bondi estaría vinculado a su incapacidad de concretar procesos contra figuras consideradas adversarias políticas del mandatario. Según el profesor de derecho David Cole, del Georgetown University Law Center, en una entrevista con Democracy Now!, esta exigencia habría implicado avanzar en casos sin sustento legal.
La salida de Bondi se produce además en medio de una citación pendiente ante un comité del Congreso, donde deberá responder bajo juramento por decisiones adoptadas durante su gestión.
Meses antes, ya había enfrentado cuestionamientos en una audiencia legislativa, particularmente por el manejo de los archivos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, tras la divulgación de documentos en los que no se protegieron los nombres de las víctimas, mientras se ocultaron los de los presuntos perpetradores, lo que generó críticas y aumentó la presión política en su contra.
El senador por Virginia, Tim Kaine, cuestionó vía X que en los primeros seis meses del segundo mandato de Donald Trump el Departamento de Justicia cerrara más de 23 mil casos criminales, incluidas investigaciones por terrorismo, fraude y narcotráfico, y planteó: “¿Cómo nos hace esto más seguros?”.
