Legalmente se allana el camino de la libertad
Por: Redacción CRITERIO
Tegucigalpa.-El Juzgado de lo Penal con Jurisdicción Nacional emitió este lunes una resolución mediante la cual se declara incompetente para conocer la causa de los presos políticos, Edwin Espinal y Raúl Álvarez.
“Con la resolución de hoy lo que ha quedado claro es que Edwin y Raúl han sido privados de su libertad por una autoridad que no tenía autoridad y la Constitución dice que nadie puede ser privado de su libertad si no es por orden de autoridad competente, de un juez competente”, dijo el abogado penalista, Omar Menjívar, apoderado legal de Edwin Espinal.
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Espinal, de 42 años, y Álvarez, de 25 años, fueron detenidos el 16 y 19 de enero de 2018, respectivamente, acusados de ser responsables de los daños que ocurrieron contra el Hotel Marriot, en Tegucigalpa, el 12 de enero de 2018, durante una manifestación pública que denunciaba un fraude electoral.
Los imputados están recluidos desde enero de 2018 en la cárcel de máxima seguridad, más conocida como “La Tolva”, ubicada en el municipio de Morocelí, El Paraíso, acusados por los delitos de incendio y daño agravado, luego de participar en las protestas que denunciaban un fraude electoral y donde resultó con daños la estructura física de un hotel capitalino.
Por el tipo de delitos, (comunes) la causa de Álvarez y Espinal debió conocerse desde un inicio por un juzgado común y no por un juzgado con juriscción nacional, ya que éstos últimos se encargan de casos de alta criminalidad.
Hasta el momento las autoridades hondureñas no han admitido que los jóvenes sean presos políticos como lo aseveran las organizaciones defensoras de los derechos humanos, al argumentar que los delitos imputados no corresponden a esa categoría.
Sin embargo, Menjívar y Benedicto Santos—apoderado legal de Raúl Álvarez— insisten que sus defendidos son presos políticos del régimen de Honduras, que encabeza el gobernante, Juan Hernández.
Los abogados sostienen que los jóvenes fueron apresados por protestar contra el fraude electoral de noviembre de 2017, una motivación de carácter político, aunque los delitos correspondan a otra categoría.
También señalan que este caso es un mensaje para el resto de los ciudadanos, para que vean y entiendan lo que les puede pasar si se atreven a protestar.
Responsabilidad internacional
En virtud de la violación al procedimiento, el abogado penalista apuntó que existe responsabilidad internacional por parte del Estado de Honduras, porque el Estado tiene obligación de garantizar, promover y respetar los derechos humanos de sus ciudadanos.
En ese sentido, Menjívar dijo que una vez que se agote el proceso internamente, las víctimas están en su derecho de proceder a demandar al Estado de Honduras por violación a sus derechos.
Menjívar apuntó que la jurisdicción especial con competencia territorial a nivel nacional y el aparato militar que funciona a su alrededor, a la que han sido sometidos Espinal y Álvarez, fue creada para perseguir al crimen organizado y no para perseguir a ciudadanos que protestan.
Añadió que dicho tribunal es para enfrentar a un enemigo muy peligroso, que es el crimen organizado, donde se ha clasificado a Edwin Espinal y a Raúl Álvarez, sin ser tan siquiera responsables de algún delito, porque hasta el momento no ha existido ninguna prueba que incrimine a los imputados por los delitos atribuidos.
El Tribunal de Competencia Territorial remitirá entre hoy y mañana el expediente al tribunal ordinario de justicia penal, que es al que eventualmente le habría correspondido conocer del caso.
En aplicación de la Constitución, la defensa de Edwin Espinal y Raúl Álvarez pidió la anulación del proceso y por consiguiente la libertad de los mencionados, sin embargo, eso no fue aceptado y ahora lo que procede es que un juez ordinario conozca la causa.
En virtud que el Ministerio Público no ha presentado las pruebas que incriminen a los inculpados, estará en manos del juez ordinario la aplicación de medidas distintas a la prisión.
Legalmente hoy se ha allanado el camino de la libertad para los dos presos políticos, “pero desde luego estos casos tienen otra serie de ingredientes, de circunstancias que lo rodean, que casi siempre hacen que la ley no se aplique como debe ser”, manifestó Menjívar.
Persecución política
El abogado Benedicto Santos, cuantificó que en el marco de la crisis postelectoral de noviembre de 2017, alrededor de 3.000 hondureños que protestaban contra el fraude electoral fueron detenidos por las fuerzas de seguridad del Estado. De estos, 180 fueron judicializados y alrededor de 60 penalizados.
Santos, apuntó que muchas personas fueron acusadas por delitos de extorsión, sin presentar ninguna prueba.
Este lunes en el marco de la audiencia del Tribunal con Jurisdicción Nacional, militantes del Partido Libertad y Refundación (Libre), encabezados por diputados y el coordinador de este instituto político y expresidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, realizaron un mitin en las afueras del Poder Judicial, para exigir la liberación de Edwin Espinal y Raúl Álvarez.
Zelaya Rosales dijo que Espinal y Álvarez tienen derecho a defenderse en libertad y demostrar su inocencia, “pero este es un régimen represivo y creo que ha habido información, que los militares se oponen a su liberación”, expresó.
2 respuestas
Dictadura es dictadura y se tiene que oponer donde sea. Hay que apoyar a todos que lo opongan.
Ya son incompetentes en todo!