Tegucigalpa, Honduras. – Los defensores del pueblo indígena Lenca de Reitoca, Wilmer Alonzo y José Orlando Rodas quienes estaban siendo enjuiciados por suponerlos responsables de los delitos de usurpación y daños por oponerse al proyecto hidroeléctrico en el río Grande de Reitoca, fueron condenados por el delito de Perturbación de un derecho real, un delito inexistente en el juicio de los defensores.
Esta arbitrariedad cometida por los jueces, de acuerdo con la abogada Kenia Oliva, del Bufete Justicia para los Pueblos, “demuestra que efectivamente había una persecución a la lucha que ellos emprendieron, demuestra que es una persecución política”.
El fallo del Tribunal se traduce, de acuerdo la abogada “en una extralimitación, una extra petita en su función, porque los ha condenado por otro delito”.
Es decir, los defensores no fueron condenados por los delitos que interpuso el Ministerio Público (MP) en el 2018 cuando la empresa extractivista Promotora de Generación de Energía Limpia SA (Progelsa), los denunció, por defender el río Grande de Reitoca.
Dicho fallo catalogado como abusivo, además, se contrapone al derecho de los pueblos originarios que defienden sus territorios
Además de acuerdo con la abogada Kenia Oliva, con dicha condena, los jueces negaron el derecho a la defensa –un derecho constitucional—.
En derecho, la incongruencia por ultra petita, consiste en la distorsión entre lo pedido por las partes, ya sea en la demanda o en la defensa y lo otorgado en el dispositivo del fallo.
En ese sentido, la abogada Oliva, señaló en entrevista con Criterio.hn que el Tribunal se convirtió en “juez y parte”, porque los está acusando de otro delito sin que el Ministerio Público –que es el que tiene el ejercicio de la acción penal— los haya acusado.
En ese sentido los defensores Wilmer Alonzo y José Orlando Rodas, podrían permanecer privados de su libertad de tres meses a un año, una pena que de acuerdo con abogados pese a ser menor no hace justicia los defensores del medio ambiente que protegen sus territorios.
JUSTICIA HONDUREÑA DESCONOCE EL DERECHO DEL PUEBLO INDÍGENA LENCA DE REITOCA
El pueblo indígena Lenca, que ha sido afectado con la instalación de la empresa hidroeléctrica, argumentan su defensa al bien común, con la posesión de títulos sobre la tierra del año 1735 certificados por el rey Felipe de Castilla de la corona española, sin embargo, para la instauración del proyecto hidroeléctrico Río Petacón, nunca fueron consultados de buena fe, por lo que nunca dieron su consentimiento libre, previo e informado.
José Orlando Rodas García, uno de los defensores criminalizados, luego de conocer la sentencia, dijo a Criterio.hn que el fallo es “inaceptable”, además refirió que con ello los jueces le están dando el derecho y la legitimidad a Progelsa. “Cómo van a ser legítimos si ellos no son los dueños del territorio”, cuestionó el defensor del Rio Grande.
Por su parte, Kenia Oliva, señaló que con la sentencia “no se está respetando el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
La construcción del Proyecto Hidroeléctrico Río Petacón, inició en abril de 2016, y con ello se dio inicio a la persecución y criminalización de los pobladores de Reitoca y un abanico de problemas ambientales, como la baja en el cauce del rio y la aparición de peces muertos, cambio de color en el agua y la desaparición de animales de la fauna terrestre.
Lea: Río Petacón entre el poder y la corrupción
RECHAZO UNÁNIME
Tras años de oposición, criminalización y estigmatización, los defensores del río Grande de Reitoca han recibido el apoyo de una gran parte de la sociedad, eso se evi9dencia en el rechazo unánime al conocer el fallo del Tribunal de Sentencias.
Para el caso, el abogado Edy Tabora, señaló “es un grave precedente esta condena. Es una muestra que el Poder Judicial sigue velando por los intereses de las empresas y desconociendo el derecho de los pueblos indígenas a manifestarse contra la imposición de proyectos de muerte”.
De igual manera, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), se pronunció y exige el cese a la criminalización de defensores.
Por su parte, la defensora ambiental, Lucia Vijil, expresó “la matriz extractiva está intacta en Honduras. Exigimos justicia para Reitoca”.
Además, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), llamó al Estado a garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
