Tegucigalpa. – La demanda de justicia tras el asesinato del líder ambiental Juan López continúa, y la exigencia incluye llegar hasta los autores intelectuales del crimen, así lo expresaron durante una movilización realizada en Tocoa, Colón, el domingo 6 de octubre.
La marcha coincidió con la audiencia de declaración de imputados en San Pedro Sula, Cortés, contra tres de los presuntos actores materiales en el asesinato de López, a quienes se les dictó detención judicial.
En la caminata participaron integrantes de la Diócesis de Trujillo y las organizaciones sociales, populares y ambientales que han acompañado la lucha –que abanderó por años Juan López– en defensa del Parque Nacional Carlos Escaleras, los ríos Guapinol y San Pedro, y el derecho a un ambiente sano.
López, además de ser regidor por Tocoa y coordinador del Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), fue delegado de la palabra, así como coordinador de la Pastoral Social Diócesis de Trujillo y miembro fundador de la Pastoral de Ecología Integral en Honduras.
“Estamos exigiendo justicia en este caso. Sabemos que capturaron a supuestos hechores materiales y lo que exigimos es que se pueda aplicar una verdadera justicia con todo el debido proceso, pero que a la vez se puedan capturar y sancionar con todo el peso de la ley a los autores intelectuales”, declaró a medios Esly Banegas, integrante del CMDBCPT y de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA).
Tras la ejecución de las capturas el viernes 4 y sábado 5, el CMDBCPT emitió un comunicado en el que manifestaron que se mantienen firmes en la demanda de una “investigación exhaustiva, independiente y pronta con la asistencia y asesoramiento técnico internacional, sin la participación de operadores corruptos de la justicia local”.
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La movilización finalizó en la Parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, donde delegados de la palabra de la Parroquia San Romero de Bonito Oriental leyeron un comunicado en el que reconocían los requerimientos fiscales realizados por el MP, pero afirmaron que esto no es suficiente.
“[E]s preciso que este ente [Ministerio Público], dé el siguiente paso: presente YA, el requerimiento Fiscal por los documentos públicos falsificados y utilizados por Inversiones Los Pinares e Inversiones ECOTEK, en tres procesos de licenciamiento Ambiental de su megaproyecto minero-energético. Solo respondiendo a las demandas de justicia de Juan López y del Colectivo defensor al que pertenecía, podrán las autoridades, Honrar la ofrenda de vida de Juan López”, citó el documento.
Remarcaron que el asesinato del lider ambiental fue un crimen político, “porque el defender el bosque, el suelo, el agua, la biodiversidad y la vida en toda su plenitud, del extractivismo brutal impulsado por este sistema (modelo) patriarcal, capitalista y neoliberal, es un asunto político; […] porque denunciar los actos de corrupción y abusos de poder cometidos por funcionarios públicos, incluyendo al Alcalde del municipio de Tocoa, Adán Fúnez y su séquito de regidores, también es un asunto político”.
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“Los acusados por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida responden a los nombres de Óscar Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenín Adonis Cruz Munguía, a quienes las investigaciones realizadas les vinculan a acciones que presuntamente concluyeron con el asesinato de López”, informó a través de un comunicado el Poder Judicial.
En la comunicación se informó además que el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción decretó, además, la secretividad del caso.
El portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, dijo a medios de comunicación que la solicitud de secretividad fue realizada para no entorpecer las investigaciones, no dar pie a especulaciones sobre los autores intelectuales o materiales, y la necesidad de contar con pruebas suficientes para tener la certeza de que los acusados están involucrados en el asesinato.
“Estamos claros que la persona que le disparó a Juan López, sencillamente, no le disparó […] por una enemistad personal. Entonces, estamos claros que hay alguien que está detrás y que dio la orden y ahí queremos llegar, al autor intelectual de este crimen”, aseguró a medios el fiscal general del MP, Johel Zelaya al salir de la audiencia de declaración de imputados realizada el domingo.
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Edy Tábora, abogado del Bufete de Justicia para los Pueblos, declaró que a las tres personas el Ministerio Público les atribuye la autoría material del asesinato, en distintas formas de participación.
El profesional del derecho, que representa a los familiares del líder ambiental y el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDCPT), señaló que se solicitó la medida cautelar de detención judicial debido al peligro de fuga. “Se trata de una pena grave la que impone el Código Penal, de 20 a 25 años de reclusión en este tipo de delitos”, declaró.
El CMDBCPT ha advertido que tanto sus integrantes como su equipo jurídico están siendo víctimas de amenazas y vigilancias, así como campañas de estigmatización y odio, sin que el Estado de Honduras actúe para salvaguardar sus vidas, como tampoco lo hizo cuando lo denunció Juan López.
En cuanto a la solicitud de secretividad, Tábora manifestó que el Ministerio Público previamente solicitó la reserva del proceso, a lo cual el juez accedió y resolvió mantenerla hasta la audiencia inicial a realizarse el miércoles 9 de octubre a partir de las 9:00 de la mañana.
“Esto debido al desarrollo de pruebas importantes en el proceso, y la secretividad del proceso es solo para terceras personas que no formen parte del proceso. Se ha expresado que una vez que se desarrolle la audiencia inicial, el proceso ya es totalmente público”, comentó Tábora.
Por su parte, el sacerdote jesuita Ismael Moreno saludó en redes sociales los avances, señalando la necesidad de que la “investigación siga a fondo, sin show y sin falsos positivos”. Además de proceder contra quienes planearon y pagaron para asesinar a López. “Urge cuidar a ambientalistas e implementar decreto 18-2024”, cerró el mensaje.
