A pesar del tiempo transcurrido, ni la Policía Nacional ni el Ministerio Público han revelado las causas de muerte ni han sancionado a responsables directos o indirectos
Foto portada: Guillermo Burgos/Criterio.hn
Tegucigalpa, Honduras. – Desde hace tres años cada 11 de septiembre familiares y víctimas de la tragedia ocurrida en la Academia Nacional de Policía (Anapo), en el municipio de La Paz, llegan hasta el Ministerio Publico a exigir respuestas. Hoy denunciaron que siguen sin tener claras las causas que cobraron la vida de tres jóvenes y enviaron a 31 más al hospital.
El hecho ocurrió en 2022, cuando aspirantes a oficiales de policía colapsaron durante un entrenamiento en la sede académica. Aunque tres de ellos murieron de forma inmediata y decenas fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales, las investigaciones oficiales no han determinado hasta hoy qué provocó los decesos.
“Estamos aquí para hacer un recordatorio de estas personas que fallecieron y que hasta ahora no hemos recibido respuestas ni siquiera sobre la causa de muerte”, expresó Wendoly Cruz, esposa de Ronal Coello, uno de los jóvenes fallecidos en la tragedia de la Anapo. Ronal Javier Coello Coello tenía 34 años y era originario de la Villa de San Francisco, Francisco Morazán. Desde 2009 trabajaba en la Secretaría de Seguridad, en el área de Asesoría Legal y Recursos Humanos, y aspiraba a convertirse en subinspector policial.
Para Cruz, resulta inadmisible que después de tanto tiempo no exista una postura clara ni de la Policía Nacional ni del Estado sobre lo ocurrido, y que tampoco haya habido un acercamiento hacia las familias para ofrecer resarcimiento. “El Estado, a través de la policía, era el encargado de proteger la vida de nuestros seres queridos, ¿por qué no han dado una respuesta? ¿Por qué no se han acercado? ¿Por qué no han preguntado qué pasó con los hijos de esas personas?”, cuestionó.
“HAY MANO CRIMINAL DETRÁS DE LA MUERTE DE NUESTROS HIJOS”
Leonardo Martínez, padre de Jairo Josué Martínez –uno de los tres jóvenes que murieron durante el ingreso a la academia– señaló abiertamente la existencia de “mano criminal” en el caso. “Ellos fallecieron por intelectuales de la Secretaría de Seguridad, hablando específicamente de la Academia Nacional de Policía Anapo. Esa academia debería estar cerrada, no debería haber ni graduaciones ni ascensos”, expresó Martínez.
Martínez insistió en que detrás de la tragedia hubo planificación y omisión de deberes por parte de altos y medios mandos de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad. “Estamos hablando de que hay intelectuales en cuanto a la muerte de ellos. ¿Quiénes planificaron la muerte de ellos? Detrás de ellos andamos para que sean juzgados y paguen por sus crímenes”, aseguró, exigiendo que funcionarios como el director de la ANAPO, el entonces ministro de Seguridad y otros responsables rindan cuentas ante la justicia hondureña.
De igual manera, Adalina Barahona, madre de Leonardo Favio Orellana medico odontólogo y una de las víctimas sobrevivientes que resultó con problemas serios en su salud, expresó que, en la búsqueda de una oportunidad laboral, su hijo, “se fue a encontrar casi con la muerte”. Debido a las afectaciones sufrió daño en los riñones, colon, cardiológicos y neurológicos, daños que aún persisten.
Además, Barahona denunció que Orellana, se vio obligado a irse del país debido a que constantemente estuvo recibiendo mensajes intimidatorios. “El miedo a que le fuera a pasar lo obligo a irse”, declaró Barahona.
PERSISTENTE IMPUNIDAD
En conferencia de prensa frente a las instalaciones del Ministerio Público en Tegucigalpa, organizada por el Bufete Estudios para la Dignidad, (BED) y el Colectivo de Víctimas de la Anapo, Lisbeth Rodríguez, abogada del Bed señaló que el objetivo principal es exigir justicia, reparación y acceso a la información sobre el caso, demandas que hasta ahora no han sido atendidas por las autoridades correspondientes.
“No basta con esperar más tiempo, exigimos verdad, justicia y reparación. Sin información no hay posibilidad de construir confianza ni de evitar que tragedias similares se repitan”, demandó Lisbeth Rodríguez. Foto: Jorge Burgos/Criterio.hn
Rodríguez subrayó que, en los tres años desde las muertes misteriosas de los aspirantes, ni la Secretaría de Seguridad, ni el Ministerio Público han presentado avances sobre las investigaciones, tampoco cambios en protocolos o responsables separados de sus cargos. Apuntó que el curso iniciado en 2022 se concluyó normalmente, perpetuando la falta de consecuencias para quienes dirigieron y ejecutaron los entrenamientos donde se produjo la tragedia. “A tres años no se tiene resultado ni de la causa de muerte ni de ninguna responsabilidad asumida”, enfatizó.
Por su parte, Lester Castro, también abogado del Bufete Estudios para la Dignidad, denunció que tres años sin justicia solo refuerzan la impunidad. “El Ministerio Público no ha realizado diligencias esenciales como enviar pruebas de autopsia al extranjero para análisis especializados. No sabemos si esas pruebas existen, si fueron remitidas o si serán procesadas algún día. Esto priva de justicia a las víctimas y mantiene la opacidad”, expresó Castro.
El abogado, puntualizó que, incluso sin esos análisis forenses, ya existe suficiente prueba documental y testimonial para presentar requerimiento fiscal contra altos y medios mandos de la Secretaría de Seguridad y de la Anapo. “El Estado tenía la obligación de proteger la vida de los aspirantes, pero en vez de eso se expuso a jóvenes a tratos desproporcionados y fue negligente, con resultados fatales y daños permanentes”, indicó el castro.
Mientras llega la justicia, el Colectivo de Víctimas de la Anapo enfatizó que seguirá luchando ante instancias nacionales e internacionales por justicia, verdad y reparación integral.
