Polémica medida podría ser un distractor mediático de Nayib Bukele ante su desgate de imagen
Denuncian violación al debido proceso y al principio de no devolución, contemplado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados
Tegucigalpa. –El encarcelamiento de supuestos integrantes del grupo criminal venezolano Tren de Aragua en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), de El Salvador, podría ser una estrategia de distracción del régimen de Nayib Bukele, en momentos en que la población rechaza su oferta de explotar la minería metálica y la situación económica de este país centroamericano languidece.
Más allá de la violación a los derechos humanos al obviar el debido proceso y violentar tratados y acuerdos internacionales que garantizan la presunción de inocencia y el trato especializado para los refugiados, Bukele tendría sus razones para ponerse a las órdenes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Una de las motivaciones para el gobernante salvadoreño, según Enrique Córdoba, un dirigente de organizaciones de base de sociedad civil de El Salvador— que optó usar este nombre por temor a represaliar del gobierno— es pretender desviar la atención ante el rechazo que hay en este momento a su principal propuesta: el retorno de la explotación minera metálica que estuvo vedada desde 2017, durante el gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), de Salvador Sánchez Cerén, pero que cobró vigencia en diciembre de 2024, cuando por cabildeos de Bukele, los diputados del oficialismo derogaron la ley que establecía la prohibición de esta actividad.
“Esto responde a la preocupación del señor Bukele, frente a la pérdida, el desgaste de imagen que está teniendo”, dijo Córdoba, quien señala que la contracción en la imagen del mandatario se debe a que un fuerte sector de la población salvadoreña rechaza la propuesta gubernamental de explotar la minería metálica como solución a la pobreza.
Efectivamente el análisis de Córdoba tiene validez al leer el IX Estudio de Humor Social y Político: Pensamiento religioso de los ciudadanos, temas de coyuntura y minería, del Centro de Estudios Ciudadanos (CEG), de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), que establece que el 48.73% de la población consultada dijo que no apoya la explotación de la minería metálica, mientras otro 19.92% respondió tener dudas, frente a apenas el 23.51% que contestó que está de acuerda y un 7.84 dijo no conocer el tema. Este estudio se basa en entrevistas realizadas entre el 11 y 15 de enero de 2025.
La madrugada del domingo El Salvador recibió tres vuelos provenientes de los Estados Unidos con 238 supuestos integrantes de la organización criminal venezolana Tren de Aragua y 23 supuestos miembros de la MS-13, entre estos dos de sus líderes. Los supuestos criminales fueron trasladados de inmediato al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel de máxima seguridad, ubicada a 70 kilómetros de la capital San Salvador, con capacidad para albergar a 40,000 privados de libertad.
Lea: A seis meses de asesinato de Juan López, sigue sin instalarse comisión independiente que investigue crimen
Ingresos económicos para El Salvador
Otra de las razones que estarían motivando a Nayib Bukele para recibir a los supuestos criminales del Tren de Aragua, sería por beneficio económico, pues él mismo confesó en sus redes sociales, la mañana del domingo 16 de marzo, a pocas horas de recibir los tres vuelos, que a cambio EE.UU. pagaría “una tarifa muy baja para ellos, pero una muy alta para nosotros”.
Sin dar monto de lo que pagará EE.UU., dijo que dicho aporte sumará a las acciones del programa “Ocio Cero” que involucra a 40 mil privados de libertad que participan en diversos talleres y labores. Este programa, cuesta 200 millones de dólares anuales, estima Bukele.
Hasta el momento no se ha informado de manera oficial a cuánto asciende el pago que obtendrá El Salvador de EE.UU. Sin embargo, la agencia AP reportó que el país centroamericano habría acordado aceptar seis millones de dólares por albergar en sus cárceles a unos 300 migrantes durante un año.
Actualmente, El Salvador está en un proceso de negociación para un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que ha obligado al régimen Bukele a implementar medidas de austeridad que incluye el despido de maestros y personal médico, entre otros empleados y funcionarios públicos.
“El Salvador está en una crisis económica muy grave”, dijo a Criterio.hn el director de Cristosal, Noah Bullock, quien a la vez sostiene que la política de seguridad de Bukele no busca la reinserción de los privados de libertad si no que su encierro permanente, por ende, el sostenimiento es oneroso, lo que hace necesario la demanda de más fondos.
Violaciones de derechos humanos
El envió de los supuestos integrantes del Tren de Aragua se hizo pese a que el juez del Distrito de Columbia, James Boasberg, ordenó la noche del sábado paralizar, por 14 días, las deportaciones ordenadas por Trump.
Este accionar revive en Óscar Murillo, coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), lo que sucede en Venezuela ante la falta de independencia de los poderes del Estado.
Murillo señala que la decisión de Donald Trump ha violentado el debido proceso y el principio de no devolución, contemplado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que implica la obligación para los estados de no extraditar, no deportar, expulsar o devolver a una persona a un país en que su vida, su libertad, su integridad está amenazada.
Amplió que actualmente para los venezolanos hay problemas de seguridad alimentaria y seguridad política y ciudadana, por lo tanto, en las deportaciones masivas como en este traslado [a El Salvador], se ha violentado el debido proceso y un conjunto de derechos humanos.
En virtud de que los venezolanos huyeron por la situación de su país, necesitan se les garantice la condición de refugiados, insistió Murillo.
El especialista en derechos humanos responsabilizó al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de ser cómplice de las violaciones porque desde febrero que se registraron las primeras deportaciones colectivas, consintió este trato a pesar que desde entonces comenzaron las violaciones a los derechos humanos de los venezolanos, pues cada caso debe evaluarse de manera separada, para proceder o no a la extradición.
Para el director de Cristosal, Noah Bullock, esta decisión lleva implícita una violación a los derechos humanos por dos jefes de Estado [Donald Trump y Nayib Bukele], quienes han desafiado una orden judicial de los Estados Unidos, obviando los procesos internos de cada país, ya que en este caso se necesita mínimamente la aprobación de un tratado por parte de los congresos o asambleas de cada uno de los países [EE.UU. y El Salvador].
A juicio de Bullock lo que ha habido entre EE. UU. y El Salvador es un “acuerdo de facto” que podría conllevar al desaparecimiento de personas, ya que en El Salvador hay 85,000 personas detenidas en centros penitenciarios sin condena y muchas de sus familias no pueden dar con su paradero, porque no existe información al respecto.
Noah Bullock cuantifica que en El Salvador hay 120,000 personas privadas de libertad, de las cuales 85,000 aún no están condenadas.
También lea: Honduras podría emular los juicios colectivos contra maras y pandillas como en El Salvador
Al ingresar al sistema carcelario salvadoreño, los supuestos integrantes del Tren de Aragua serían sometidos a un proceso judicial en El Salvador donde existe la figura de juicios colectivos que vulnera el derecho fundamental del debido proceso.
Cualquier país con vocación democrática debería estar preocupado mirando esta situación, dice el director de Cristosal, Noah Bullock.
Por su lado el coordinador de Provea, Óscar Murillo, apuntó que no se sabe si estas personas están procesadas o condenadas, pero aclaró que deben estar bajo la responsabilidad de un juez y al ser trasladadas a El Salvador significa la negación del derecho a la defensa, porque sus familiares y abogados no podrán interponer un recurso “porque estamos hablando de un tercer país”.
El sistema penitenciario de El Salvador ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por violaciones e ha instado al país a cumplir con sus obligaciones internacionales y a garantizar políticas de seguridad ciudadana que respeten los derechos humanos de los privados de libertad.
En conclusión, para Óscar Murillo con esta situación se está frente a una violación al derecho a la defensa, al debido proceso y frente a procedimientos que tienen una finalidad económica, porque el propio presidente de El Salvador ha dicho que hay un cobro.
Murillo añadió que al no cumplirse con el debido proceso quedará en el imaginario colectivo que ser venezolano es ser Tren de Aragua.
Para proceder con las deportaciones Donald Trump se ampara en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798. La última vez que se utilizó esta normativa fue durante la Segunda Guerra Mundial para internar a ciudadanos estadounidenses de ascendencia japonesa.
El Tren de Aragua y la MS-13 fueron declaradas, en enero pasado, mediate una orden ejecutiva firmada por Donald Trump, como “organizaciones terroristas extranjeras”.
El pacto tras bambalinas entre Trump y Bukele
En los vuelos del domingo llegaron a El Salvador 23 integrantes de la MS-13, entre los que se encuentran dos líderes, uno de ellos que estaba siendo procesado en la Corte del Distrito Este de Nueva York: César Antonio López Larios, acusado de terrorismo.
Noah Bullock cree que este es un pacto entre el mandatario estadounidense y Nayib Bukele, para beneficiar a este último, ya que la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York, estableció en su acusación que los líderes de la MS-13 entraron en acuerdos con el Gobierno de El Salvador para reducir los homicidios a cambio de beneficios.
Uno de los acuerdos era que los líderes de la MS-13 no serían extraditados a EE.UU.
“Mejor silenciar estas voces, desapareciéndolos en Cecot que tenerlos en cortes de Estados Unidos, dando declaraciones”, expuso Bullock.
El Salvador permanece en un Régimen de Excepción desde marzo de 2022, que implica la suspensión de derechos y garantías constitucionales. “El Gobierno de El Salvador se ha acostumbrado afuera de los marcos legales, es un Gobierno que plantea, a cada rato a la población, que por una emergencia necesitan ejercer poderes excepcionales y, poco a poco, estas excepciones se han convertido en la norma”, apuntó el director de Cristosal, Noah Bullock.
-
Me encanta desafiar el poder y escudriñar lo oculto para encender las luces en la oscuridad y mostrar la realidad. Desde ese escenario realizo el periodismo junto a un extraordinario equipo que conforma el medio de comunicación referente de Honduras para el mundo Ver todas las entradas