Las autoridades y el personal operativo destituidos han sido puestos a disposición para investigaciones, lo que sugiere una posible colusión entre los directivos de los centros penitenciarios y grupos criminales
Tegucigalpa, Honduras. – La destitución del director del centro penitenciario “El Pozo”, ubicado en Ilama, Santa Bárbara, se suma a la de otros dos directores de cárceles que han sido removidos de sus cargos debido a irregularidades en los recintos.
Estas destituciones se produjeron tras la intervención militar ordenada el 26 de junio de 2023. La destitución más reciente ocurrió el lunes 5 de agosto, luego que se reportara la fuga de un interno en circunstancias sospechosas.
De igual forma las destituciones anteriores sugerían una posible complicidad con grupos criminales, lo que llevó a la apertura de una investigación.
El 18 de febrero se destituyó al director de la cárcel de mínima seguridad en Támara, situada a unos 16 kilómetros de Tegucigalpa, la capital de Honduras, la decisión fue tomada después que se encontraran internos muertos.
Anteriormente, en diciembre de 2023, se destituyó al director del centro penal de máxima seguridad “La Tolva” en Ilama, Santa Bárbara, quien, además, fue arrestado mientras intentaba introducir casi medio millón de lempiras al penal.
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MÁS RECIENTE DESTITUCIÓN
La reciente destitución del director del centro penal El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, se produjo tras la fuga de Óscar Alberto Lara Rivas, un interno de 30 años.
Según un comunicado del Instituto Nacional Penitenciario, la fuga ocurrió mientras Lara Rivas, junto con otros internos, participaba en una jornada de limpieza en el área externa del penal.
Como resultado, la comisión interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA) decidió destituir al director y a todo el personal operativo encargado de la vigilancia, además, anunció que iniciará una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
De igual forma, el vocero de la Policía Militar de Orden Público (PMOP), José Coello, informó que, como respuesta a la reciente fuga de un interno que llevaba solo 17 días en el penal, se implementarán medidas más rigurosas para evitar que incidentes como este se repitan.
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JUSTIFICACIÓN PARA CONSTRUCCIÓN DE NUEVAS CÁRCELES
Dos días después de la fuga, las autoridades informaron que habían capturado al hondureño en el departamento de Santa Bárbara.
Inicialmente estaba acusadode violación agravada, asesinato, y robo con violencia e intimidación, y ahora se le sumará un cargo adicional por la fuga.
La recaptura fue celebrada por el secretario de Defensa, José Manuel Zelaya, quien destacó el hecho en su cuenta de X, y advirtió que será uno de los privados que ocupan las cárceles de máxima seguridad que se construirán.
«Trabajará el doble y pronto estará totalmente aislado en las nuevas cárceles de máxima seguridad», afirmó el funcionario, quien días atrás se había referido sobre dichas cárceles de máxima seguridad una en la reserva Marina de Islas del Cisne y la otra en la Moskitía hondureña.
La fuga no es la única reportada en los centros penales desde la intervención militar aprobada el 23 de junio mediante el Decreto Ejecutivo PCM-28-2023, además se han conocido tratos crueles y según organizaciones defensoras de derechos humanos al menos 15 muertes, manejadas como supuestos homicidios y asesinatos.
Sobre los castigos a las autoridades, hay diferentes opiniones, Joaquín Mejía, abogado especialista en derechos humanos, sugiere que la solución podría ser la creación de una carrera penitenciaria para capacitar a personal civil en derecho penal, derechos humanos y gestión de cárceles.
Esto permitiría que la dirección de las prisiones no recaiga en policías y militares.
Mientras, Rihanna Ferrera, defensora de los derechos de los privados de libertad, criticó la intervención militar, señalando que ha sido lenta, según la defensora, persisten problemas de violencia, muertes y hacinamiento, mientras que las autoridades parecen concentrarse en prioridades como la compra de camiones y otros equipo militares.
