La ausencia de asignación presupuestaria fue una de las principales causas del fracaso de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales, según el abogado Edy Tábora
Además, denuncian que desde el Instituto Nacional Agrario y el Instituto de la Propiedad se obstaculizó la implementación de las medidas de reparación territorial consignadas en los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH)
Tegucigalpa, Honduras. – A un año de la instalación de la Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI), la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) declaró el deceso de la misión que tenía como propósito cumplir con la restitución del territorio garífuna y las garantías de no repetición.
El pronunciamiento fue realizado durante una movilización en la que participaron pobladores de las comunidades de Punta Piedra, Triunfo de la Cruz y San Juan, beneficiadas con tres fallos en los que se reconocieron sus derechos sobre el territorio ancestral usurpado por terceros.
Miriam Miranda, coordinadora general de la Ofraneh, declaró que “[l]a CIANCSI nunca despegó, la CIANCSI prácticamente murió en cuanto nació”. Agregó, “este gobierno [presidido por Xiomara Castro] nunca hizo su trabajo para que la CIANSI funcionara y es por eso que las comunidades decidimos enterrarla hoy”.
La marcha inició, pasadas las 9:00 AM, a una cuadra del Instituto Nacional Agrario y finalizó en Casa Presidencial, donde faltando 21 minutos para el mediodía fueron recibidos por el canciller Eduardo Enrique Reina.
¿POR QUÉ FALLÓ LA CIANCSI?
El abogado Edy Tábora, coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos que representa a la Ofraneh, dijo a Criterio.hn que la principal causa por la que la CIANCSI fracasó fue el mismo Estado, al no querer cumplir las sentencias.
“El gran aspecto es la no asignación de presupuesto para la operatividad [operativización] de la CIANCSI y para el saneamiento, que implica las indemnizaciones respectivas para aquellas personas que puedan acreditar que han obtenido esos predios o esos lotes de manera legal, para lo cual es necesario una investigación a través de tractos sucesivos”, explicó Tábora.
Otro elemento que destaca el abogado son las instituciones gubernamentales que conformaron la CIANCSI, pese a ser parte de la problemática de despojo en los territorios garífunas, como son el INA y el Instituto de la Propiedad (IP). “Ambas instituciones llegaron a formar parte de esta comisión y lo que hicieron fue obstaculizar la implementación o el cumplimiento de las sentencias”, explicó el profesional del derecho.
De acuerdo con Tábora, tanto el INA como el IP, se negaron a identificar y medir los lotes que están en manos terceras personas y sobre los cuales se debe realizar saneamiento de las sentencias.
“Luego, hay una situación sumamente delicada y es el tema de garantizar la seguridad de las comunidades. Eso tampoco se hizo, por parte de la CIANCSI”, compartió el abogado.
Tábora compartió que en abril de 2024 se establecieron los puntos que generarían confiabilidad para avanzar con la CIANCSI, no obstante, todo el trabajo lo han realizado la Ofraneh y las comunidades.
Desde la Ofraneh, el profesional del derecho indicó que se propuso reformar el decreto [03-2024] de creación de la CIANCSI y se presentó un reglamento, sin que hasta la fecha se aprobara o realizarán los cambios propuestos. Ante la ausencia de acciones, en noviembre, la organización alertó en una comunicación dirigida que previo a la realización de una nueva reunión se debía cumplir con los puntos establecidos en la comunicación, sin que ninguno de estos fuera abordado por el gobierno.
¿QUÉ SIGUE?
El coordinador del Bufete Justicia para los Pueblos, Edy Tábora, señaló que la desaparición de la CIANCSI no implica que el Estado deja de tener obligaciones por cumplir.
“Las obligaciones las sigue teniendo el Estado. Los derechos territoriales están garantizados en el Convenio 169 y, en este caso, las sentencias de la Corte Interamericana [de Derechos Humanos] establecen esos derechos”, explicó.
Tábora apuntó que las comunidades saben hacer justicia, y reocuparán el territorio que tradicionalmente les pertenece. En caso, que el Estado no solvente la problemática, las comunidades garífunas continuarán reclamando y reocupando sus territorios ancestrales.
PRESIDENCIA LLAMA A REUNIÓN DE CIANCSI Y NOMBRARÁ DESIGNADO
Al cierre de esta nota, 4:36 PM, el canciller Eduardo Enrique Reina informó que tras la reunión sostenida entre la presidenta Xiomara Castro y los liderazgos de la Ofraneh, la mandataria hondureña determinó convocar una reunión con los titulares gubernamentales que forman parte de la CIANCSI.
“El lunes, la presidenta Xiomara Castro ha convocado una reunión de la comisión [CIANCSI], a los que somos parte del gobierno, para estudiar la situación general del avance y ver cómo se implementan de manera rápida los acuerdos para apoyar al pueblo garífuna”, dijo el canciller Reina en un video que fue difundido por Casa Presidencial.
Reina adelantó que la Ofraneh pidió a la presidenta Castro la designación de un comisionado especial que supervise a la CIANCSI. Además, notificó que, en mayo, dadas sus aspiraciones políticas, estará renunciando como canciller, por lo que no podrá continuar dando seguimiento a la CIANCSI.
El canciller Eduardo Enrique Reina acompaña como designado presidencial, a la candidata del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, en las elecciones generales que se celebrarán el próximo 30 de noviembre, por lo que de acuerdo con la Ley Electoral debe renunciar seis meses antes.
La Comisión Intersectorial de Alto Nivel para el Cumplimiento de las Sentencias Internacionales (CIANCSI) está integrada por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), el Instituto Nacional Agrario (INA), el Instituto de la Propiedad (IP), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y un representante por comunidad beneficiada por los fallos de la Corte-IDH.
