A dos décadas de la condena internacional por la desaparición forzada de Juan Humberto Sánchez, el Estado hondureño sigue sin implementar el registro nacional de detenidos ordenado por la Corte IDH, una medida clave para prevenir abusos y detenciones arbitrarias
Tegucigalpa, Honduras. – A veintidos años de la condena contra Honduras ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de Juan Humberto Sánchez, el Estado sigue sin implementar un registro de detenidos que permita controlar la legalidad de las detenciones.
Juan Humberto Sánchez –un ciudadano hondurosalvadoreño, operador de la Radio Venceremos y miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue detenido en dos ocasiones por las Fuerzas Armadas (FF. AA.) tras su ingreso a Honduras cuando visitaba a sus familiares en Colomoncagua, Intibucá, en el marco de los acuerdos de paz de 1992.
Tras su primera detención el 10 de julio de 1992 , Sánchez fue liberado al siguiente día por la intervención de familiares y conocidos. Sin embargo, esa misma noche, del 11 de julio, mientras la familia descansaba las fuerzas territoriales, una fuerza especial de contrainsurgencia comandada por las FF. AA., ingresaron violentamente a la vivienda y lo detuvieron por segunda vez, tras lo cual se desconoció su paradero.
REGISTRO EVIDENCIARÍA PATRONES DE VIOLACIONES A DD HH
Berta Oliva, coordinadora general del Comité de Familiares de Desaparecidos y Detenidos en Honduras (Cofadeh), contó a Criterio.hn que el caso además de mantenerse en la impunidad, sigue sin implemantar un registro que permita el control legal de la detenciones, que dictó la Corte IDH como parte de las medidas de reparación en el falló del 7 de junio del 2003.
El objetivo de esta medida de reparación es contar con un sistema nacional de detenidos –legales e irregulares– que permita identificar a las personas privadas de libertad, depurar abusos, evitar detenciones arbitrarias por datos no actualizados y evidenciar patrones de violaciones a derechos humanos. El sistema, con participación del Ministerio Pública, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad y organismos de derechos humanos, buscaría garantizar la legalidad con enfoque de derechos humanos y promover cambios estructurales en la justicia.
“Eso no lo han querido tocar porque, claro, al tocar eso, pues pone en pantalla grande a los violadores de derechos humanos que operan desde el Estado, que en la mayoría de los casos son miembros de la Secretaría de Seguridad o la Secretaría de Defensa o simplemente escuadrones de la muerte”, explicó Oliva.
Cofadeh acompañó el caso e interpuso los recursos internos tras la denuncia presentada por el padre de Juan Humberto Sánchez, quien estaba presente al momento de la detención de su hijo y que posterior a la denuncia fue detenido ilegal y arbitrariamente, e interrogado por al menos dos días con respecto a las actividades de Juan Humberto Sánchez.
A la causa iniciada por Cofadeh, se unió el Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), quienes en representación de Juan Humberto Sánchez y su familia, acudieron ante el sistema interamericano de derechos humanos.
INICIATIVAS DE REGISTRO ESTANCADAS
María José Araya, integrante de Cejil, calificó como preocupante que el Estado no cuente con una herramienta unificada que garantice el control legal de todas las detenciones, en las que se registren datos esenciales –como identidad, motivo de captura, autoridad, fecha, orden y liberación– y a la vez permita la supervición administrativa y judicial.
Su ausencia facilita detenciones arbitrarias e ilegales, agravadas por el regimen de excepción pese a que la Corte IDH ordenó su creación hace más de 30 años, señaló Araya. Sostuvo que desde Cejil, que acompaña el caso a nivel internacional, la ausencia de implementación del registro es una mezcla de falta de voluntad política y falta de competencia o capacidad de las autoridades para dar seguimiento al tema.
A lo largo de los años se han impulsado iniciativas para implementar el registro, incluido un acuerdo de cooperación con una agencia mexicana que elaboró un plan de trabajo, pero que nunca se concretó. Cejil y Cofadeh han aportado observaciones y propuestas técnicas, pero la medida sigue sin implementarse por falta de seguimiento, voluntad política y capacidad institucional, como fue denunciado recientemente.
Tras la desaparición forzada de Juan Humberto Sánchez el 12 de julio de 1992, su cuerpo fue encontrado el 21 del mismo mes con obvias señales de tortura –según registra la sentencia de la Corte IDH– por un grupo de personas en una poza conocida como El Mecatero en el río Negro.
Berta Oliva dijo que, por la gravedad del caso y el hostigamiento recibido, la familia de Juan Humberto Sánchez fue desplazada. Aunque la Corte Interamericana ordenó investigar y castigar a los responsables –que incluso admitieron su participación–,el Ministerio Público manipuló el proceso para culpar a familiares y vecinos y no acusó a los verdaderos implicados de las Fuerzas Armadas. Agregó que esta actuación, marcada por corrupción e impunidad, distorsionó el juicio y dejó sin castigo a los responsables, evidenciando un sistema de justicia inoperante que protege a quienes tienen el poder y persigue a los inocentes.
