Hasta los locatarios de la zona en la que está ubicada la antigua estación de buses en Choluteca participaron en la manifestación, en la que hicieron saber a las autoridades que no están conforme con las decisiones que están tomando
Una de las posibles consecuencias que los empresarios del transporte advierten y, aseguran están enfrentando, es que la población sureña está optando por otros métodos de transporte, ya sea en el interior o al exterior de la ciudad, debido a que la estación que promueve la parte oficial está unos 30 kilómetros del centro
Tegucigalpa, Honduras-. Para la mañana de este lunes 15 de enero empresarios del transporte urbano e interurbano de Choluteca, al extremo sur de Honduras, anunciaron un paro de labores, más una manifestación a la altura de Guasaule, lo que cumplieron, para exigir a las autoridades de la municipalidad permitir que la estación de buses principal continúe siendo “La Terminal Municipal”, debido a que dejarían de percibir gran parte de ingresos económicos.
La parte oficial, que dirige el alcalde de Choluteca, Quintín Soriano, promueve, desde mediados de 2022 y que inició a funcionar en enero de 2023, que la estación oficial sea “La Gran Terminal del Pacifico”ya que la anterior, “la Terminal Municipal” podría estar un poco desfasada y esta nueva cuenta con mejores condiciones y todavía no se ha convertido es una especie de mercado, como regularmente pasa con los puntos de buses a nivel nacional.
A mediados de 2022, la municipalidad de Choluteca que dirige Soriano emitió una ordenanza para que, a partir del uno de enero de 2023, la terminal que utilicen los transportistas interurbanos y un reducido grupo de urbanos sea la del Pacifico. Y, al que se negara a acatar el mandato simplemente se le establecía una sanción.
De acuerdo con información publicada en un medio digital estatal, la construcción de la “moderna” obra costó alrededor de 60 millones de lempiras, debido a que hasta cuenta con un pequeño centro comercial en el interior, bajo el objetivo que no se convierta en un centro de abastos, como sucede generalmente con las estaciones.
Además, según la entrevista que le realizó el medio estatal al empresario del transporte Juan Carlos Díaz, esta estación cuenta con seguridad privada y hasta su propio personal de limpieza, además de las personas que trabajan en cada espacio de venta comercial. Y, sobre el salario, dijo que sale del bolsillo de los diferentes consorcios, no de la municipalidad.
De hecho, esta obra, apoyada también por empresarios privados, fue mostrada como un logro ante la población sureña que, al poco tiempo después de iniciar operaciones, por su ubicación, entre otros factores, la fue desestimando.
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De acuerdo con las denuncias de algunos locatarios, el principal argumento por el que paralizaron la mayoría de unidades este lunes y, con bastantes probabilidades que ocurra lo mismo en los próximos días, es que, al sacar las unidades de la terminal principal, el sector dejará de ser unas de las más poderosos zonas de abasto de la zona sur, dejando entrever que los comerciantes individuales son familiares o allegados de los empresarios del transporte, algo que no es cuestionable.
“Estamos luchando para que no nos lleven las unidades y a nuestros clientes. Que se ganen sus pasajeros con competitividad limpia, no es justo que nos quieran llevar a nuestros clientes sin ofrecer soluciones que nos beneficien a todos”, lamentó en medios de comunicación Yamileth López, vocera de la terminal principal.
De igual manera, está el caso del empresario del transporte Rafael Medina, a quien el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) en los últimos días le ha decomisado unas ocho unidades, según denunció, por rehusarse a utilizar la nueva estación que promueve la municipalidad.
“Ocho buses me tienen decomisados porque no voy a la Terpa (nueva terminal); quieren que vaya a la fuerza y ahora me salen con que tengo hasta esquelas vencidas, lo que han inventado. A mí me causa problema en lo económico, no sé porque nos hacen esto (…) nos tienen que oír, el desorden lo tiene Quintín Soriano”, denunció el empresario.
Tal parece que el decreto 91-2017 tiene un rol bastante importante en este debate. Los transportistas aseguran que esa normativa les permite trabajar y recoger pasajeros en la antigua terminal, sin embargo, las autoridades también se amparan en esa ordenanza, argumentando que pueden establecer sanciones a los transportistas que no presten sus servicios, como está pasando con Medina.
Lo cierto es que todavía hay un panorama sombrío para ambas líneas que parecen no ceder. Lo paradójico del caso es que esta problemática en la zona sur se está dando mientras en la capital y al norte de Honduras, los empresarios del transporte también tienen paralizadas sus unidades, pero por el cobro desmedido de extorsión orquestado y ejecutado por maras y pandillas, no por conflictos en los que sobresalen los intereses particulares.
