Tegucigalpa.- Honduras registró en los últimos 10 años más de 2 mil transportistas asesinados, estas muertes están relacionadas con la exigencia del pago de la extorsión, más conocido como impuesto de guerra.
La dirigencia del transporte informó que en lo que va del año 2023, al menos unas 15 personas del sector transporte han sido asesinadas, entre ellas, conductores, cobradores y dueños de unidades.
“Es lamentable que cada uno de los asesinatos en el sector transporte es producto del sicariato derivado de la extorsión”, expresó Gerardo Aguilar, dirigente del transporte en Tegucigalpa, capital de Honduras.
La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, instauró un estado de excepción en 89 barrios y colonias de Tegucigalpa y Comayagüela y 73 de San Pedro Sula, al norte del país, el seis de diciembre de 2022, con el cual la mandataria declaró la guerra a delitos como la extorsión a través del PCM 29-2022 vigente hasta el seis de enero de 2023.
Sin embargo, Wilmer Cálix, también dirigente del transporte urbano expresó “es lamentable que en el estado de excepción se genere un enero sangriento para el sector transporte”.
Por lo que la ciudadanía y organizaciones defensoras de derechos humanos cuestionan si realmente se están dando resultados positivos con esta medida instaurada, que se prorrogó el seis de enero mediante el PCM 01-2023, misma que se amplió en 73 municipios del territorio nacional.
Cifras del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) del año 2010 al 2019 se registraron 1,781 muertes de transportistas en todo el país.
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COBRO DE EXTORSIÓN A TRAVÉS DEL TERRORISMO
Las estructuras criminales que se dedican, a través de la intimidación al cobro de la extorsión, cobran a una víctima en promedio 87 mil 427 lempiras al año, según la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
De acuerdo a Aguilar en promedio se pagan unos 28 millones de lempiras al mes en el pago de extorsión que corresponde a 4 mil unidades de buses urbanos a nivel nacional, “se pagan 600 por extorsionador a la semana, en promedio se paga a 3 grupos por vehículo ya sea taxi, mototaxi o bus”, detalló Aguilar.
Según Cálix, entre buses urbano e interurbano, taxis y mototaxis, el rubro de transporte realiza un pago de 50 millones de lempiras mensuales a varias estructuras criminales.
Estas estructuras criminales utilizan varios medios de intimidación para exigir el “impuesto de guerra”, entre ellos están, según Aguilar, una de las más comunes la quema de unidades de transporte, “su manera de actuar es través del terrorismo” señaló Aguilar.
Al tiempo que agregó, “cada vez que hay un asesinato en el sector se debe a una nueva extorsión”, es decir que las muertes se dan porque surge una nueva estructura criminal que exige este pago, y al ver una negativa atentan contra la vida de un transportista, para presionar el pago.
Ante este panorama, Nelson Fernández, dirigente del transporte en la zona norte del país dijo en entrevista con Criterio.hn “vivimos en un miedo terrible por la extorsión”.
Esto indica que pese al estado de excepción los transportistas continúan siendo víctimas de este flagelo, que desde el 2020 al 2022 cobró la vida de al menos 498 personas del sector del transporte, datos de acuerdo al ONV de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
MUTACIÓN DE LA EXTORSIÓN
De acuerdo con Mirna Flores del Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) “la extorsión muta, cambia, entonces las medidas que ha tomado la Policía Nacional, hacen que se desplace de un lugar a otro”.
Es decir que este delito cambia constantemente su manera de operar y que marca nuevas tendencias, la ASJ señala el pago por transferencia bancaria y medios digitales, rifas clandestinas, compra forzada por servicios o bienes, prestación forzada de servicios, prestamos clandestinos y uso de mensajería para entrega de dinero de extorsión como disfraces de este crimen dificultando la identificación entre víctima y perpetrador.
Para Flores, especialista en temas de seguridad, si los dueños de transporte continúan siendo extorsionados, “quiere decir que la medida no debe ser tratada o combatida de la manera que lo están haciendo, a través de un estado de excepción”.
Según Flores, este delito debe ser contrarrestado por medio de la investigación criminal, porque “estos hechos no se pueden quedar en la impunidad y tienen que llagar sobre todo a los grandes extorsionadores”, enfatizó Flores.
En ese sentido, el comisionado de la Policía, Miguel Martínez Madrid, director de la Dirección Nacional de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional de Honduras, informó que desde la puesta en marcha del PCM 29-2022 por el delito de extorsión se han capturado a 365 pero que el éxito del estado de excepción “no se mide por detenidos por extorsión, sino que por vidas salvadas”.
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CLAMOR DE TRANSPORTISTAS
La extorsión es un flagelo que afecta económicamente pero también afecta la garantía de derechos humanos de las personas que sufren estos cobros, ya que por el temor a perder su vida, en muchos casos, se ven obligados a huir de su lugar de residencia, ya sea a otro municipio o a migrar a otro país.
El informe de la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI) del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (CONADEH) detalla que el 58% de las víctimas de desplazamiento forzado por extorsión fueron comerciantes en un 33 %, amas de casa 6%, otro 6% son transportistas, mecánicos y docentes representan un 5% y operadores de justicia con 4%.
Ante esto, Aguilar solicita al estado de Honduras implemente estrategias integrales de prevención y combate a la extorsión, por medio del trabajo de otras entidades del Estado como la Comisión de Telecomunicaciones (CONATEL) y la Comisión Nacional de Banca y seguros (CNBS).
“Pedimos que se haga un trabajo integral y no solo mediático de las fuerzas de seguridad”, Exigió Aguilar.
Quien reconoce que la tarea no es fácil, pero que también se requiere de voluntad política, “mientras no exista esta voluntad política será difícil contrarrestar este mal, porque no es posible que en dos décadas de estar soportando este terrible mal no se hayan encontrado soluciones” lamentó el dirigente del transporte.
Mientras tanto, los transportistas continúan laborando, prestando el servicio de transporte a la ciudadanía y pagando el impuesto de guerra que cada vez cambia de cuota y cada día que un conductor o cobrador de estas unidades llega a su casa se convierte en una odisea superada.
