El año anterior entregaron 600 millones de lempiras, este año prácticamente se duplicó y se está volviendo incalculable. La diferencia promedio indica que mensualmente entregaron alrededor de 150 millones, por lo que, en simples cálculos, entre enero y noviembre de 2024 se dieron más de mil millones de lempiras
Un dato que parece surrealista en un país donde las autoridades han fortalecido las instituciones de seguridad pública con el propósito de erradicar las extorsiones pandilleras
Tegucigalpa, Honduras. – En los 18 días transcurridos de diciembre de 2024, el sector del transporte urbano a nivel nacional ha entregado alrededor de 300 millones de lempiras en pagos de extorsión al crimen organizado. La cifra podría ser aún mayor, ya que el flujo económico característico de este mes aún no alcanza su apogeo, y algunos grupos criminales han comenzado a exigir cantidades más elevadas, según denuncias de empresarios del rubro.
“Lo que se ha pagado en el año ya se está volviendo incalculable; es difícil identificar a qué agrupaciones criminales se está pagando, ya que cada día surgen nuevas haciendo el cobro. En promedio, entre enero y noviembre de 2024, se desembolsaron alrededor de 150 millones de lempiras mensuales. Ahora, solo en diciembre, ya se superan los 300 millones. Este año, esta situación alcanzó su punto más crítico”, expresó Jorge Lanza, dirigente del rubro, en pláticas con Criterio.hn.
Aunque la comisión de este delito ha proliferado en departamentos que anteriormente registraban pocas incidencias, los principales escenarios donde se realizan los cobros más elevados siguen siendo Cortés, en el extremo norte de Honduras, y Francisco Morazán, donde el rubro del transporte cuenta con la mayor cantidad de unidades operando.
Además, en estas zonas se han registrado casos, actualmente en proceso judicial, de colaboradores como conductores y ayudantes que, mientras prestan el servicio, forman parte de agrupaciones criminales. Estas personas actúan como intermediarios o interlocutores para facilitar el cobro y la entrega de las cuotas extorsivas.
“Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula y Villanueva continúan siendo las ciudades donde más cobros se realizan, ya que es donde operan más agrupaciones criminales. También está comenzando a ocurrir en otras zonas del país (…) Claramente, hay criminales trabajando en el rubro, lo que facilita el cobro de extorsión. Por eso pedimos la depuración”, mencionó Lanza.
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Para que la extorsión deje de ser un problema millonario para el rubro, de forma preliminar se debe cumplir con un proceso riguroso de certificación de cada persona que trabaje en este sector. De esta manera, no se permitirá que aquellos con nexos con el crimen organizado, quienes facilitan este cobro, presten sus servicios.
Lo anterior es una de las sugerencias del analista en temas de seguridad, Kenneth Madrid, quien asegura que este primer filtro no representa un proceso sencillo para los empresarios. Esto se debe a que tendrían que emplear de manera formal a los trabajadores, ofrecer salarios dignos y brindar servicios adecuados. Para muchos, sin embargo, resulta una alternativa más sencilla mantener la criminalidad que se ha normalizado, en lugar de ofrecer un servicio de calidad.
“Los transportistas tienen derecho a denunciar que son víctimas de extorsión y a exigir a las autoridades de seguridad pública resultados, pero también deben cumplir con la población. La certificación solo es un filtro; después deben implementarse otros mecanismos que garanticen que la masa laboral esté en condiciones de pilotear una unidad de transporte urbano. Actualmente, este servicio pone en riesgo a los usuarios, no solo por la criminalidad, sino por la forma temeraria en que conducen”, cuestionó Madrid.
De igual manera, precisó que el proceso de regulación, certificación e identificación debe ser responsabilidad de los mismos empresarios del rubro, ya que es un servicio privado que eventualmente es subsidiado por el Estado. Aunque el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) también tiene la potestad de certificar, esta se limita solo a las unidades, de acuerdo con la ley.
Según el artículo 35 de la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, los titulares de certificados de explotación y permisos deben someter sus vehículos al examen de la Dirección General de Transporte para verificar que cumplen con los requisitos de seguridad, comodidad y eficiencia. Si se cumplen estos requisitos, se extiende un certificado de operación que habilita al vehículo para prestar el servicio.
Además, el artículo 37 establece que cada vehículo destinado al servicio de transporte recibirá un certificado de operación con una duración de un año, el cual deberá renovarse al vencimiento. Este certificado debe exhibirse en un lugar visible dentro del vehículo.
Mientras tanto, la certificación de los conductores de transporte urbano está sujeta a otras normativas y regulaciones complementarias, tales como el Reglamento de Tránsito.
En el último trimestre de 2024, según información de las autoridades, comenzó un proceso de certificaciónque promete hacer una depuración en el rubro para, en consecuencia, lograr uno de los primeros objetivos: extraer a quienes se han dedicado a cometer fechorías mientras trabajan paralelamente en las unidades.
Sin embargo, hasta el momento, sigue siendo una utopía, ya que no ha habido resultados.
