Tegucigalpa, Honduras.- Aunque 2025 inició con un estado de excepción parcial que las autoridades califican de eficiente, la realidad cotidiana no respalda esta afirmación. Los niveles de criminalidad y violencia, históricamente persistentes, se mantienen presentes. El sector del transporte, particularmente, ha sido uno de los más afectados en este inicio de año, enfrentando no solo el flagelo de la extorsión, sino también un incremento en los homicidios.
De acuerdo con un monitoreo de información y datos obtenidos del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol), se ha documentado que al menos cinco transportistas, entre taxistas y conductores de buses, han sido asesinados en diversas regiones del país en los 22 primeros días de enero de 2025. Este número podría variar conforme se actualicen los registros.
El día más trágico para este sector, caracterizado por su naturaleza laboralmente informal, fue el martes 22 de enero. Ese día, un taxista de 29 años, José Humberto Antúnez, fue asesinado en la colonia La Reforma, en Tegucigalpa, mientras que Fredy Zelaya, un conductor de autobús interurbano de 39 años, perdió la vida en La Ceiba, específicamente en el sector conocido como Satuyé.
Aunque ambos crímenes estuvieron marcados por la violencia, los relatos de los hechos son notoriamente distintos. José Humberto Antúnez fue abatido dentro de su unidad, cuyo número de registro era 2737. Por otro lado, Fredy Zelaya, tras ser atacado, quedó herido y fue trasladado al Hospital Regional de Atlántida; sin embargo, minutos después de su ingreso, perdió la vida.
Como es común, las autoridades anunciaron que se llevaría a cabo una investigación, pero hasta el momento, los responsables de ambos crímenes siguen en libertad, perpetuando así la impunidad en el país. La violencia está alcanzando niveles alarmantes, con los criminales cometiendo actos delictivos de manera deliberada, sabiendo que es altamente improbable que enfrenten consecuencias. Esto se debe al deficiente funcionamiento del sistema de investigación y judicial, que sigue permitiendo que los responsables eludan la justicia.
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HASTA ACUERDOS EXISTEN CON ORGANIZACIONES CRIMINALES
Saúl Ventura, dirigente del sector de transporte urbano, reveló la mañana del jueves 23 de enero, en una entrevista con un medio de comunicación, que han llegado a acuerdos con las organizaciones criminales mediante los cuales se comprometen a mantener al día el pago de la extorsión a cambio de que cesen los homicidios en su sector.
Sin embargo, paradójicamente, Ventura manifestó estar sorprendido por los recientes asesinatos de sus colaboradores, a pesar de que han cumplido con los pagos establecidos por las agrupaciones delictivas.
“No se les debe olvidar que hicimos un pacto con ellos: se nos daría seguridad y protección en los puntos de taxi, siempre y cuando cumplamos con el pago de la extorsión. Y no hemos fallado, aunque a duras penas hacemos lo posible por cumplir”, señaló Ventura, visiblemente afectado por la violencia que continúa golpeando al sector.
El líder de los taxistas destacó la contradicción entre el acuerdo y los homicidios que siguen ocurriendo: “No es posible que sigan matando a nuestros compañeros. Creemos que son personas de palabra, y la palabra vale. Entonces, ¿por qué seguimos siendo asesinados? No podemos comenzar el año con más muertes en el rubro. Estamos dispuestos a negociar hasta donde se pueda para evitar que esta situación continúe”, concluyó Ventura, subrayando su disposición a dialogar, pero con una sensación palpable de impotencia ante la creciente ola de violencia.
Este dato, expuesto por Saúl Ventura y que ya era un “secreto a voces“, pone en evidencia un factor clave: el rubro del transporte urbano, ya sea en modalidad de autobús o taxi, ha perdido la confianza en los cuerpos de seguridad pública, o simplemente ya no espera resultados positivos de ellos. Los transportistas están negociando directamente con las agrupaciones criminales, en lugar de trasladar la información a las autoridades policiales o al Ministerio Público (MP) como denuncia.
Esta desconfianza no es nueva. Dirigentes del transporte urbano, como Jorge Lanza, han señalado que desde hace varios años dejaron de interponer denuncias tanto ante la Policía como ante el Ministerio Público, debido a que nunca se ha avanzado en los procesos contra los denunciados; es decir, no se investigan y, por lo tanto, persiste el ambiente de criminalidad e impunidad en el sector.
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BAJO UN ESTADO DE EXCEPCIÓN
A pesar de la implementación del estado de excepción en Honduras, diseñado para erradicar la extorsión y la criminalidad, el sector del transporte urbano continúa siendo víctima de cobros ilícitos por parte de diversas organizaciones criminales.
La situación se agrava con la aparición de nuevas bandas criminales que exigen pagos de extorsión, algunas de ellas actuando en nombre de las poderosas agrupaciones que dominan la violencia y criminalidad en el país. A pesar de cumplir con el pago de extorsiones, más de 49 transportistas fueron asesinados en 2024, lo que evidencia la ineficacia de las medidas implementadas para proteger al sector.
La falta de confianza en las autoridades se ha profundizado, ya que los transportistas sienten que las fuerzas de seguridad no brindan protección efectiva, tal y como lo evidenció el dirigente del transporte Saúl Ventura, al explicar que hace acuerdos con maras y pandillas.
El estado de excepción, que se ha extendido en varias ocasiones desde su implementación, ha sido criticado por su carácter inconstitucional y por no abordar las causas profundas de la criminalidad. En lugar de enfocarse en desarticular las estructuras criminales, ha derivado en la detención de miles de personas, con un bajo porcentaje de arrestos relacionados con la extorsión. Por ejemplo, en 2023, de más de 23,000 arrestos, únicamente 372 correspondieron a este delito, lo que sugiere una falta de estrategia clara en la lucha contra el crimen organizado.
