Analistas señalan que en un país donde la lucha contra la corrupción es una de las principales demandas, el acceso a la información es fundamental para garantizar que los recursos públicos sean gestionados de manera honesta y eficiente
Tegucigalpa, Honduras. -En lo que va de 2024, siete (7) secretarías e instituciones del gobierno hondureño han presentado solicitudes al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) para que parte de su información sea declarada en carácter de reserva o secretividad.
Criterio.hn realizó una solicitud de información al Instituto de Acceso a la Información Pública para conocer cuántas solicitudes de información han ingresado y cuáles han sido resueltas. De acuerdo, a la respuesta del IAIP desde 2020 hasta agosto de 2024, se han recibido 39 solicitudes para declara bajo reserva la información de varias secretarías.
En 2020 ingresaron tres (3) solicitudes de reserva por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico (SED), el Banco Central de Honduras (BCH) y la Administración Aduanera (Aduanas).
Mientras que en 2021, se recepcionaron 12 peticiones de las siguientes instituciones: Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría de Coordinación General de Gobierno, Secretaría de Salud –tres solicitudes—, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería) –dos solicitudes—, Inversiones Estratégicas de Honduras (InvestH), Administración Aduanera (Aduanas) –dos solicitudes—, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) y el Instituto de Previsión Militar (IPM).
En 2022, ingresaron cinco solicitudes de reserva de información de las siguientes instituciones: el Servicio de Administración de Rentas (SAR), el Instituto Nacional Penitenciario (INP), Sistema Nacional de Emergencias, Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
A dichas solicitudes de reserva se suman las realizadas en 2023 por la Dirección por Gestión de Resultados (Diger) –en dos ocasiones—; el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) en dos ocasiones; el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA); la Secretaría de Energía (Sen), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena); Poder Judicial; el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT); la Secretaría de Desarrollo Económico y la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes.
Hasta agosto de 2024, siete instituciones han pedido secretividad son: la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH), el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Cancillería), el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) y la Secretaría de Salud.
De esas solicitudes siete (7) han sido declaras con lugar; 14 solicitudes se encuentran en Tramite; tres (3) fueron declaradas parcialmente con lugar; 10 peticiones fueron Desestimadas y una caducó.
La reiteración de peticiones para limitar el acceso a información pública plantea preguntas sobre el compromiso del Estado hondureño con la transparencia y el derecho de sus ciudadanos a conocer las actividades de sus instituciones.
Hasta el momento, no se han proporcionado detalles sobre qué tipo de información están tratando de reservar estas entidades ni cuáles son los criterios específicos que han esgrimido para justificar la secretividad.
Aunque, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, permite a los titulares de las diferentes secretarías, instituciones y direcciones solicitar la reserva de información esta debe cumplir con varios requisitos.
Para el caso, el artículo 17 habla sobre la clasificación de la información como reservada, el cual dice textualmente que “sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley sobre la secretividad de datos y procesos y confidencialidad de datos personales y de información entregada por particulares al Estado bajo reserva; la clasificación de la información pública como reservada procede cuando el daño que puede producirse, es mayor que el interés público”.
Además, contempla que para declarar como reservada la información cuando la divulgación de la misma ponga en riesgo o perjudique: la seguridad del Estado; la vida, la seguridad y la salud de cualquier persona, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente tutelados a favor de la niñez y de otras personas o por la garantía de Hábeas Data.
La opacidad en sectores clave como salud, transporte y relaciones exteriores preocupa especialmente en un contexto en el que Honduras enfrenta desafíos significativos en la gestión de fondos públicos y en la histórica lucha contra la corrupción.
ANTE DEROGACIÓN DE LEY DE SECRETOS, FUNCIONARIOS OPTAN POR LA RESERVA DE INFORMACIÓN
Para el director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, estas solicitudes de reserva son una mutación de la Ley de Secretos, que fue derogada en 2022.
“Estas solicitudes de reserva que se están haciendo hoy por hoy a través del Instituto de Acceso a la Información Pública vienen un poco en línea con la derogación de la Ley de Secretos que era el mecanismo, por excelencia, para clasificar y reservar información pública”, externó el entrevistado.
Enfatizó que la Ley de Transparencia detalla el procedimiento y los requisitos para que la información pueda ser clasificada o declarada bajo reserva. En ese sentido, mencionó que los comisionados del IAIP están en la obligación de verificar que las solicitudes de reservan cumplan con lo establecido en la normativa.
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Por su parte, el exsecretario de Transparencia y Lucha contra la Corrupción (STLC) Edmundo Orellana Mercado señaló que “los funcionarios públicos son proclives a la opacidad” y generalmente buscarán las herramientas para ocultar información que pueda comprometer su gestión.
Orellana lamentó que la falta de transparencia sea un “mal histórico” y “la esencia misma de la burocracia”.
Asimismo, explicó que los titulares de las secretarías e instituciones pueden solicitar reservas de información, pero que la última palabra la tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).
Agregó que “si hay alguien que está fallando no es el funcionario que pide, porque uno puede pedir cualquier cosa”.
La situación plantea un desafío adicional para los periodistas, sociedad civil y otros interesados en acceder a información pública. Con restricciones cada vez mayores, los medios de comunicación se enfrentan a barreras adicionales para informar a la ciudadanía sobre los asuntos que más afectan a su bienestar y su desarrollo.
En un país donde la lucha contra la corrupción es una de las principales demandas, el acceso a la información es fundamental para garantizar que los recursos públicos sean gestionados de manera honesta y eficiente. La transparencia, insisten los analistas, no es solo un derecho, sino una herramienta esencial para construir una Honduras más justa y democrática.
