Con la protección provisional suspendida, familias hondureñas deben decidir si esperar o retornar, mientras organizaciones advierten que la atención consular no está a la altura del momento.
Tegucigalpa, Honduras. –– El fallo de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito no cerró el litigio sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero sí eliminó la orden judicial preliminar que impedía su cancelación mientras se resolvía el fondo del caso. En la práctica, los hondureños que estaban amparados bajo ese programa pueden ser detenidos y deportados, aun cuando la demanda continúe por años.
Ante ese escenario, Helena Olea, subdirectora de Alianza Américas ––una red de organizaciones de migrantes latinoamericanos en Estados Unidos––, insistió en que las familias deben prepararse: organizar documentos, definir custodias y poderes, prever qué hacer ante una eventual detención y decidir, en el ámbito familiar, si esperar el desenlace judicial o regresar al país bajo sus propios términos.
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Al mismo tiempo, Olea ––quien es abogada especializada en derecho internacional–– señaló que el Estado de Honduras debe fortalecer su respuesta consular y establecer mecanismos claros de acompañamiento y reinserción para quienes enfrentan un retorno.
“No están respondiendo a la dimensión de la necesidad y el temor de las personas es gigantesco en este contexto”, afirmó Olea al referirse a la actuación consular hondureña. A su juicio, el momento exige planificación de consulados móviles, información accesible y acompañamiento efectivo para quienes enfrenten detenciones o decidan regresar al país.
La subdirectora de Alianza Américas sostuvo que el desafío no termina en la recepción inmediata de quienes regresen. Señaló que, mientras países como México y Guatemala han habilitado centros específicos de atención para retornados donde se documenta a las personas y se les brinda atención inicial, Honduras no cuenta con un sistema particularmente fortalecido para el acompañamiento posterior.
A su criterio, el país debe prever mecanismos excepcionales para garantizar la reinserción, en particular de la niñez y adolescencia quienes podrían quedar fuera del sistema educativo si retornan fuera del periodo oficial de matrícula. “No podemos dejar a un niño nueve o diez meses sin escolaridad cuando tuvo que mudarse de país por una situación de su familia”, advirtió.
Un día después del anuncio del fallo, la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional informó mediante un comunicado que coordinan la red consular con academia y organizaciones para brindar orientación jurídica confiable a la población TPS y afirmó que su objetivo es ofrecer información clara para que los hondureños evalúen sus opciones con estabilidad.
Consultada sobre si la coordinación anunciada por Cancillería se refleja en el terreno, Olea señaló que, hasta ahora, no se ha visto una planificación concreta que permita a las comunidades acceder de manera inmediata a orientación y servicios consulares. Indicó que la capacidad operativa es limitada y que, ante un escenario de posibles detenciones, se requieren consulados móviles y acompañamiento efectivo en casos de privación de libertad.
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La abogada también mencionó el caso del consulado hondureño en Nueva Orleans, que opera en el mismo edificio donde funciona una oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Señaló que esa situación no ha sido corregida, pese a las preocupaciones expresadas por la comunidad migrante, y que evidencia la necesidad de decisiones institucionales acordes al contexto de temor que enfrentan los hondureños en Estados Unidos.
Como ejemplo adicional de las limitaciones, mencionó la dificultad para acceder a información básica. “Tú entras al sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores de Honduras y no es posible abrir el listado con las direcciones de los consulados en Estados Unidos. Eso es imperdonable ahora más que nunca”, explicó.
Bajo ese contexto, la abogada recordó que durante años las remesas enviadas por la diáspora hondureña han sido un pilar de la economía nacional. “Sus remesas eran muy apetecidas. Ahora, cuando hay que hacer algo por ellos, no hay nadie con ellos”, afirmó, al subrayar que el momento exige una respuesta proporcional a la contribución histórica de quienes hoy enfrentan un escenario de incertidumbre y posibles retornos forzados.
