El Tribunal de Justicia Electoral inicia la resolución del primer bloque de 20 impugnaciones que podrían abrir la puerta al recuento jurisdiccional, pero llega a esta fase con su independencia cuestionada por la injerencia de los partidos y por un proceso señalado por fraude y discrecionalidad
Tegucigalpa, Honduras. – El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se prepara para resolver hoy el primer bloque de 20 impugnaciones presentadas contra los resultados de las elecciones generales de 2025, informó el magistrado presidente, Mario Flores Urrutia. La resolución definirá cuáles de estos recursos cumplen los requisitos para pasar al recuento jurisdiccional, una etapa clave que permitiría revisar actas, contrastar pruebas y, eventualmente, modificar resultados en determinadas Juntas Receptoras de Votos o circunscripciones.

Según lo anunciado por Flores Urrutia, el pleno del TJE deberá pronunciarse sobre la admisibilidad de las primeras 20 impugnaciones, evaluando aspectos formales y de fondo planteados por los partidos políticos y candidaturas. En los casos en que el tribunal declare “ha lugar” el recurso, se abrirá la vía para un escrutinio jurisdiccional que podría incluir recuento de votos, revisión de inconsistencias y análisis de denuncias de irregularidades.
Esta fase se perfila como la última oportunidad institucional para corregir o confirmar los resultados cuestionados tras un proceso marcado por fallas del sistema de transmisión, denuncias de fraude y acusaciones cruzadas entre las fuerzas políticas.
CNE emite declaratoria electoral sin concluir el escrutinio y reafirma denuncias de fraude
TJE, ENTRE LA INJERENCIA PARTIDARIA Y LA DESCONFIANZA CIUDADANA
El actual proceso electoral dejó al TJE en el centro de las miradas, pero no necesariamente como un árbitro confiable. Desde su experiencia en el extinto Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar advirtió que, aunque la ley exige independencia, en la práctica “hay mucha injerencia de los partidos políticos” tanto en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como en el propio TJE, replicando un esquema de reparto de cuotas que también se observa en instituciones como el Tribunal Superior de Cuentas, la fiscalía general y la Unidad de Política Limpia.

Esta colonización partidaria, señala, dificulta que las resoluciones se tomen “de manera totalmente independiente” y explicó muchos de los conflictos que rodean las decisiones electorales, pese a que el TJE prácticamente se estrena en este proceso como instancia de justicia electoral visiblemente activa.
En cuanto al alcance real de sus decisiones, Aguilar considera que, aunque el TJE revise actas y ordene nuevos conteos, difícilmente cambiará el resultado ya declarado por el CNE pese a que no se contabilizó el total de las actas, pero sí podría modificar cargos específicos como alcaldías o diputaciones, con especial énfasis en la municipalidad de Tegucigalpa, donde aún se disputan resultados.
Presidente del Congreso Nacional pide al Ministerio Público investigar “desastre electoral” de 2025
SIN VOLUNTAD POLÍTICA
El analista político Héctor Soto coincide en que la institucionalidad electoral llegó debilitada a estas elecciones, pero va más allá al afirmar que este ha sido un proceso “bastante atropellado”, con un nivel de discrecionalidad que “nunca habíamos visto”, atravesado por rumores, riesgos y evidencias de procedimientos poco confiables, al punto de que hubo candidatos presidenciales que denunciaron un proceso “minado por el fraude electoral”.

En su lectura, el TJE “terminó siendo un reflejo del CNE, una extensión de los partidos políticos”, en un escenario marcado por la alianza entre el Partido Liberal y el Partido Nacional para “dejar por fuera al Libre de cualquier espacio de poder o de cualquier tipo de negociación”, lo que habría desplazado al tribunal de su rol de árbitro y lo habría colocado como defensor de los intereses de esas fuerzas.
Soto recuerda, además, que el TJE no recibió su presupuesto a tiempo y que sus magistrados se enfrascaron en una “seudopersecución judicial” que quebró la confianza interna, de modo que “no hay los recursos, pero tampoco la voluntad política y la confianza política para poder operar de manera confiable”.
A la luz de las decisiones sobre los recursos de Salvador Nasralla, que han sido desestimados, el analista sostiene que el tribunal únicamente “afianza la sensación de desconfianza que deja este proceso electoral”, porque las determinaciones del CNE se mantienen intactas al pasar por el filtro del TJE, dejando como saldo unas elecciones cuestionadas y con el fantasma del fraude que se acercan a su cierre formal, pero con una ciudadanía que percibe que la justicia electoral no corrigió las distorsiones, sino que terminó avalando una decisión política tomada desde el inicio.





