Tegucigalpa. El jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción en Honduras (UFERCO), Luis Javier Santos, desmintió que con el estatus especial que, confirió el Congreso Nacional a la unidad, esta se convierta en una paralela al Ministerio Público, por el contrario, aseguró que se fortalece la lucha contra la corrupción.
Por su parte, la comunidad internacional respalda la determinación y trabajo de la UFERCO frente a un Ministerio Público que fue cooptado por la estructura criminal que se instauró tras doce años en el poder del conservador Partido Nacional.
El Congreso Nacional aprobó el decreto legislativo que permite a la UFERCO presentar requerimientos fiscales contra implicados en casos de corrupción sin necesidad de aprobación del fiscal general Óscar Fernando Chinchilla u otra autoridad dentro del Ministerio Público.
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Además, le otorgó la potestad de solicitar información o secuestrar documentos de cualquier institución pública o privada que requiera sin necesidad de ser autorizado por parte de un juez las veces que sean necesarias a fin de contar con pruebas necesarias en los casos que presente la entidad fiscal.
Chinchilla, a través de las redes sociales del Ministerio Público, expuso que la normativa eleva al mismo rango de fiscal general a Santos quien contraria dicha postura al afirmar que lo único que se garantiza es evitar obstáculos para presentar requerimientos fiscales.
“Ese decreto no va a cambiar en nada la actuación del fiscal de la UFERCO dentro del Ministerio Público, lo que hace este decreto es garantizar que, si en algún caso se le dice no, este se debe de presentar y va a estar autorizado para presentarlo a los tribunales, así entendemos nosotros, pero la UFERCO sigue igual”, aseguró.
El fiscal anticorrupción aclaró que se respetará el orden autoritario del Ministerio Público con la salvedad que no necesitarán autorización para ejecutar la acción penal pública, es decir, ordenar la judicialización de los imputados en corrupción.
“Nosotros tenemos nuestros superiores jerárquicos que es la Dirección General de Fiscalía y luego el fiscal general, seguimos instrucciones de ellos y las vamos a seguir siempre y cuando estén enmarcadas dentro de la Constitución, que siempre han sido así”, reiteró.
Santos aclaró que la independencia que la UFERCO necesita es para trabajar contra las redes de corrupción sin obstáculos por lo que desmintió que se conviertan en una paralela a las facultades de la fiscalía general.
“Se necesita la independencia de la UFERCO, pero no es independencia de instituciones porque la unidad tiene que pertenecer al Ministerio Público. Cuando se habla de independencia, se habla que los políticos no se involucren en el trabajo que nosotros hacemos, que la propia institución nos deje trabajar libremente y, además, que se nos dé el recurso necesario para investigar los casos; de esa independencia se habla, no es que la UFERCO quiera ser una paralela”, aseveró.
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De igual forma, reaccionó sorprendido de la postura de Chinchilla al hacer creer que tendrá el mismo rango algo que calificó de absurdo y que aquellos que cuestionan el decreto es “porque no han leído lo que contiene”.
“Nosotros no pretendemos ser paralela de nadie, nosotros no estamos a favor de ningún partido política ni en contra de los partidos políticos nosotros estamos a favor de la justicia y que se investiguen los casos y se lleven ante los tribunales”, insistió.
Además, expuso que los fiscales que conforman la UFERCO han sido sometidos a tratos arbitrarios, como en el caso Pandora en el que se imputó a varios congresistas, excongresista y exfuncionarios que desviaron alrededor de 300 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para financiar campañas políticas.
Santos develó que el Poder Judicial desautorizó que los fiscales de la UFERCO ingresaran por donde entran los magistrados siendo solo los sindicados en el caso quienes tenían acceso mientras ellos ingresaban por la entrada principal poniendo en riesgo su integridad.
“Nosotros no somos los malos, lo que estamos haciendo es presentando acciones ante los tribunales para que se haga justicia”, concluyó.
COMUNIDAD INTERNACIONAL LO RESPALDA
Pese que en Honduras se mantiene una campaña en contra de la UFERCO orquestada por sectores ligados a la corrupción, a nivel internacional la normativa que se aprobó en el Congreso recibe el respaldo al igual que el trabajo de la unidad anticorrupción.
El propio Departamento de Estado de Estados Unidos, a través de Twitter, respaldó la lucha contra la corrupción y el trabajo de la UFERCO alabando la independencia que se le otorgó independencia a Santos quien se encontraba maniatado a las directrices de Chinchilla.
“Preservar la independencia y el funcionamiento de los fiscales es vital para fortalecer la lucha de Honduras contra la corrupción y la impunidad. Apoyamos el trabajo de UFERCO y otras unidades anticorrupción para investigar y enjuiciar a los actores corruptos en todos los niveles de gobierno”, detalla el tuit.
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De igual forma, la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés) se pronunció a favor de la UFERCO y la independencia para que los jueces y fiscales realicen sus labores sin presiones externas de élites criminales.
“Desde Wola expresamos nuestro apoyo a la UFERCO en Honduras. Es indispensable que su labor de investigación y persecución penal se ejerza con independencia a poderes externos y élites criminales que han debilitado la lucha contra la corrupción”, exponen.
Chinchilla fue salpicado en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York en el juicio contra el narcotraficante hondureño Geovanny Fuentes Ramírez, quien aseguró que Hernández impuso en el cargo a Chinchilla y lo reeligió de manera ilegal con la finalidad de proteger la actividad criminal de la estructura que erigió el expresidente quien enfrenta un juicio por narcotráfico en los Estados Unidos.
La Comisión Especial de Extradición del Congreso Nacional recomendó someter a juicio político a Chinchilla y el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta, por supuestas vinculaciones directas con actividades delictivas, sin embargo, no cuentan con los votos requeridos para su ejecución.
