En el contexto de las elecciones primarias del 9 de marzo de 2025, Tirso Ulloa, exsecretario general del Instituto de la Propiedad, busca una diputación por Comayagua bajo el partido Libre, a pesar de estar bajo investigación por la presunta solicitud de favores sexuales a cambio de plazas laborales
A esto se suma su ambigüedad respecto a la derogación del Decreto 04-2022, señalado como un pacto de impunidad, lo que plantea dudas sobre si su llegada al Congreso buscaría consolidar estructuras que blindan a los corruptos o si realmente apostaría por reformas que las desmantelen
Tegucigalpa, Honduras. – Tirso Ulloa Ulloa, exsecretario general del Instituto de la Propiedad (IP) y ahora precandidato a diputado por Comayagua bajo la bandera del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), intenta reinsertarse en la política a pesar de estar bajo investigación por la presunta solicitud de favores sexuales a cambio de plazas laborales, un señalamiento que lo llevó a dejar su cargo en mayo de 2023.
En ese momento, se filtraron audios y conversaciones en los que supuestamente ofrecía empleos en la institución a cambio de encuentros sexuales. La denuncia tomó fuerza y la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer del Ministerio Público (MP) abrió una investigación de oficio en su contra por solicitud de actos de contenido sexual, delito contemplado en el Código Penal con penas de hasta dos años de cárcel, multas e inhabilitación absoluta de cinco a diez años para ejercer funciones públicas.
A pesar de que su nombre quedó vinculado a un escándalo, Ulloa insiste en que la investigación fue archivada y que nunca hubo pruebas en su contra. «Mi abogado me informó que el caso ya está cerrado, nunca hubo una denuncia real«, declaró en entrevista con Criterio.hn, asegurando que todo fue una estrategia de sus adversarios políticos para apartarlo del cargo.
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Aunque Ulloa sostiene que su caso está cerrado, la realidad es diferente. Yulissa Gómez, portavoz de la Fiscalía Especial de Protección a la Mujer, confirmó que la investigación sigue abierta, pero enfrenta un obstáculo: la parte afectada no ha comparecido ante las autoridades.
“El caso sigue abierto, pero aún no se ha identificado a la víctima. La Fiscalía continúa con las diligencias para establecer quién es y contactarla, pero si no se logra, el proceso será cerrado”, explicó Gómez a este medio de comunicación.
Wendy Cruz, coordinadora de Vía Campesina Feminista, considera que los partidos políticos deberían restringir la postulación de personas que estén bajo investigación y advierte que la falta de un marco legal que impida la candidatura de individuos señalados por presuntos delitos de violencia sexual, solicitud de actos de contenido sexual y otras infracciones similares contribuye a que estos casos queden en la impunidad.
«El abuso de poder en los funcionarios de este país es un problema histórico. Exigen favores sexuales a mujeres que buscan una oportunidad laboral, y esto sigue ocurriendo porque las víctimas no tienen confianza en el sistema de justicia. La impunidad es lo que les permite seguir en la política sin consecuencias», sostuvo Cruz.
Además, destacó que los procedimientos judiciales en Honduras son lentos e ineficaces, lo que desmotiva a las víctimas a continuar con sus denuncias. “Las mujeres que atraviesan este tipo de situaciones terminan doblemente victimizadas. Primero por el abuso y luego por la burocracia que las obliga a repetir sus denuncias sin obtener respuestas”, añadió.
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DE LA ACUSACIÓN, A LA CANDIDATURA
A pesar del proceso en su contra, Ulloa se posiciona como víctima de persecución política, asegurando que su salida del Instituto de la Propiedad respondió a su lucha contra la corrupción dentro de la institución y no a las denuncias que lo vinculan con solicitud de favores sexuales.
Según su versión, su oposición al supuesto saqueo en el IP lo convirtió en blanco de una estrategia para desacreditarlo y apartarlo del cargo. «Fui relegado de mis funciones, pidieron mi destitución varias veces y, cuando no lo lograron, montaron un caso en mi contra», afirmó.
Sin embargo, su discurso de lucha anticorrupción no fue suficiente para sostenerse en la institución. El 22 de mayo de 2023, presentó su renuncia al Instituto de la Propiedad, alegando que se trató de una decisión personal acordada con Manuel Zelaya Rosales, expresidente de Honduras (2006-2009), coordinador de Libre y asesor presidencial. «No fui obligado a salir, tenía asuntos pendientes en mi bufete y decidí regresar», aseguró.
Ahora busca una diputación por Comayagua, convencido que el electorado respaldará su regreso. No es la primera vez que lo intenta. En procesos anteriores, asegura haber logrado posiciones favorables dentro de las listas internas de Libre, pero nunca ha logrado ocupar un escaño en el Congreso Nacional.
¿APOYARÍA LA DEROGACIÓN DEL NUEVO PACTO DE IMPUNIDAD?
Más allá de las acusaciones, otro punto que genera dudas sobre su candidatura es su postura ambigua sobre la derogación del Decreto 04-2022, conocido como «Ley de Amnistía Política», que ha sido señalado por distintos sectores como un «pacto de impunidad» que benefició a actuales funcionarios vinculados a corrupción.
Este decreto ha sido un punto de controversia, y la ONU ha exigido la eliminación de sus artículos 4 y 8 como una condición para la llegada de la Comisión Internacional Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH).
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Consultado sobre si votaría a favor de derogar el decreto, Ulloa titubeó y evitó comprometerse con una respuesta clara. «Habrá que analizarlo, porque hubo personas que realmente fueron perseguidas», mencionó, sin precisar si respaldaría su eliminación.
Su falta de definición genera dudas, ya que la derogación del 04-2022 es una de las condiciones clave para sanear el sistema de justicia hondureño y evitar que figuras políticas vinculadas a corrupción continúen operando con impunidad y, además, es un requisito para la instalación de un mecanismo anticorrupción en Honduras.
Mientras se acerca el día cero de la contienda electoral, la candidatura de Tirso Ulloa sigue bajo la lupa. Su salida del Instituto de la Propiedad dejó abiertas varias interrogantes, y su insistencia en proyectarse como víctima de persecución política no ha despejado las sospechas en su contra.
Ahora, el electorado de Comayagua deberá decidir si le concede un espacio en el Congreso Nacional o si lo considera parte de la misma estructura de poder que busca posicionarse en el Legislativo para operar sin rendir cuentas. Una dinámica distinta a cuando, según su propio testimonio, debía consultar con Manuel Zelaya antes de tomar decisiones dentro del Instituto de la Propiedad, incluso para presentar su renuncia.
