En tiempos de elecciones y de criminales

Por: Gustavo Zelaya

El capitalismo neoliberal y su forma extractivista tiene algo visible desde antes de 1990: el crecimiento del papel de los narcos en la política y en los negocios. Las ventas de esos productos son más de 700 mil millones de dólares anuales, igual al PIB combinado de México y Argentina. Los países pobres logran cuotas mínimas y en las metrópolis de distribución y consumo en gran escala las ganancias de narcos y sus siameses políticos es del 90% (2009-121, 122).

En el lavado del dinero participa el sistema financiero local e internacional, desde donde se obliga a que países como Honduras coloquen en otros lugares parte de los fondos nacionales. Por eso, en nuestra Hibueras no hay porque organizar paraísos fiscales cuando, de hecho, todo el sistema hondureño, político-económico-financiero, funciona como tal; es parte del movimiento del capital depredador que aniquila a sus opositores.

Las cifras son mayores, si agregamos negocios legales, como la industria, el comercio en todas sus formas, turismo, minería, transporte, construcción, especulación financiera, tecnología, incluyendo procesos de privatización, concesión del territorio y malversaciones; suman más del 20% del producto bruto mundial. En ordenado tropel participan jefes de estado, funcionarios internacionales, mafiosos e inversionistas, valga la redundancia. No es como dicen ciertos analistas del patio que políticos y mandatarios están secuestrados por grupos criminales infiltrando gobiernos, o que los criminales sobornan ingenuos políticos y colocan fondos en honestos bancos, es propio del sistema, es su voraz esencia que utiliza cualquier recurso para reproducirse y lograr mayores ganancias. Es decir, las prácticas delictivas son parte del desarrollo del capitalismo, son variaciones de los procesos de acumulación. Ocurren independientemente del aspecto elegante, honorable y educado de los banqueros como fingen muchos de nuestro medio.

La presencia de grupos criminales es decisiva en el sistema social que incluye la economía y la política; el rastreo de esas redes conduce a importantes grupos financieros. Y su conducta depredadora no sólo está en la economía nacional, es una de las tendencias principales del capitalismo que coincide con el control político, con relativas crisis financieras, con el empobrecimiento de grandes sectores, con las formas de la violencia, con el asesinato de defensores y defensoras de derechos y bienes comunes, con la impunidad y la corrupción. También las epidemias, el hambre, guerras regionales por razones diversas como las étnicas y las religiosas, las migraciones, la xenofobia y otros efectos, que tienen orígenes estructurales potenciados por la llamada globalización neoliberal.

Lo que ocurre en la política y en las finanzas se despliega gracias al dominio militar, empresarial, de algunos políticos y, fundamentalmente, con el visto bueno del Departamento de Estado norteamericano. Esto es muy importante en cualquier cuestión que se discuta. Para ese poder el país interesa no sólo para el tránsito de drogas, también por su posición geográfica respecto a Venezuela y a Cuba y por sus bases militares. Para ello cuenta con el rol que desempeña la industria militar-tecnológica de países como Israel en la infiltración y seguimiento de personas que incomodan al sistema. Un ejemplo brutal fue el asesinato de Bertha Cáceres. Hay otros aspectos básicos que ponen sello distinto y macabro a la situación nacional:  la fuerza de la industria extractivista y la ley de fomento al turismo. 

La forma extractivista del capitalismo no sólo es asunto económico de profundas agresiones a la naturaleza, posee contenidos patriarcales, racistas y de agudización de las diferencias de clase; controla, explota, domina el territorio y el cuerpo humano; con tintes de mayor violencia sobre las mujeres. Se pretende civilizar y otorgar nuevos elementos culturales a economías locales con ayuda de políticos incondicionales y un sistema de poder corrupto que legisla y garantiza la ganancia de las empresas, sin consultar a las comunidades.

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La Ley de Fomento al Turismo en Honduras coincide con el extractivismo y la construcción de represas. La autoridad afirma que fue socializada con todos los sectores y se contradice al sostener que algunas organizaciones criticaron el proyecto y se alejaron de la discusión. Según la versión digital de El Heraldo para los empresarios del turismo el 2015 significó una ganancia de 720 millones de dólares. Según fuentes oficiales en ese año el empleo en este rubro fue más de 210 mil personas en donde el 52% corresponde a mujeres.

Al dejar en manos del gobierno definir qué zonas son turísticas, lo más seguro es que esa industria profundice la expropiación, la represión, la entrega y expolio de muchas regiones. El delirio gobiernista sobre beneficios en minería y turismo cae por los suelos cuando no hay posibilidad de generar empleo estable a corto plazo. En especial por la tendencia a la precarización del trabajo. El desempleo aumenta, lo mismo que la población urbana y el crecimiento de las zonas empobrecidas en ciudades muy vulnerables, controladas por la delincuencia y con pésimos servicios públicos. Algo así es el contexto.

En este espacio hay entidades sociales, políticas y personas que se arriesgan y activan por crear condiciones mínimas de convivencia, que intentan cambiar la situación nacional; pretenden representar a grupos marginados y a lo que llamamos pueblo. Hay experiencias de organizaciones no tan abarcadoras como los sindicatos, patronatos, los estudiantes, las feministas y el movimiento social, con coincidencias no plasmadas en efectivos programas comunes de largo plazo. Unas confían en el proceso electoral y otras lo ven como nueva fase de ilegalidad.  En nuestro país, los estudios sistemáticos sobre procesos electorales son muy pocos y, casi todos, muestran lo meramente estadístico que, siendo importante, no consideran otros aspectos de la realidad.

Los que participan en el ilegal proceso electoral tienen la ilusión de arrancar reformas, restaurar instituciones y modificar desde dentro al sistema. Se espera que consideren que todos los aparatos estatales están bajo el control del actual gobernante De lograr algo se mantendrán intactas las bases materiales del poder económico. Es probable que las reformas democraticen un poco el poder económico y modifiquen el rol de las fuerzas represivas. Pero no significan cambios radicales en la estructura económica y política. En esto no hay que olvidar estas cuestiones: ¿Qué pasa con el gobierno norteamericano y la respectiva coyuntura? ¿Qué ocurre con el papel legitimador de la comunidad internacional? ¿Y el rol de los militares como guardianes de la “democracia”? ¿Y la tradición política en la conciencia popular?

A todos nos interesa que el Estado no aumente impuestos, que el funcionario sea honesto y eficiente, que existan más fondos públicos en educación y salud, salarios justos y respeto a las organizaciones sociales. Mientras que cuando se habla en programas políticos o en discursos, de solidaridad, igualdad, participación etc., parecen simples proclamas cuando hay desempleo, asesinatos de mujeres y hombres jóvenes, represión en el Aguán, comunidades asediadas por terratenientes, empresas mineras y constructores de represas confabulados para liquidar personas, etc., situaciones que deben ser enfrentados con acciones concretas, prácticas y con un sistema judicial realmente justo que no legitime los abusos.

Creemos que los pocos progresos logrados en activismo, en organización, y en ese elegante nombre de la “incidencia”, significan desarrollo en la conciencia social. Pero ¿Tenemos ya ese desarrollo en la conciencia? ¿O confundimos la conciencia social del grupo cercano con la de todo el pueblo oprimido? Pero la organización democrática de los movimientos sociales y políticos es cuestión crucial, no sólo para que la lucha crezca, también para enfrentar la cuestión del poder que sirva a los intereses y aspiraciones del pueblo trabajador. 

El golpe de Estado de 2009  conduce a etapas de gran carestía, desempleo, inestabilidad social, criminalidad y aumento de la violencia institucional; es cuando surgieron como tóxicos hongos individuos con una definida función pública que no han sido capaces de cumplir, como los que  participan en las comisiones interventoras del gobierno, responsabilizan a la oposición política de impulsar campañas contra los cuerpos de seguridad, de desprestigiar la imagen del país y sembrar dudas sobre el proceso electoral. 

Los que lanzan esas acusaciones pretenden prestigiar la política tradicional con la complicidad de supuestos académicos, empresarios de la religión, “neutros y objetivos” representantes de la sociedad civil; de hecho, se desempeñan como entusiastas activistas del partido de gobierno con la ayuda de obsequiosos analistas y de importantes medios de comunicación al servicio del poder.

 Esos y otros momentos muestran que la crisis nacional todavía no ha tocado fondo, que existen etapas que podrían ser más peligrosas como la intimidación desde el gobierno contra la oposición, mayores niveles de represión y criminalización de las protestas, más corrupción e impunidad en todo el sistema político y jurídico.

Esos momentos de nuestra realidad sugieren la necesidad, para quien aspire dirigir el país, de diseñar propuestas políticas que posibiliten superar el desorden provocado por los partidos tradicionales desde sus diferentes gobiernos. Se trata de salir del descalabro, ordenar las finanzas, edificar un sistema social más justo, solidario, equitativo, respetuoso de los derechos humanos y de la naturaleza, al cual se podrá llegar en un proceso que considere la participación de diversos sectores de la sociedad hondureña. Las propuestas que nazcan de los movimientos sociales o de los grupos políticos opositores tendrán que tomar en cuenta que, si algo puede cambiarse, no será sólo el orden burocrático ni en el que piensan los formados bajo rígidos esquemas castrenses y policiales; no será el orden cuartelarlo ni el que se impone desde la oficina del gobernante-gendarme, o de complejas invenciones intelectuales. Es de otra organización social que ponga en el centro del desarrollo a la persona humana, diversa en sus exigencias y posibilidades, con todas sus necesidades materiales y espirituales, algo inconcebible desde la obscura política tradicional ni en las condiciones del vandálico neoliberalismo.

Fuentes consultadas. 

Beinstein, Jorge (2009): Crónica de la decadencia. Capitalismo global 1999-2009; Cartago Ediciones, S. A., Argentina.

Gobierno de la República de Honduras. Instituto Hondureño de Turismo: Boletín de estadísticas de turismo, 2010 ‐ 2014