Las instituciones continúan acumulando sanciones sin que ello represente un cambio en su política de opacidad. Esta situación deja en entredicho la capacidad de la Ley de Transparencia para garantizar una verdadera rendición de cuentas y una apertura de datos al escrutinio ciudadano
Las multas, si bien representan ingresos para el Estado, no cumplen con el objetivo principal de la ley: el derecho de la ciudadanía a la información pública
Tegucigalpa, Honduras. -Entre 2020 y 2024, la Tesorería General de la República de Honduras, a través de la Procuraduría General de la República (PGR), ha recaudado 10,476,418.67 de lempiras en multas impuestas a instituciones públicas que han incumplido la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Esta cifra, lejos de reflejar un avance en transparencia, pone en evidencia una tendencia alarmante. Según analistas, muchas instituciones optan por pagar sanciones en lugar de proporcionar la información que la ciudadanía demanda.
Analistas consultados por Criterio.hn sugieren que estas multas son vistas por los encargados de las instituciones como un «costo asumible» para evitar la exposición de información sensible que podría comprometer a funcionarios o decisiones de la administración.
De igual manera, señala que, las multas, aunque millonarias, no logran revertir una cultura de opacidad en la gestión pública, pues las sanciones económicas no representan un freno efectivo para quienes prefieren mantener ciertos datos bajo reserva.
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ENTRE 2022 Y 2024, LA TESORERÍA RECIBIÓ MÁS DE 7 MILLONES DE LEMPIRAS
De acuerdo, a la solicitud de información realizada por Criterio.hn a la Procuraduría General de la República (PGR) los años con la mayor recaudación por concepto de multas son: 2022 y 2023. Es decir, que en esos dos años la Tesorería General de la República percibió de 7,210,404.61 de lempiras.
En el documento enviado por la Procuraduría General de la República (PGR) exponen que “a partir del año 2020 es donde se reflejan los primeros ingresos percibidos por concepto de multa IAIP, por lo tanto, en nuestras bases de datos no hay registros del año 2018 y 2019”.
En 2020 la Tesorería General de la República recibió 300,166.75 lempiras por concepto de multas; en 2021 ingresaron 1,547,507.30 de lempiras; en 2022 se percibieron 4,029,006.32 de lempiras; en 2023 se obtuvieron 3,181,398.29 de lempiras y hasta septiembre de 2024 se percibieron 1,418,340.01 de lempiras.
En ese sentido, el Estado percibió 10,476,418.67 de lempiras por el incumplimiento de las instituciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Además, este medio digital solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) el número de recursos de revisión y de expedientes sancionatorios interpuestos a las distintas instituciones obligadas que de alguna manera incumplieron con la Ley de Transparencia.
Según los datos proporcionados, entre 2019 y 2023, se interpusieron 1,718 recursos de revisión. El año en el que más recursos de revisión se interpusieron es el 2019 con 421; seguido por el 2023 con 411; mientras que en el 2022 hubo 371 y en 2021 fueron 308.
De los 1718 recursos de revisión se han resuelto 1314, y se han impuesto varias sanciones monetarias que no excedan los tres salarios mínimos. Entre 2020 y 2022, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) impuso 466 sanciones –monetarias y amonestaciones por escrito— a instituciones que en su mayoría son alcaldías.
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MILLONARIOS PAGOS POR INCUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA, REFLEJAN UN PANORAMA OPACO
A juicio de analistas consultados por Criterio.hn estas cifras, pagadas por incumplimiento a la Ley de Transparencia, lejos de reflejar un avance en transparencia, pone en evidencia una tendencia alarmante sobre la opacidad que existe en la institucionalidad hondureña.
Por otro lado, señalan que las sanciones que contempla la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública son “suaves”, y no persuaden a los titulares de las instituciones a cumplir la ley. Por lo que recomendaron una reforma a la normativa para imponer acciones fuertes ante el incumplimiento de la misma.
Sobre el tema el director de Democracia y Transparencia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ), Juan Carlos Aguilar, expuso que estas grandes cantidades de dinero erogadas por el incumplimiento de la Ley de Transparencia dejan “un mensaje negativo”.
En una entrevista brindada a este medio digital, el abogado explicó que el recurso a estas sanciones evidencia la necesidad de reforzar el sistema de control y vigilancia de la transparencia en Honduras.
«La ley actual permite castigar económicamente el incumplimiento, pero no logra disuadir la conducta, ya que los funcionarios y directores prefieren absorber el impacto financiero antes que revelar información comprometida», externó.
Añadió que esta situación sugiere que el mecanismo sancionador no es suficiente para garantizar un acceso real a la información pública
“Al final de cuentas las sanciones que impone el IAIP son audiencias de descargo y la imposición de multas, pero realmente no hay ninguna acción que genere y sea una coerción para que las y los funcionarios cumplan con la ley”, manifestó el entrevistado.
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SUGIEREN REFORMAS A LA LEY DE TRANSPARENCIA Y SANCIONES SEVERAS A QUIENES INCUMPLEN
En la normativa se habla sobre la imposición de sanciones a las instituciones obligadas que incumplan con la normativa. Los artículos del 26 al 29 señalan los procedimientos y motivos de sanciones que serán impuestas a las instituciones.
Estas sanciones pueden variar desde una amonestación por escrito hasta la imposición de multas que oscilan entre medio salario y 50 salarios mínimos mensuales, dependiendo de la gravedad de la infracción, debiendo ser enterados dichos valores en la Tesorería General de la República.
Además, habla de la posibilidad de cesantía o despido, dependiendo de la gravedad de la falta.
Entre tanto, el exdiputado del Partido Anticorrupción (PAC) Aníbal Cálix sugirió que se debe reformar la Ley de Transparencia para aplicar sanciones más efectivas para aquellos funcionarios que persisten en incumplir la ley.
“Las sanciones contempladas en la ley no son severas y a los funcionarios les resulta más fácil pagar la sanción administrativa que entregar la información que les va a generar un conflicto”, afirmó el analista.
Enfatizó que sin estas modificaciones, los procesos de rendición de cuentas continuarán viéndose obstaculizados, y el acceso a la información pública seguirá siendo una promesa incumplida en el país.
En conclusión, mientras el Estado hondureño recauda millones en concepto de sanciones, la falta de transparencia persiste, afectando la confianza ciudadana en las instituciones.
Además, hasta que no se implementen sanciones más contundentes, que incluyan consecuencias directas para los responsables, los analistas consideran que las multas seguirán siendo una «válvula de escape» para instituciones que optan por la opacidad, en detrimento del acceso a la información y de la participación democrática.
