Por: Edgar Soriano Ortiz
Luego del golpe de Estado del 28 de junio de 2009 la violencia estatal rectorada por élites dispuestas a todo en su afán de aferrarse al control institucional y al monopolio mediante concesiones y contratos con el Estado se ha manifestado sin contemplar la profunda crisis social que ha conllevado sus actitudes impositivas.
De ese contexto de imposiciones políticas, de irrespeto a los derechos de la ciudadanía y constante violación a una constitución “liberal decimonónica” en harapos que la elites vociferan “defender” se instaló en 2010 el poder político del régimen del partido Nacional. Régimen que comenzó a diseñar una estrategia jurídica para garantizar el proceso de instaurar el proyecto de las “ciudades modelos”, iniciativa liderada por el presidente del congreso Juan Orlando Hernández. Aunque el proyecto fue declarado inconstitucional en 2012, JOH logró destituir a la sala Constitucional de la corte Suprema de Justicia el 12 de diciembre de 2012 lo que le dio paso en 2013 a la aprobación de forma inconstitucional del proyecto con el cambio de nombre Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
Por decreto legislativo n° 266-2013 el gobierno determinó “optimizar la administración pública” , en un documento presentado por Centro de Estudios Para La Democracia (CESPAD) en octubre de 2015 se plantea que dicho decreto viene a: “…un proceso que va más allá de una simple educación administrativa, en realidad el proceso en curso de una reforma parcial del Estado, con una orientación políticamente conservadora, que está motivada la necesidad de adecuar el Estado al proyecto económico impulsado por la elite históricamente dominante y al proyecto político reeleccionista, tanto del actual presidente de la república como del partido Nacional.”
Tras el triunfo de Juan Orlando Hernández en las controversiales elecciones de 2013, donde el partido Nacional fue señalado por los partidos de oposición electoral de montar un proceso fraudulento al utilizar las instituciones a su favor y dinero estatal para imponer el triunfo de JOH. Además, según estudios los financiamientos para lograr el triunfo como las tradicionales e ilegales compra de votos, se identifican los fondos provenientes legalmente del Estado y el financiamiento de la sociedad: contribuciones legales de los simpatizantes, militantes y activistas; contribuciones legales o ilegales de empresarios, concesionarios y contratistas del Estado; y contribuciones ilegales provenientes del crimen organizado.
La tendencia del Estado hacia un “estadotropismo” (un acercamiento al crimen) que enmaraña e involucra a los funcionarios públicos y de empresas privadas en negocios de lavado y contrabando, que son características mostradas en las últimas décadas por el Estado hondureño. El Ministerio Publico ha presentado evidentes características de mantener injerencias, en septiembre de 2013 el congreso controlado por JOH destituyó al Fiscal General y Adjunto sustituyéndolos por Oscar Chinchilla y Rigoberto Cuellar, Fiscales General y Adjunto respectivamente. El Ministerio Público es una institución controlada por los políticos y por redes de mafias viéndose imposibilitado para poder afrontar los retos de mantener el respeto a las leyes vigentes y el combate a la corrupción, demostrado en el escándalo y criminal saqueo de miles de millones de lempiras de las instituciones de pensiones y seguridad social para beneficiar el continuismo del régimen.
En los últimos 6 años el régimen dirigido por el Partido Nacional ha propiciado políticas neoliberales acentuadas desde la firma del TLC, como las cargas fiscales y el endeudamiento, que han aumentado considerablemente, en diciembre de 2013 el congreso aprobó la ley de Ordenamiento de las finanzas públicas, control de exoneraciones y medidas antievasión mediante decreto 278-2013 generando el aumento del impuesto sobre la venta a un 15%, aumento de los impuestos a los derivados del petróleo, aumento a la energía eléctrica, reducción de subsidios, ampliación de exoneraciones, privatización de carreteras, penaliza la economía informal .
El régimen que dirige JOH y su grupo se han enrumbado por el camino de la ilegitima reelección y ha impulsado una remilitarización del Estado. El gobierno pro neoliberal de JOH ha generado un agresiva campaña mediática sobre la “seguridad” mientras potencia los aparataos armados y lesiona derechos de la ciudadanía.
En un informe presentado por el Programa Estado de la Nación (PEN) el gasto militar en Honduras incrementó en los últimos diez años en un 149% tres veces más que el resto de Centro América, demostrando la visión de la elites de instaurar mecanismos policíacos y militares pero sin la capacidad de generar reformas sociales que permitan atacar el problema toral de la violencia y la pobreza que radica en la histórica desigualdad social y la carencia de políticas de democratización ciudadana. La creación de la Policía Militar del Orden Publico (PMOP) fue un proyecto que JOH quiso darle rango constitucional en enero de 2015, intento que no fue aprobado en congreso con 67 votos en contra y 61 a favor. Sin embargo, esa organización militar ha seguido funcionando pese a las diversas denuncias de violaciones a los derechos de la ciudadanía.
En su recta final el régimen del partido Nacional y el grupo de JOH trabajan en imponerse mediante un proceso electoral lleno de desconfianza y la seguridad del fraude con un gobierno que tiene a su servicio las instituciones y sus recursos económicos. El acuerdo con la OEA sobre regular y transparentar los financiamientos para las campañas electorales son endeble cortina de humo que no puede ocultar lo excesos y los ventajismos del régimen.
La trama mediática y descredito contra la oposición política con la imposición de un nuevo código penal donde intentan tipificar igualitariamente delitos comunes de robo y asesinato con la “insurrección” es una jugada dañina para Honduras. El mensaje de un gobierno autoritario que intenta asegurar la reelección del actual gobernante está claro, cuidado protestan o atentan contra los resultados electorales de noviembre. El terrorismo es concepto impuesto por las elites gobernantes cuando en realidad han sido los Estados que han aterrorizado a la población para que vivan con miedo y acepten la “libertad” y la “democracia” como un entendimiento absoluto de televisión y radio.
La situación es compleja y la incertidumbre mantiene estresada a la conciencia nacional, mientras sus élites con egoísmo se reparten el pastel y se burlan de la memoria poblacional, implantan el terror con una burda teatralidad que no podrá ocultar el desastre de impensables consecuencias para las poblaciones de Honduras. El permiso para matar gana terreno, mientras el permiso para castigar a las élites terroristas y saqueadoras se esfuma en el proscenio de un teatro fascista y procolonial…
