“La poca credibilidad y desconfianza hacía la Policía se puede evidenciar en la falta denuncias. La desconfianza es porque las personas están viendo que se implementan medidas en contra de ese delito, pero no dan resultados”
Tegucigalpa, Honduras.- El temor y la impunidad serían los principales motivos por los que la población hondureña, precisamente los rubros más vulnerables, no están denunciando ante las autoridades de seguridad que están siendo víctimas del delito de extorsión, orquestado y ejecutado por maras y pandillas que conforman el crimen organizado.
Para Mirna Flores, investigadora de asuntos de seguridad del Centro de Estudios para la Democracia (Cespad), el temor a una represalia de los encargados de cometer el delito, sería el primer impedimento para establecer la denuncia ante la Policía Nacional o el Ministerio Público (MP).
Flores explicó que el temor podría obedecer a dos aristas principales: desconfianza hacía la institución armada, porque podrían estar ligados al crimen organizado y, en consecuencia, a las represalias que podría desencadenar interponer la denuncia.
“La poca credibilidad y desconfianza hacía la Policía se puede evidenciar en la falta denuncias. La desconfianza es porque las personas están viendo que se implementan medidas en contra de ese delito, pero no hay resultados”, dijo Flores en plática con Criterio.hn.
Agregó que “desde el punto de vista de la población que está siendo víctima de este delito, viviendo bajo amenazas, este problema no se ha resuelto. Lo podemos ver con los transportistas, que es uno de los rubros más afectados”.
Lo expuesto por Flores, lo confirman las declaraciones que dio el empresario del transporte urbano, Jorge Lanza, quien aseguró que, aunque las autoridades estén implementando medidas en contra de la extorción, estos siguen siendo víctimas, destinando millonarias cantidades de dinero para pagarles al crimen organizado.
Lanza contó que mensualmente sólo en el Distrito Central los buses de transporte urbano pagan por extorsión al crimen organizado unos 20 millones de lempiras y, de negarse a efectuar el desembolso millonario, las estructuras criminales terminan ejecutando a los encargados de trabajar en las unidades.
En lo que va de este 2023 el crimen organizado ha asesinado a 56 transportistas (entre ayudantes y conductores), 10 menos de los que se contabilizaron hasta el 26 de noviembre de 2022, cuando todavía no se había implementado el estado de excepción, que fue hasta el 6 de diciembre de ese año.
Precisamente el gobierno de la presidenta Xiomara Castro implementó el estado de excepción el 6 de diciembre de 2022 y lo han ido extendiendo periódicamente, para combatir la extorsión y otros delitos conexos, sin embargo, a criterio de Flores, las acciones para combatir la incidencia delictiva, todavía no se pueden ver reflejados en los sectores más vulnerables de la sociedad.
El estado de excepción ha ido acompañado de otras medidas, como la intervención de efectivos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) en los siete departamentos hondureños catalogados como los más peligrosos, con el objetivo de bajar los índices de incidencia delictiva.
De igual manera, desde principios de este año la subsecretaria de Seguridad, Julissa Villanueva, encabezó una fallida intervención penitenciaria, que después por mandato de la presidencia pasó a ser dirigida por la Policía Militar, bajo las directrices del coronel Ramiro Muñoz.
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IMPUNIDAD
Para la directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, la población no denuncia que está siendo objeto de extorsión porque, en la mayoría de los casos, los hechores quedan en total impunidad.
“El miedo por el que no denuncian es precisamente porque lo que se establece (no darles seguimiento a las denuncias) que la Policía no va a resolver; que la Policía no va a hacer nada, por eso es la falta de confianza”, dijo en medios de comunicación Ayestas.
Por lo anterior, el secretario de Seguridad, Gustavo Sánchez, planteó que el 80% de las denuncias por extorsión tienen efectividad, el resto (20%) no, por la falta de información o evidencias que demuestren que el presunto criminal está haciendo el cobro del mal llamado “impuesto de guerra”.
“En el delito de secuestro la efectividad con la denuncia es de 100%, en el delito de la extorsión, cuando hay denuncia la efectividad es arriba del 80%. Aunque tengan miedo, la gente debe de denunciar para que las instituciones del Estado podas actuar”, dijo en medios de comunicación el secretario de Seguridad.
Sánchez, que llegó al cargo luego de la destitución del general Ramón Sabillón, explicó que, gracias a las denuncias, han logrado arrestas más de dos mil criminales dedicados a la extorsión, mismos que pertenecen a distintas agrupaciones criminales, “el 97% (de los dos mil) están enfrentando cargos en los tribunales”.
En ese sentido, Ayestas planteó a las autoridades de la Seguridad cambiar en método de ejecutar las operaciones y, de esa manera, generar esa confianza ante la sociedad para que, de ser víctimas de grupos criminales, acuda ante las instituciones a interponer la denuncia y, posteriormente, se de la respectiva captura del hechor.
“De lo contrario la percepción seguirá, porque es por el miedo que no lo hacen; es por la desconfianza que generan los proceso, quizás por la impunidad que prevalece en la mayoría de los casos”, opinó.
