Mientras aumentan los impactos del cambio climático y la criminalización contra defensores del territorio, los candidatos evaden el debate ambiental y el Congreso impulsa una Ley de Licenciamiento Exprés que favorecería a los proyectos extractivos.
Analistas advierten que el poder económico domina las decisiones políticas y perpetúa un modelo de desarrollo que pone en riesgo la vida y la justicia ambiental.
Tegucigalpa, Honduras. – Honduras atraviesa una intensa campaña política a solo 37 días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre. Sin embargo, entre promesas de reconstrucción, empleo y seguridad, hay un tema que permanece ausente en los discursos: la defensa del medio ambiente. Ningún candidato o candidata ha presentado hasta ahora una propuesta concreta para frenar la crisis ecológica ni para proteger a las personas defensoras del territorio y los bienes naturales.
El defensor de derechos humanos y representante para Honduras de la Red Continental Iglesias y Minería, Pedro Landa, cuestionó la falta de propuestas claras en materia ambiental dentro de la actual campaña electoral. “Ninguno de los candidatos ha expresado con claridad cuál va a ser su compromiso, su accionar, su plan de trabajo en materia ambiental, y eso sí genera una preocupación porque lo que está primando en todas las propuestas de ellos es específicamente el tema de la inversión”, señaló Landa, en conversación con Criterio.hn.
Landa advirtió que, pese a que el país ha adquirido compromisos internacionales y ha gestionado préstamos relacionados con el cambio climático, la temática ambiental continúa sin ocupar un lugar prioritario en la agenda política.
Honduras figura entre los países más vulnerables ante los efectos del cambio climático y, al mismo tiempo, se mantiene dentro de los más letales para quienes defienden el territorio y los bienes naturales. Esa doble condición de fragilidad y violencia ambiental evidencia, una vez más, la urgencia que el tema ingrese al debate electoral y se traduzca en políticas públicas que garanticen protección, justicia y sostenibilidad.
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EL PODER ECONÓMICO CAPTURA LA POLÍTICA Y EXCLUYE LA AGENDA AMBIENTAL
La agenda ambiental ha sido desplazada del debate público por los intereses económicos que dominan la política partidaria. Mientras la defensa del territorio y los bienes naturales continúa criminalizándose, los proyectos extractivos avanzan sin freno y el Congreso Nacional se propone aprobar la polémica Ley de Licenciamiento Exprés, que reduciría los controles ambientales y facilitaría aún más la expansión de proyectos mineros, energéticos y agroindustriales sobre territorios en conflicto.
El director del Centro de Estudio para la Democracia (Cespad), Gustavo Irías, advierte que la ausencia de propuestas ambientales en la campaña política no es casual, sino el reflejo de un sistema influenciado por los intereses económicos privados. “Son temas duros, estructurales, que afectan a los grupos más poderosos del país, esos que ejercen el poder real asentado en el poder económico y su influencia sobre el poder político”, afirmó Irías en entrevista con Criterio.hn.
Irías explicó que la política hondureña continúa marcada por una fuerte dependencia del financiamiento privado proveniente de grandes corporaciones, lo que termina condicionando las decisiones públicas. “En Honduras hay una cooptación del Estado por parte de los sectores privados y grandes corporaciones que financian la política, los partidos y los candidatos. A través de ese financiamiento se aseguran marcos jurídicos y políticas a su favor, impidiendo que los temas de los sectores excluidos sean considerados en las agendas”, señaló. La falta de transparencia en los aportes políticos, dijo, consolida un círculo que perpetúa el statu quo y bloquea toda posibilidad de cambio estructural.
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Para Irías, esta relación entre economía y política explica por qué asuntos como la defensa del medio ambiente o la protección de las comunidades afectadas por el modelo extractivista siguen ausentes del debate público. “El deterioro ambiental se agrava con la expansión de proyectos mineros, de energía, de monocultivo y de mega hotelería, que transforman los territorios, afectan los ecosistemas y vulneran derechos básicos, incluido el derecho a la vida”, sostuvo.
Recordó que fenómenos como las lluvias extremas y las prolongadas sequías en el corredor seco son señales claras de la crisis climática que el país ignora en plena campaña electoral.
El informe más reciente de Global Witness documenta que seis defensores ambientales fueron asesinados o desaparecidos en Honduras durante 2024, la mayoría en el conflictivo Bajo Aguán. Estos hechos mantienen al país entre los más letales del mundo para quienes defienden el ambiente y la tierra. Casos como el de Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024, continúan en la impunidad, sin avances para identificar a los responsables intelectuales. La falta de justicia, sumada a la criminalización sistemática de quienes denuncian abusos, refleja la ausencia de mecanismos de protección efectivos.
A esta violencia estructural se suma la omisión del Estado, que hasta la fecha no ha ratificado el Acuerdo de Escazú, instrumento regional destinado a garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales.
