Juez propina nuevo golpe a Trump en demanda por violación a la Constitución

El presidente de EEUU está en la mira por recibir pagos y obsequios de funcionarios y gobierno extranjeros

Un juez federal desestimó los esfuerzos del equipo de defensa del presidente Donald Trump para detener una demanda en su contra por obtener pagos y obsequios del extranjero, hecho que viola la Constitución de los Estados Unidos.

La demanda es una de varias en la cláusula de emolumentos, que prohíbe a los funcionarios federales aceptar pagos y obsequios de cualquier “Rey, Príncipe o Estado Extranjero”.

El recurso fue presentado el año pasado por los fiscales generales Karl A. Racine, de Washington D.C., y el de Maryland, Brian E. Frosh, y se centra en el dinero que los gobiernos extranjeros han gastado en el Hotel Trump en Washington para alquilar habitaciones y celebrar eventos, reportó el Washington Post.

Aunque Trump ha dicho que renunció a la administración diaria de sus negocios, todavía los posee y puede retirar dinero de ellos en cualquier momento.

El fallo del juez Peter J. Messitte permitirá a los demandantes en el caso proceder con sus intenciones de demostrar que el mandatario republicano ha violado la Constitución.

Racine celebró la decisión del juez y aseguró: “Estamos a un paso más cerca de detener al presidente Trump por violar las previsiones anticorrupción de la Constitución”.

El Departamento de Justicia y los abogados del presiente Trump todavía podrían apelar la decisión ante un tribunal superior y pedir a Messitte que no permita el acceso general de los abogados a los empleados y libros de la Organización Trump hasta que se decida la apelación.

En marzo, Messitte dio entrada a la demanda, la cual pretendía ser detenida por los defensores del presidente Trump.

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Esta decisión podría permitir a los demandantes examinar los registros financieros de la Organización Trump para pagos de entidades extranjeras y otros posiblemente buscando influenciar a la Casa Blanca, algo que ahora la defensa busca evitar.

Delegación Internacional constata que en Honduras si hay presos políticos (vídeo)

 

Militares y policías están violando los derechos humanos al no permitir que los defensores de derechos humanos visiten a los presos políticos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa. – A criterio de la delegación internacional que visitó el país en la última semana, en Honduras si hay presos políticos porque hay activistas de organizaciones sociales que están presas por el simple hecho de protestar contra el régimen o contra el fraude electoral, dijo Victoria Cervantes.

La defensora de origen estadounidense relató a Criterio.hn que vinieron al país en una delegación integrada por defensores de derechos humanos de Canadá y Estados Unidos y visitaron las viviendas de las familias con presos políticos.

Relató además que en los centros penitenciarios donde están recluidos los presos políticos no se les permitió entrar, siendo esta una clara violación a los derechos de los privados de libertad y de los defensores de derechos humanos.

Cervantes detalló que intentaron de entrevistar a Raúl Alvarado y a Edwin Espinal pero les fue negado el ingreso a la cárcel de La Tolva.

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Encontraron un patrón de represión y de detenciones en contra de comunidades y gente que han participado en las protestas en el contexto de la crisis poselectoral en el país.

 Otro hallazgo es que la mayoría de los detenidos son personas que fueron identificadas como líderes de sus comunidades o de grupos de lucha contra el régimen de Honduras.

Vea la entrevista completa…..

Delegación Internacional comprueba situación de presos políticos y violaciones de derechos humanos en Honduras

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn 

Tegucigalpa.- Una delegación internacional de organizaciones defensoras de derechos humanos ha estado en Honduras investigando la situación de los presos políticos arrestados en la Crisis Post-electoral y la de sus familiares .

Este jueves han presentado un informe de las observaciones realizadas en el país, destacando que existe una violación de los derechos humanos ya que no les permitieron visitar a varios detenidos y que hay presos políticos en Honduras porque las detenciones revelan que no tienen pruebas contra ellos.

Observaciones Preliminares

Nuestra misión de nueve observadores internacionales de derechos humanos provenientes de varias partes de los Estados Unidos que fue organizada por Alliance for Global Justice (AGJ -Alianza por la Justicia Global) y La Voz de los de Abajo, siendo ambas partes de Honduras Solidarity Network of North America (HSN -Red de Solidaridad con Honduras de Norteamérica), estuvo en el país del 08 al 18 de abril del 2018.

La Delegación Internacional conversó con las familias de los presos políticos y con los presos políticos mismos, sobre sus arrestos y tratamiento por parte de las fuerzas de seguridad pública, las condiciones en la prisión y el impacto en sus familias.

Además, nos entrevistamos con miembros de la Convergencia Contra el Continuismo, el Comité Nacional para la Liberación de los Presos Políticos, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH); Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación, SJ (ERIC-SJ), Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), y otras organizaciones.

Solicitamos a las autoridades correspondientes permiso para visitar a los presos políticos, pero nuestra petición fue ignorada. Nos movilizamos hasta la cárcel de “La Tolva” en Morocelí, y se nos negó ver a Edwin Robelo Espinal y Raúl Eduardo Álvarez. Sí pudimos entrevistarnos con Lourdes Johana Gómez en la Penitenciaría de Tela, Atlántida.

Estamos profundamente preocupados por la situación de los 21 presos políticos en Honduras, por ellos y por sus familias y comunidades. Estamos igualmente preocupados por la situación de Eduardo Urbina, actualmente preso en Costa Rica a solicitud de las autoridades del gobierno hondureño a través del Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla.

Añadimos que, incrementa la criminalización y la represión contra los movimientos sociales tales como campesinos, indígenas y los participantes en la protesta pacífica.

Por lo que subrayamos las siguientes observaciones preliminares:

Los arrestos y las condiciones de los individuos apresados tienen una base claramente política. Todos los arrestos y acciones de las fuerzas de seguridad ocurren en el contexto de una crisis política, militarización y represión masiva, la cual también dejó al menos 30 muertos y más de 1,300 arrestados.

La mayoría de los presos políticos fueron participantes activos y líderes locales de las protestas contra los resultados de las elecciones. Algunos de ellos no estuvieron presentes en las protestas, pero sí, activamente sus vecindarios o poblaciones. Cuando menos, uno de los arrestados fue forzado a sostener una pancarta con la inscripción “Fuera JOH” para ser fotografiado en la estación de policía tras su captura.

La Delegación considera que hay un elemento de castigo colectivo en las acciones del gobierno que incluyen las incursiones de grandes números de fuerzas de seguridad por todos los vecindarios y asentamientos, y el uso indiscriminado de gases antimotines. Destacamos los siguientes ejemplos: Edwin Robelo Espinal -ahora privado de libertad en La Tolva- fue enjuiciado junto con Raúl Álvarez. Edwin es un conocido activista en su comunidad, parte del movimiento en contra del Golpe de Estado (2009) y de las protestas post-electorales del 2017. Él ya tiene medidas cautelares de protección por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde el 2010 por su historia de constante acoso policíaco, cateos domiciliarios, amenazas e intimidaciones muy bien documentadas por COFADEH. Además, el juez Claudio Aguilar asignado al caso actual, presidió previamente un caso que implicaba el allanamiento de la casa de Edwin. Para nosotros queda claro que Edwin Robelo Espinal es preso político por su militancia social.

Lourdes Johana Gómez, estuvo activa en las protestas post-electorales y también tiene una larga historia de amenazas e intimidación por parte de la policía en Pimienta, Cortés. Su esposo y un hermano fueron también líderes en las protestas locales y están detenidos actualmente en la cárcel de El Pozo. Esto indica que la familia fue perfilada por ser parte de la oposición. Varias familias de Pimienta explicaron que ha habido un patrón de acoso contra los opositores por parte de las autoridades locales que pertenecen al Partido Nacional.

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Intimidación y castigo colectivo

En Potrerillos, Cortés, hay líderes campesinos de la CNTC reconocidos por oponerse a la reelección e identificados como parte de las protestas en Progreso, y pese a no tener órdenes judiciales en su contra, se vieron forzados a huir de sus casas cuando las fuerzas de seguridad pública entraron a sus comunidades y viviendas.

En Pimenta y en El Progreso, las familias de los prisioneros y defensores de derechos humanos nos hablaron de la represión masiva contra las protestas en los vecindarios durante y después de los arrestos. En este tiempo hubo amenazas y malos tratos contra sus familiares incluyendo niños, disparos de gases lacrimógenos hacia el interior de sus viviendas. Una casa con niños adentro fue atacada con gases lacrimógenos después de que su padre fue arrestado y ya estaba dentro del vehículo de la policía. Hablamos con una mujer que había dado a luz recientemente vía cesárea, la cual dijo que fue forzada a dejar la cama y estar de pie por un largo período mientras arrestaban a su esposo.

Otros temas preocupantes en materia de DDHH son:

1.Militarización de las cárceles e instituciones judiciales, esto agudiza la restricción al acceso de familiares y público en general como veedores a los procesos judiciales y limitan severamente el acceso de organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

  1. Preocupación por los derechos humanos y las condiciones inhumanas dentro de las prisiones, como la severa escasez de agua potable en La Tolva; la calidad del agua y los alimentos disponibles en El Progreso, El Pozo y La Tolva; el acceso al cuidado médico, restricciones de visitas y maltrato a familiares que intentan ver a sus parientes privados de libertad.

Nos reunimos con un funcionario en la Embajada de los EEUU en Tegucigalpa, cuestionamos las acciones que han hecho u omitido, relacionadas con violaciones a los derechos humanos en Honduras y con los arrestos de presos políticos. Expresamos nuestra inconformidad con la política de Estados Unidos y con la postura de la Embajada al declarar que “no estamos convencidos de que los prisioneros sean presos políticos”.

Victoria Cervantes fue quien brindo el informe este jueves en el COFADEH

Como ciudadanos estadounidenses estamos conscientes del papel de nuestro país en la crisis política de Honduras, incluyendo la crisis post-electoral. El apoyo político de EEUU es clave para mantener el régimen. EEUU gasta millones de dólares en ayuda económica para las fuerzas de seguridad de Honduras.

Vamos a compartir estas observaciones con nuestros miembros al Congreso en los EEUU y con los medios de comunicación. Continuaremos insistiendo al Congreso de EEUU aprobar la Ley “Berta Cáceres para Derechos Humanos en Honduras” para que termine la ayuda económica que envían a Honduras, pues sólo hay incremento a las violaciones a los derechos humanos.

Nuestras organizaciones junto con otras de Estados Unidos y Canadá están formando un Grupo de Trabajo sobre Presos Políticos en Honduras y trabajará internacionalmente por sus derechos y liberación.

Tegucigalpa, M.D.C., 19 de abril de 2018

ACNUDH instó de nuevo a Honduras a investigar las violaciones de derechos humanos en el contexto post-electoral

Por: Redacción CRITERIO

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La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH), reiteró que las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerza en el contexto de las protestas poselectorales en Honduras.

En su informe de 2017, presentado en Ginebra este 21 de marzo en el marco de la trigésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos, la Oficina en Honduras del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) insistió al Estado hondureño en la necesidad de llevar a cabo investigaciones sobre uso excesivo de la fuerza para dispersar protestas tras la reelección del presidente, Juan Orlando Hernández, en noviembre de 2017.

Familiares exigen libertad para los presos políticos detenidos en el periodo post electoral

Entre el 29 de noviembre y el 22 de diciembre de 2017, según reportó el ACNUDH, resultaron asesinadas al menos 22 personas durante las protestas, de las cuales al menos 13 se atribuyen a las fuerzas de seguridad.

En su presentación del informe, la alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Kate Gilmore, manifestó que “aunque la mayoría de las protestas fueron pacíficas, algunos elementos de las fuerzas de seguridad enviadas para controlar las protestas –en especial la Policía Militar de Orden Público y el Ejército– hicieron uso de fuerza excesiva, con resultados trágicos en que personas, incluso que se encontraban en la cercanía, fueron asesinadas y muchos otros resultaron heridos”.

Giampaolo Rizzo, embajador de Honduras ante la ONU en Ginebra, respondió a la presentación del informe en tanto Estado concernido, pero omitió el tema de las violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto poselectoral.

Ante la preocupación expresada en el informe con respecto a la creciente militarización del sector de seguridad pública, Rizzo atribuyó la participación de la policía militar a la lucha contra el crimen organizado y a un contexto de crisis dentro de la policía nacional, que se encuentra en proceso de depuración.

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Sin embargo, en su reporte el ACNUDH advirtió que el uso de las fuerzas militares para controlar a los manifestantes resultó desproporcionado a la luz los estándares internacionales. Igualmente, consideró que la declaración de la suspensión de garantías y de un toque de queda de diez días no se justifica puesto que “no demostró de forma clara una situación de emergencia que constituyera una amenaza para la vida de la nación”.

En el informe anual también se abordaron otros aspectos de la situación de derechos humanos en Honduras en relación con pobreza, derechos económicos, sociales y culturales, seguridad, impunidad y acceso a la justicia, defensores de derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas y violencia de género. 

Militares de Honduras continúan en franca violación de los derechos humanos

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los militares del ejército hondureño y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), continúan en franca violación de los derechos humanos cuando esta noche han estacionado varios camiones en el sector 10 de la colonia Hato de Enmedio de Tegucigalpa y están persiguiendo a los pobladores de ese sector de la capital hondureña.

Los vecinos del Hato de Enmedio denunciaron que los militares andan de casa en casa preguntando por los líderes de las protestas y llevan consigo unas listas donde andan los nombres de las personas que supuestamente van a arrestar.

Los militares no portan ninguna orden judicial y tampoco están siendo acompañados por juez alguno,  dijeron los vecinos en las redes sociales la noche de este miércoles.

Similar situación se está reportando por parte de los vecinos de la colonias:  El Pedregal,  Torocagua, Oscar A. Flores, La Vega y la colonia Villanueva en la salida a la ciudad de Danlí.

Vecinos de la Villa de San Francisco condenan violación a sus derechos en defensa del medio ambiente

 

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- Los miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y otros CAPIRHO y Vecinos del Municipio de la Villa de San Francisco en una conferencia de prensa han condenado la violación a los derechos de los defensores del medio ambiente y de los vecinos del lugar que se oponen a la instalación de líneas de alta tensión en su comunidad.

Acusan directamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, ICF, SERNA Compañía Azucarera Tres Valles, ENERCOM, los órganos Policiales del estado, miembros del Ministerio Publico en complicidad con la Municipalidad de la Villa de San Francisco de criminalizar su protesta y reclamos en defensa de la vida. 

Pronunciamiento 

Ante la criminalización de los defensores del ambiente y la salud del municipio de la Villa de San Francisco, Francisco Morazán.

Los miembros del Comité Ambientalista Popular Independiente por los Recursos Hídricos y otros CAPIRHO y Vecinos del Municipio de la Villa de San Francisco manifestamos ante la comunidad nacional e internacional que:

  1. Condenamos la violación a nuestros derechos por defender el ambiente y la salud de la población de nuestro municipio, donde la Empresa Nacional de Energía Eléctrica ENEE, ICF, SERNA Compañía Azucarera Tres Valles, ENERCOM, los órganos Policiales del estado, miembros del Ministerio Publico en complicidad con la Municipalidad de la Villa de San Francisco, nos criminalizan, porque no estamos de acuerdo que pretendan instalar líneas de conducción de alta tensión del proyecto “AMPLIACION DE LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA A TRAVES DE BIOMASA Y RED DE CONEXIÓN AL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA DE LA ENEE”  DESARROLLADO POR LA COMPAÑÍA  AZUCARERA TRES VALLES S.A DE C.V,  por encima de nuestras viviendas que provocarían daños irreversibles a la salud y a nuestras propiedades. 
  2. Condenamos que se nos haya judicializado en el mes de Junio del año en curso como usurpadores, cuando el territorio nos pertenece porque fue comprado por nuestros antepasados en los años de 1701 a 1706 a quienes se les extendió el título, y que en certificación extendida por el departamento jurídico del INA en el año 2000, establece claramente que dicho título es de propiedad privada y pertenece a los vecinos del municipio.
  3. Condenamos enfáticamente los hechos ocurridos el día martes 29 de agosto, donde llego un contingente policial con más de 60 elementos a irrumpir nuestro sueño a las 4:30 AM aproximadamente y posteriormente a eso de las 10:30 AM, la fiscal Melissa Cubas, quien no permitió entablar un diálogo para explicar porque nos pretendían desalojar si estábamos en una manifestación pacífica y apostados en las acera peatonal donde no obstruíamos el libre tránsito; no obstante lo anterior, dio la orden de desalojo de manera ilegal porque no presento el documento que establece la legalidad de dicha orden. 
  4. Condenamos a los órganos policiales por hacer uso de la excesiva y desproporcionada fuerza y poner en riesgo la vida de varios compañeros que indefensos recibieron en su cara y cuerpo a menos de un metro de distancia descargas de polvos con gas pimienta en recipientes con alta presión aun cuando estaban tirados en el suelo y esposados a quienes les provocaron quemaduras, daños respiratorios y visuales ante lo expresado, así como el allanamiento a viviendas de algunos compañeros. EXIGIMOS que con la misma contundencia que se ha enjuiciado a los defensores del ambiente se actué con los oficiales Soriano de los COBRAS y Joaquín Flores Maradiaga de la Policía Preventiva igual con la fiscal Cubas, culpables de los atropellos a los defensores ambientalistas, Exigimos a la Comisión Depuradora de la policía que suspenda de inmediato a los oficiales en mención.
  5. Aclaramos que la detención de siete de nosotros dentro de ellos un menor de edad fueron ejecutados de manera ilegal, por violentar los procedimientos que establece el protocolo legal, ya que en ningún momento hemos cometido los delitos que se nos imputa, Coacción contra la Empresa ENERCOM y atentado contra le seguridad interior del país, exigimos que se proceda con la misma contundencia contra los funcionarios de las instituciones antes mencionadas quienes han cometido actos dolosos para la ejecución del proyecto en mención, igualmente a la SERNA que proceda con prontitud a darle paso a la revisión, suspensión o cancelación de la licencia ambiental para ese proyecto, a quien por los actos antes mencionados  le hicimos formal petición, igual a la fiscalía del ambiente ante quien denunciamos el corte ilegal de muchos árboles de Guanacaste y otras especies de color que sacrifico la Azucarera Tres Valles.
  6. Aclaramos enfáticamente que en ningún momento nos oponemos al desarrollo del proyecto, por constituir un proyecto de interés de país, pero que no sea a costo de nuestra salud y tranquilidad, solamente pedimos que desvíen el paso por el tramo que está poblado que es de 1.8 Km donde la ENEE y la Azucarera Tres Valles argumentan que el costo se incrementa en 8 millones, ante este costo que se dificulta a estas empresas hemos iniciado una maratón para ayudar al financiamiento de la ruta alterna que permitirá desarrollar el proyecto sin detener el desarrollo y que permitirá vivir en paz y sin riesgo a la salud y accidentes a los vecinos del municipio.
  7. Responsabilizamos a los Órganos policiales represores del estado, la ENEE, Compañía Azucarera Tres Valles y a Janio Rolando Borjas, Alcalde Municipal de la Villa de San Francisco por los daños a la vida que cualquier miembro del movimiento en lucha pueda sufrir, en especial a quienes representan de frente al movimiento, en vista de la constante persecución con vehículos extraños y conocidos de la Azucarera que merodean cerca de sus viviendas y aparatos voladores (drone) que en múltiples ocasiones y en diferentes horas del día sobrevuelan sobre sus viviendas.  
  8. Nos solidarizamos con los compañeros y compañeras defensores y defensoras de derechos humanos y condenamos los actos repudiables de los órganos represores del estado por la brutalidad con que atacaron a quienes velan por los derechos humanos, aun de los mismos represores que hoy los violan, en una flagrante violación de los acuerdos internacionales de los que Honduras es firmante.

La Villa de Francisco, 12 de septiembre de 2017.

Policía Federal de EE.UU. busca exmarino acusado de asesinato

Se ofrece una recompensa de $ 5,000 para quien proporcione información sobre su paradero. Se sospecha que se dirigió hacia Centroamérica

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.-La Policía Federal de los Estados Unidos ha emitido una alerta en busca del exmarino, Raymond «RJ» McLeod, quien ha sido acusado por la justicia de aquel país por el delito de asesinato.

Se cree que el prófugo de la justicia norteamericana, quien ha sido acusado de asesinar a su novia, se encuentra en Sudamérica y se ofrece una recompensa de $ 5,000 a quien proporcione información sobre su paradero.

El 10 de junio de 2016, la policía de San Diego respondió al llamado desde un apartamento donde se informó de una mujer que no respiraba. La mujer, identificada como Krystal Mitchell de 30 años, fue declarada muerta. Mitchell estaba en San Diego visitando amigos con McLeod. Las autoridades dijeron que McLeod huyó del lugar antes de que llegara la policía. El 14 de junio de 2016, se emitió una orden de arresto contra McLeod.

«Krystal Mitchell era madre de dos niños», dijo el agente Frankie Sánchez, investigador principal del caso. «Raymond McLeod puede ser culpable de su muerte. Necesitamos la ayuda del público para localizarlo para que podamos darle a la familia de Krystal clausura de este trágico evento.”
El ex marino, McLeod es un hombre blanco que mide 1.80 metros y pesa 111 kilos con el pelo castaño y ojos color café claro. Tiene un físico muscular, tatuado y frecuenta gimnasios. Usa cocaína y marihuana, y se entretiene en clubs de striptease.

McLeod es de Arizona, pero las autoridades creen que pudo haber huido a través de la frontera, y se dirigió a Centroamérica. McLeod debe ser considerado armado y peligroso.

Se ofrece una recompensa de hasta $ 5,000 por información que conduzca al arresto de McLeod. Se urge a cualquier persona que tenga información que se ponga en contacto con la oficina más cercana de U.S. Marshals o con el Centro de Comunicaciones de U.S. Marshals al 1-800-336-0102, o email.usms.wanted@usdoj.gov.

Para ponerse en contacto con el investigador principal en este caso, envíe un correo electrónico al Deputy U.S. Marshal Frankie Sanchez a frankie.sanchez@usdoj.gov.

Autoridades del Instituto Central callan la violación de cuatro estudiantes

Por: Redacción CRITERIO

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Tegucigalpa.- En la semana recién pasada cuatro estudiantes del Instituto «Central» Vicente Cáceres han sido violadas y los hechos no han trascendido, porque están siendo ocultados por sus autoridades, quienes prefieren llamarse al silencio.

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Los centralistas demostraron hoy su solidaridad con sus compañeras violadas y asesinadas

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Una joven que prefirió el anonimato manifestó las autoridades se hacen de la vista gorda por lo que ellos hacen un llamado a los organismos nacionales e internacionales  defensores de los derechos humanos para que se acerquen al instituto y les brinden protección.

Lo anterior lo manifestó la joven en una actividad que realizaron para solidarizarse con los familiares de Rebeca Torres quien fue asesinada a pedradas la semana pasada y dos de sus compañeras se mantienen en cuidados intensivos en el Hospital Escuela Universitario.

Este lunes los jóvenes realizaron una reunión de protesta y solidaridad lanzando globos blancos pidiendo justicia e investigación para los casos de las centralistas violadas y asesinadas y estuvo a cargo del Frente de Acción  Revolucionario Centralista (FARC), que es el único que alza la voz por los estudiantes del instituto Central.

 Manifestaron hacerlo con mucho temor,  pero era la única forma que los jóvenes pudieran desahogarse y manifestarse porque no tienen donde expresarse y los profesores los reprimen y no brindan ninguna ayuda.

Señaló que las jóvenes violadas seguramente ya no volverán a la institución porque tienen temor de volver a sufrir lo mismo o de ser asesinadas por sus agresores ya que el colegio ni los entes policiales no brindan ninguna seguridad.

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Las niñas son atacadas al salir del centro educativo porque no hay seguridad para los alumnos y las autoridades amenazan a los alumnos que si comentan cosas del colegio en las redes sociales los va a expulsar.

Estudio revela que gobierno de Honduras contrata empresas que violan derechos laborales

Por: Redacción CRITERIO

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Informe de ASJ revela vulneración de derechos laborales a empleados de empresas que son subcontratadas por instituciones del Estado.

Tegucigalpa. Al cumplirse 10 años del asesinato de Dionisio Díaz García, conocido como «el abogado de los pobres», la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) presentó este martes el informe ‘Derechos laborales, entre lo legal y lo real’, en el que revela violaciones a los derechos de empleadas de limpieza y guardias de seguridad subcontratados por instituciones del Estado de Honduras.

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Entre otros hallazgos, encuesta revela que 3 de cada 10 empleados de limpieza y vigilancia del Gobierno no cuentan con Seguro Social ni derecho a vacaciones o prestaciones laborales.

La ASJ realizó una encuesta entre empleados de ocho instituciones públicas, la cual demostró que sus condiciones siguen siendo peyorativas. El informe señala que la mayoría de empleados de limpieza (57%) y seguridad (92%) que trabajan para el Estado no están recibiendo ni siquiera el salario mínimo. Aun así— y contraviniendo la Ley- de su pago son deducidos los uniformes, carné de identificación y zapatos.

Además, reporta que al menos el 57% de los guardias de seguridad consultados trabajan jornadas extraordinarias (12 o 24 horas continuas), sin recibir tampoco el pago de horas extras o las jornadas de descanso correspondientes por Ley.

Se verificó además que más del 30% de estos empleados son contratados por tiempo «limitado» en lugar de «indefinido», con renovaciones de contratos cada seis u ocho meses, bajo el objetivo de negarles el pago del decimocuarto mes de salario, aguinaldos o su inscripción en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

Carlos Hernández, director de ASJ manifestó que en algunas empresas se ha agudizado el problema  y el 96% de los trabajadores no reciben el salario mínimo, no tienen vacaciones, ni reciben prestaciones y tampoco gozan de seguridad social y además trabajan hasta 96 horas a la semana.

Hernández señaló que,  el gobierno se comprometió a través del ministro de Trabajo y Seguridad Social a realizar un estudio para conocer cuáles son las empresas que están cometiendo ese ilícito y que no contratarán a esas empresas.

El titular de ASJ manifestó que se encontraron casos con empleados que les pagan 4900 lempiras, pero que laboran hasta 24 horas continuas y 96 horas a la semana y esto es una violación a los derechos humanos y laborales de estos humildes hondureños.

Puntualizó además que esto viene ocurriendo desde hace diez años y en ASJ han venido dándole seguimiento a esta situación y en el Ministerio del Trabajo siempre lo han sabido y nunca han hecho nada al respecto.

«Dionisio era una persona muy entregada, con mucha pasión, él fue asesinado por sicarios, ofrendó su vida por los más pobres», recordó Hernández.

Por su parte, Ver Beek, vicepresidente ejecutivo de ASJ,  confirmó que ellos retomarán el programa de Derechos Laborales, para impulsar el cumplimiento de los derechos que por ley asisten a los trabajadores y que son constantemente vulnerados.

La ASJ anunció también el lanzamiento del Premio DDG 2017, en honor al abogado Dionisio Díaz García (DDG), al cual podrán ser nominados ciudadanos hondureños de cualquier género y edad, entre ellos activistas, periodistas, abogados o profesionales que trabajan de forma activa para apoyar a personas de bajos recursos económicos o marginados para eliminar la corrupción, violencia, pobreza, desigualdad o violaciones de derechos humanos, que promuevan la lucha contra la injusticia o desigualdad, fomenten la paz, justicia e igualdad.

EE.UU premia corrupción y violación de derechos humanos en Honduras aprobándole $55 millones

Por: Redacción CRITERIO

redaccion@criterio.hn

Tegucigalpa.- En los momentos que hay más evidencias de la corrupción imperante en las instituciones del gobierno hondureño, su par de los Estados Unidos anuncia  la entrega de un paquete de ayuda de 55 millones de dólares, después de que el Departamento de Estado haya certificado que el país centroamericano ha dado «pasos efectivos» para combatir sus problemas de corrupción e impunidad.

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Esta es una contradicción de la política norteamericana que por un lado saca a Honduras de la cuenta del milenio y critica duramente la violación de derechos humanos, pero aprueba una millonaria ayuda.

El vocero adjunto del Departamento de Estado, Mark Toner, manifestó a través de  un comunicado,  que la diplomacia estadounidense informó al Congreso el 30 de septiembre de los progresos hechos por Honduras, lo que en la práctica implica la liberación de los fondos de ayuda asignados para el país centroamericano.

Toner agregó en la nota de prensa que el Gobierno de Honduras ha demostrado la voluntad política necesaria para hacer frente a los retos de seguridad y de desarrollo del país.

De acuerdo a lo expresado por Toner, Honduras ha cumplido con las 12 condiciones que había impuesto el Departamento de Estado para emitir la ayuda y entre las que destaca el combate contra la corrupción, el incremento de la transparencia, la lucha contra el narcotráfico y la protección a los periodistas.