Por: Claudia Mendoza
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Tegucigalpa. –Dudo que las imágenes de Flor Sosa, lanzándose a una patrulla para evitar que unos policías se llevaran escoltado a Luis Ulloa, uno de los tres jóvenes acusados de haber violado sexualmente a su hija Alejandra, no hayan causado un revoltijo de emociones a quien las vio en noviembre del 2019.
La imagen, que mostraba a esta madre que se guindaba de la trompa de un carro, es el reflejo de la impotencia, de la tristeza, de la rabia o del odio que miles de mujeres han de sentir a diario en Honduras, cuando tienen que defender a sus hijas de un abusador sexual y a quienes, al pedir auxilio ante una institución del Estado, se les humilla, se les margina y revictimiza.
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Hago la analogía entre la violación sexual de Alejandra y el de otras jóvenes y mujeres, sobre todo las que viven en condiciones económicas y educativas menos favorables, porque si a Flor Sosa siendo abogada y jueza, probar que tres adolescentes abusaron sexualmente de su niña se le ha hecho “cuesta arriba”, no quiero ni imaginar lo que vive este otro segmento de mujeres en el país.
Y es aquí que quiero ahondar en la serie de obstáculos que enfrenta la jueza Flor Sosa, y que se traducen en influencias políticas, injerencia de funcionarios del Poder Judicial y pagos de coimas para retardar o en el mejor de los casos, torcer descaradamente la aplicación de la justicia para favorecer a estos violadores.
Un guardia de seguridad con ínfulas de poder
El abuso de Alejandra se produjo el 20 de abril del 2019, mientras se encontraba con su familia disfrutando de Semana Santa en el complejo turístico Palma Real, en la ciudad de La Ceiba, Honduras (no ahondaré en detalles/el caso es plenamente conocido). De acuerdo con Flor, al rescatar a su hija de la zona en donde los abusadores cometieron el crimen y conociendo lo que prosigue, llevó rápidamente a la niña a que se le practicasen los exámenes correspondientes a una clínica privada, ya que en el Centro Integrado (CEIN), el personal médico-forense se encontraba en un levantamiento.
Luego, procedió a interponer la denuncia del abuso ante el CEIN. Sin embargo, sorpresivamente, quien sale al paso es el guardia de seguridad, pretendiendo que Sosa le relatara los hechos que citaría en la denuncia para luego indagar si estaba o no el fiscal de turno, quien, dicho sea de paso, no se encontraba en las instalaciones. Como ella forma parte del sistema judicial, procedió a llamar al coordinador del CEIN y solo así, horas después, un agente de la Dirección Policial de Investigación le acogió la denuncia.
El retardo en la entrega de la evaluación médico forense
Como abogada que es, Sosa sabe perfectamente que tiene que “correr” para que las pericias iniciales se lleven a cabo, se emita un requerimiento fiscal y se realice una pronta captura de los inculpados. Sin embargo, y sin explicarse por qué motivo, un segundo obstáculo fue el retardo de esta etapa del proceso.
Es decir, entre la interposición de la denuncia, la realización de las pruebas o sustracción de muestras y sobre todo el testimonio de Alejandra y la entrega de los resultados de los exámenes que sirven de soporte para la emisión de una formal acusación, hubo una lentitud tal (asumimos que es usual), que le dio el tiempo perfecto a los señalados por la niña, para escapar. Y así fue, el requerimiento fiscal se emitió el 5 de mayo, más de 15 días después de haber ocurrido la violación.
Entrando en detalles, durante esta etapa, Sosa afirma que el agente de la Dirección Policial encargado del caso le dio el tiempo suficiente a uno de los inculpados (Luis Ulloa) para escapar, pues un día después del abuso sexual, el joven aún se encontraba en el complejo turístico. “Sin saber nosotros cual fue la negociación o mediación que se dio entre ellos tanto ese día que sostuvieron una plática como al día siguiente de la violación”, narró Sosa. Al tercer día de los hechos, Ulloa había huido.
Intentaron sobornarla
La jueza afirma que durante los seis meses, que los inculpados esquivaron la justicia, algunas de las familias intentaron, de diversas formas, comunicarse con ella para ofrecerle “cantidades exageradas y exorbitantes de dinero para que se quedara callada” y desistiera de la denuncia.
Intentan manipular las pruebas biológicas
Sosa dice que también ha tenido acceso a información que le da temor. Y es que denuncia que, a través de la intervención de políticos amigos de las familias de los acusados, se pretende manipular el resultado de las pruebas biológicas, es decir, las comparaciones de ADN que realizó la Dirección de Medicina Forense.
Es más, se atreve a decir que, “mediante la ayuda de políticos como el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez y de Óscar Nájera (diputado PN), se le facilitó a Ulloa, en el centro penal de Trujillo, comodidades más allá de las que brinda a los reclusos, el sistema penitenciario. Sosa hace otra fuerte denuncia y es que, según ella , “han tratado de manipular los resultados genéticos a través del abogado Denis Castro Bobadilla (diputado Alianza Patriótica/experto en medicina legal)”.
Sosa sabe que se enfrenta a familias que tienen el suficiente poder para torcer la justicia y eso ha quedado evidenciado con la manipulación impresionante que ha habido de las etapas del proceso. “Me he tenido que enfrentar y seguiré enfrentándome no solo con estos delincuentes, sino que también con las mismas autoridades”, dice.
Uno de los abusadores sigue prófugo
Casi un año transcurre desde que Flor Sosa hizo público el abuso de su hija de 16 años. Sin embargo, ha sido gracias a la presión mediática que ella ha hecho y al apoyo fuerte y denodado que ha recibido de la población de La Ceiba y de organizaciones defensoras de derechos de la mujer como Visitación Padilla, que el pasado 10 de septiembre del 2019 la Fiscalía de Protección de la Niñez y Adolescencia reportó la detención de un menor de 16 años, acusado de tres infracciones penales relacionadas con la violación de Alejandra: coautor del delito de violación especial, autor de tentativa de violación especial, más una ampliación del delito de cómplice de tentativa de violación especial.
Luis Ulloa (19 años) es el segundo acusado que se entregó voluntariamente en los juzgados (1 de noviembre 2019), en donde se le dictó detención judicial. Es con el traslado de Ulloa que comienza este escrito, pues Sosa se lanzó a la patrulla que lo trasladaba para evitar que los policías lo sacaran por la parte de atrás del juzgado y evitar que fuese exhibido ante los medios de comunicación. Pero Sosa lo logró. Su escándalo hizo visible el rostro de uno de los agresores de su hija.
A casi un año de la violación masiva de Alejandra, uno de los implicados aún permanece escondido y aunque dos están en prisión, ello no garantiza que habrá una correcta aplicación de justicia, pues como pocas veces, en casos relativos a abusos sexuales de mujeres, el sistema judicial hondureño ha quedado tan descaradamente exhibido.
Si esta abogada, que forma parte del sistema de justicia, se ha tenido que convertir en un David para enfrentar al Goliat que se ha formado de la confabulación de jueces, fiscales, agencias de policías, políticos, alcaldes, etc., me pregunto, ¿qué le puede esperar a las mujeres que, como dije atrás, buscan justicia para sus hijas en medio de una posición económica y social menos favorable?
Como dicen nuestros pueblos, ¡que Dios nos agarre confesadas!