Por: Edmundo Orellana
No es la Alianza la que se ha tomado la calle, es el pueblo haciendo uso de su legítimo derecho a la protesta, preludio del, calificado así por la Declaración de Derechos Humanos, “recurso supremo”, la insurrección.
Esas masas que marchan por las calles de Honduras no tienen un solo color político, es más hay quienes ni siquiera tienen uno. Además de militantes de la Alianza, hay liberales, pinuistas y de otros partidos, incluso nacionalistas, y también independientes. La gran mayoría va a esas marchas no a pedir que le entreguen la presidencia a Nasralla, sino a exigir transparencia en el escrutinio.
Eso de la transparencia no es algo que entusiasme a este gobierno; más bien, le provoca escozor. Esa tendencia a ocultar sus acciones lo llevó a aprobar la ley de secretos para evitar que el público pueda conocer de ciertas gestiones públicas, no solo del Ejecutivo, sino de los demás Poderes, incluidos expedientes judiciales y del MP. También para manejar el dinero de los contribuyentes como si fuese propio de quien funge como Presidente, porque nadie sabe, por ejemplo, en qué se están aplicando los dineros del Tazón, salvo aquellos a quienes el Presidente ha designado para ello. Es tan grave esta propensión a actuar en la oscuridad que hasta sacrifica el ingreso de Honduras a la Cuenta del Milenio, justamente, porque no quiere ni siquiera flexibilizar esa ley y, siendo que esta actitud despierta sospechas de corrupción, hasta podría poner en peligro los fondos que están aprobados en el contexto de la Alianza para la Prosperidad, ya que los desembolsos están condicionados a imprimir más transparencia en el manejo de los recursos.
Un gobierno así no es confiable. En consecuencia, sus acciones despiertan sospechas. Las sentencias que dictan sus tribunales, carecen de credibilidad, como es el caso de las sentencias que permiten al Presidente reelegirse, porque contrarían flagrantemente la prohibición de la reelección que expresamente consigna la Constitución.
Las acciones contra la corrupción que han sido tan publicitadas parece que responden a una estrategia que pretende hacernos olvidar que el CNA a denunciado a funcionarios de este gobierno que ocupan altos cargos, por sus ejecutorias en el IHSS, en el INFOP, en Salud, en Casa Presidencial, etc. Priorizaron las acciones por la supuesta corrupción en el Colegio de Abogados, pero nada impedía que, simultáneamente, se radicasen las acciones contra estos funcionarios. Combatir la corrupción de esta manera tiene un nombre: corrupción.
En este contexto, el proceso electoral no podía escapar de este ambiente de sospechas. Más aún, cuando, después de informar que la tendencia, ya irreversible, favorecía a Nasralla, se produjo un prolongado silencio que utilizaron para generar confusión por medio de una presentación que hiciera, en un programa de tv, un empresario- político, empleado de confianza de este gobierno, en la que sostuvo que, no obstante lo informado por el TSE, ganaba el Presidente- candidato con los votos rurales, consignados en actas que aun no habían llegado al TSE (?). Como si estuviera esperando ese programa, el TSE comenzó a difundir datos oficiales en la línea que indicó el empresario. Posteriormente, fue denunciado, por un funcionario del mismo TSE, que el sistema dejó de funcionar por varias horas para luego, al reanudarse, comenzar a contabilizar masivamente votos a favor del Presidente- candidato. Y, finalmente, la oposición exige que más de 5 mil actas, en las que se presentan inconsistencias, sean revisadas, con supervisión, antes de dar los resultados finales.
Es legítima, entonces, la sospecha del pueblo. En un gobierno adicto a la opacidad y decidido enemigo de la transparencia, sumados los incidentes señalados, la negativa del TSE dispara las alarmas de fraude, porque, además, sus integrantes son representantes de partido, en este caso, con mayoría del partido gobernante. Algo oculta, pues, el TSE cuando se niega a revisar esas actas bajo supervisión.
La situación es grave y debe entenderlo así el TSE. Se trata del derecho humano de elegir las nuevas autoridades y, además, de reafirmar la democracia. Lo que quiere el pueblo es que no haya duda alguna sobre el sufragio. Si después de revisadas esas actas bajo supervisión, resulta electo el Presidente- candidato nadie tendrá fundamento para oponerse ni justificación para rebelarse, salvo lo de la inconstitucionalidad de su candidatura, que, en un país en donde los valores y principios son moneda de cambio, parece una necedad insistir en ello. Por la sencilla razón de que su victoria estará refrendada por la transparencia en el escrutinio.
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Accedan a la revisión de esas actas, Señores del TSE. Se trata de transparencia, simplemente.
Si no acceden, se habrá perpetrado un nuevo Golpe de Estado, en la línea de producción de Golpes de Estado estilo Honduras, creando las condiciones para que el pueblo acuda a su “recurso supremo”.
De ustedes depende que el próximo período presidencial sea gobernable.