Por: Redacción CRITERIO.HN
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Tegucigalpa. – Las trabajadoras domésticas hondureñas interpusieron este jueves un recurso de amparo colectivo ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), exigiendo la protección del derecho a la salud y el derecho a la vida.
Gabriela Pineda Bustillo, representante de las trabajadoras domésticas, dijo que su gremio fue excluido por las secretarías del Trabajo y Seguridad Social, Salud y del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo (Sinager) de la lista de protocolos de bioseguridad en el marco de la actual crisis sanitaria por el brote del Covid-19 en Honduras.
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Según Pineda esta exclusión repercute en la realización efectiva de su trabajo, pues al no contar con las condiciones de higiene y seguridad, las trabajadoras domésticas son expuestas al contagio del Coovid-19.
“Nosotros exigimos se nos garantice el derecho a la igualdad frente a los demás trabajadores, nosotros representamos un sector laboral importante para la economía, la sociedad y el cuidado de la vida que también se debe proteger”, aseguró Pineda.
Para Pineda, el ejemplo más claro de exclusión es que, “como medidas de bioseguridad la Secretaría del Trabajo ya ha generado cuatro protocolos relacionados a sectores laborales, para el sector maquilador, para ferreterías, talleres de mantenimiento automotriz, para cadenas de suministro y para el comercio, tenemos información que en la actualidad tienen en construcción otros veintitrés, pero nuestro sector no aparece en el listado”.
“Se nos expone al contagio desde todo punto de vista: somos las que salimos a hacer las compras, botamos la basura, lavamos la ropa de trabajo de las personas que están autorizadas a salir a trabajar y todo esto sin mascarillas o guantes”, expuso.
ACTO RECLAMADO
El recurso de amparo interpuesto detalla:
La presente Acción Constitucional de Amparo se interpone frente a la falta de elaboración y aprobación de un protocolo de bioseguridad para el desarrollo del trabajo doméstico en el contexto de la actual pandemia nacional y global del COVID-19, por parte de la Secretaría en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud y contra el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER)
Lo cual afecta gravemente la prevención y contención de la pandemia en relación con las trabajadoras La autoridad contra quien se interpone la presente Acción de Amparo es contra la Secretaría de Estado en el Despacho del Trabajo y Seguridad Social a través de su titular Carlos Alberto Madero Erazo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a través de su titular Alba Consuelo Flores, como el ente responsable de la formulación, coordinación, ejecución, y evaluación de las políticas relacionadas con la protección, fomento, prevención, preservación, restitución y rehabilitación de la salud de la población, y contra el Sistema Nacional de Riesgos (SINAGER) a través de su titular Carlos Cordero”.
Bajo este contexto, el amparo enfatiza que “el Estado de Honduras está generando 27 protocolos para distintos sectores laborales, menos el sector de trabajo doméstico, genera una discriminación hacia este grupo en condiciones de discriminación histórica por el derecho al trabajo y además en el contexto de la crisis sanitaria de vulneración del derecho a la salud y a la vida”.
PETICIÓN
Las trabajadoras domésticas solicitan a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia:
- Admitir la presente Acción de Amparo
- Conferir oportunamente traslado al Ministerio Público, para que emita el dictamen correspondiente.
- Conceder vista por el término de Ley para formalizar la presente Acción Constitucional de Amparo.
- Ordenar que la autoridad recurrida realice dentro del término de Ley un informe sucinto sobre la omisión que es razón de esta Acción de Amparo.
- Que en definitiva se otorgue la presente Acción de Amparo, ordenando la creación e implementación de un protocolo de bioseguridad para la realización del trabajo doméstico como una medida de bioseguridad para las trabajadoras domésticas.
- Determinar de manera urgente y precisa la conducta a cumplir por las autoridades recurridas y las especificaciones para su debida ejecución.
- Otorgar la medida cautelar solicitada.
OTRAS VIOLACIONES DE DERECHOS EN CONSECUENCIA DEL COVID-19
En estos momentos, e históricamente, las trabajadoras domésticas no solamente luchan, según Pineda, por la salud y la vida al igual que otros sectores. A ellas, se les ha violentado el derecho al trabajo poniendo en riesgo la alimentación de su núcleo familiar.
“También nos han reducido salarios, se nos ha suspendido, a unas las enviaron de regreso a sus hogares, otras siguen en sus lugares de trabajo, trabajando, pero sin remuneración y otras nunca han dejado de trabajar y sigue movilizándose a sus trabajos aun con toques de queda”, denunció Gabriela Pineda.
Finalmente, el recurso de amparo presentado asevera que es necesario que se emita una medida cautelar ordenando que el Estado de Honduras, a través de la secretaría del Trabajo y Seguridad Social, les garantice la creación e implementación de un protocolo de bioseguridad.