Los hondureños tendrán una última extensión hasta el 5 de enero de 2020
El TPS de Honduras fue cancelado por el DHS el 4 de mayo de 2018 y concedió una última extensión hasta el 5 de enero de 2020. El TPS de Nepal, por su parte, fue cancelado el 26 de abril del año pasado y el gobierno le otorgó una última extensión hasta el 24 de junio de 2019.
El gobierno de Donald Trump anunció este martes que deja en suspenso la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) de Nepal y Honduras y puso el destino del programa humanitario en manos de los tribunales de justicia.
El TPS de Honduras fue cancelado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) el 4 de mayo de 2018 y concedió una última extensión hasta el 5 de enero de 2020 para unos 56,000 beneficiarios.
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El TPS de Nepal, por su parte, fue cancelado el 26 de abril del año pasado y el DHS le otorgó una última extensión hasta el 24 de junio de 2019. El programa protege de la deportación a unos 12,000 nepalíes, quienes además reciben una autorización de empleo mientras dura el amparo.
La decisión permite que los beneficiarios del TPS de ambos países conserven su estatus legal temporal mientras una corte federal decide el futuro de los amparos provisionales.
Aplauden la decisión
“Es una buena noticia, pero seguimos en espera”, dijo a Univisión Noticias Francisco Portillo, director de la Organización Hondureña Francisco Morazán, en Miami, Florida. “Nuestros países estaban pendientes y ahora seguiremos esperando una decisión final por parte de las cortes”.
A la pregunta si se trata de una noticia esperanzadora, el activista dijo que “solo es una pequeña luz en el comienzo del túnel. Todavía hay mucho camino por andar”.
Para José Palma, de la Alianza Nacional TPS, el anuncio es una “nueva noticia”, pero advirtió que “no puede distraer la urgencia y la necesidad de una reforma legislativa sólida que brinde soluciones permanentes para todos los titulares de TPS”.
La suspensión de la cancelación ocurre en momentos que un grupo de tres congresistas demócratas presentaron un proyecto de ley para regularizar la permanencia de unos 2.6 millones de dreamers (700,000 de ellos beneficiarios de DACA) y poco más de 430,000 indocumentados amparados por un TPS.
El proyecto de ley H.R 6 incluye una residencia temporal condicional por 10 años.
Para ser aprobada, la iniciativa de ley requiere 218 votos en la Cámara de Representantes (controlada por los demócratas), 60 en el Senado (bajo dominio republicano) y la firma del presidente Trump.
Los otros TPS
Además de los TPS de Honduras y Nepal, el gobierno de Trump canceló el año pasado otros cinco programas similares.
En septiembre del 2017 el gobierno de Trump anunció la cancelación del TPS de Sudán, con poco más de 1,030 beneficiarios. La Casa Blanca argumentó entonces que las condiciones por las que habían sido concedidos cesaron o mejoraron para las naciones favorecidas.
La segunda anulación fue el 6 de noviembre, cuando el DHS anunció la eliminación del beneficio para los nicaragüenses. Lo había otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch por las costas centroamericanas. El programa favoreció desde entonces a unos 6,000 de sus ciudadanos. Dos décadas después quedan poco más de 2,500.
El 22 de ese mes el gobierno agregó a la lista a Haití, donde el programa ampara de la deportación a unos 58,000 inmigrantes.
Dos meses después, el 8 de enero de 2018, le tocó el turno a El Salvador: casi 192,000 inmigrantes indocumentados que llevan casi dos décadas en Estados Unidos —muchos desde marzo de 2001, cuando fue implementado— quedaron desamparados.
El 4 de mayo el DHS puso fin al TPS de Honduras, que protege a unos 56,000 nacionales de ese país.
Fallo judicial
El 3 de octubre del año pasado un juez federal bloqueó la decisión del gobierno de Donald Trump de acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) que permite que miles de inmigrantes vivan y trabajen legalmente en Estados Unidos. Aseguró que la eliminación del beneficio podría causar «un daño irreparable y grandes adversidades» a los beneficiarios.
El fallo emitido por el juez de distrito Edward Chen, en San Francisco, libera de la deportación a más de 300,000 inmigrantes originarios de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán. La medida no incluyó a Honduras y Nepal, por ahora.
La decisión planteó que el gobierno de Trump falló al demostrar qué daño pueden causar los nacionales de estos países que incluso han permanecido en Estados Unidos por más de 20 años.
El dictamen fue el resultado de una demanda colectiva presentada en marzo por nueve inmigrantes de los esos países y cinco niños estadounidenses. En ella argumentaban que el presidente hizo declaraciones con prejuicios raciales que pudieron llevar a la cancelación del TPS, siendo esto algo que prohíbe la Constitución.