«Sin un recuento total de votos, los resultados de las elecciones de Honduras serán seguramente dudosos»: Marco Ramiro Lobo

Marcos González Díaz/BBC Mundo. Enviado especial a Honduras

La decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras de contar uno a uno los votos de 4.753 urnas cuyas actas no fueron transmitidas el día de las elecciones del día 26 no es suficiente para la Alianza de la Oposición, que lleva días exigiendo un nuevo recuento absoluto.

Tampoco lo es para uno de los cuatro magistrados del TSE, Marco Ramiro Lobo, quien opina que no repetir este conteo total supondría dejar sin resolver todas las dudas tras estas elecciones.

Sin embargo, reconoce que llegar a esta medida excepcional pasaría antes por un acuerdo entre partidos.

Lobo, que se ha convertido en la única voz abiertamente crítica del proceso llevado a cabo por el organismo del que él mismo forma parte, considera que hubo errores y motivos de sospecha que deben ser investigados para acabar con esta crisis.

BBC Mundo habló sobre las complicaciones de este proceso con el magistrado, quien considera que se necesitarán agotar todos los plazos legales por lo que se podría no tener una declaratoria oficial de quién fue el ganador de los comicios hasta el próximo 26 de diciembre.

¿Qué opina de la última decisión de contar uno a uno los votos de las 4.753 urnas que no fueron transmitidas el día de las elecciones?

Sin duda es importante, aunque debería acompañarse también de la revisión a los cuadernos de votación donde está registrado el número de personas que votaron en cada mesa, y compararlo con el número de papeletas que hay en cada una. Pero creo que es un avance importante.

Quizá la parte más lamentable es que no es una decisión del TSE, sino que es el consenso de otros factores externos al tribunal como la representante de negocios de la embajada de Estados Unidos en Honduras, que han tenido una influencia muy importante para que el tribunal haya accedido a revisar estas casi 5.000 maletas electorales.

Un recuento de votos de 4.753 urnas para determinar el ganador de las elecciones en Honduras no convence a la oposición.

¿Cree que esta medida será suficiente para esclarecer todas las dudas que hay sobre el proceso?

Yo considero que se deben volver a contar todas las actas. Debemos revisar cada una de ellas y generar un resultado que sea el reflejo de únicamente lo que contienen las maletas electorales. Si para aportar transparencia debemos contar las 18.103, debemos hacerlo para ofrecer un resultado que sea aceptado por todos los participantes en el proceso.

Así que está de acuerdo en recontar todos los votos desde cero, como solicita la Alianza.

Lo veo positivo. Probablemente sería la solución al conflicto que se está enfrentando en este momento y de esclarecer de forma definitiva cuál es el resultado. Podría ser una luz al final del camino que nos pudiese llevar a solventar esta situación.

Si para aportar transparencia debemos contar las 18.103 urnas, debemos hacerlo».

Marco Ramiro Lobo

           Marco Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal Electoral de Honduras

Pero el TSE no acepta hacer ese recuento total.

El conflicto ya ha rebasado al TSE y sería un acuerdo entre los principales líderes de los dos partidos que disputan la presidencia, acompañado por observadores internacionales, lo que pudiera dar lugar a un escrutinio definitivo del proceso. Esa decisión no la va a tomar el TSE, no puede. El acuerdo debería ser legalizado después por el TSE mediante la aprobación de un escrutinio especial.

¿Sin un nuevo recuento desde cero, cree que los resultados finales van a ser creíbles?

Sin un recuento total de votos, los resultados de las elecciones de Honduras serán seguramente dudosos. Van a ser aceptados por quienes resulten beneficiados, pero indudablemente los otros no lo van aceptar. Y eso va a significar más hondureños en las calles, más protestas y, seguramente, más represión por parte de la policía.

Derechos de autor de la imagenEPAImage captionProtestas a favor y en contra del gobierno se sucedieron en Honduras tras las elecciones del 26 de noviembre.

La Organización de Estados Americanos dijo que no descarta pedir la repetición de elecciones si no se aclaran las irregularidades.

Yo creo que es más importante esclarecer este proceso. Un segundo proceso sería muy complicado. Probablemente, no se aceptaría que este TSE dirija ese proceso, lo que significaría que habría que elegir uno nuevo y eso demoraría mucho más tiempo.

¿Cómo define la actuación del TSE en este cuestionado proceso electoral?

El TSE ha cometido algunos errores que han contribuido a parte de lo que se está generando. El día de las elecciones, el tribunal prolongó la primera divulgación de resultados hasta diez horas después de haber concluido la votación, y eso generó en la población la expectativa de que algo estaba ocurriendo y que algo malo se estaba preparando desde el tribunal.

Luego, la instrucción del presidente de parar el escrutinio el lunes, y obviamente el punto más delicado, la caída del sistema que se prolongó por cinco horas. Luego se mantuvo por forma intermitente y volvió a fallar otras 5 horas.

Hay que reconocer que se han cometido errores en el tribunal»

Marco Ramiro Lobo, magistrado del Tribunal Electoral de Honduras

¿Usted cree que esa caída del sistema fue un accidente, viendo cómo ganaba el candidato de la oposición y que, al arreglarse el sistema, era el candidato oficialista quien iba en cabeza?

Creo que se tiene que investigar, es prematuro decir qué pasó. Genera dudas que haya fallado el sistema y que se revirtieran las tendencias, y es una duda muy fijada en el pueblo hondureño y también en mí como magistrado.

Así que cree que es una duda razonable.

Es razonable, y nuestra obligación como TSE es evacuar esa duda, descubrir qué ocurrió y si tuvo incidencia en el resultado o en la reversión de la tendencia de votos.

¿Es el TSE el principal responsable de esta crisis?

Creo que tiene parte de la responsabilidad, compartida con una ley electoral desfasada y que no contribuye mucho.

¿Cuál es la principal petición que usted le está haciendo al presidente del tribunal, David Matamoros, para intentar solucionar esta crisis?

Hay que reconocer que se han cometido errores en el tribunal, y eso es importante que el presidente lo reconozca. Pedirle un poco de flexibilidad en relación a las peticiones que hace la Alianza de la Oposición para clarificar aquellas partes nebulosas del proceso, y que al final podamos tener proceso limpio.

¿La politización del tribunal es responsable de lo que ocurre?

Sí. Aunque teóricamente no sea «partidizado», en la práctica sí lo es. Quienes asumimos cargos lo hacemos en representación de partidos políticos [Lobo representa al pequeño Partido de Unificación Democrática] sin estar todos representados entre los cuatro magistrados, teniendo en cuenta que hay diez partidos [los partidos que forman la Alianza no están representados]. Y eso, obviamente, es parte de la crisis que se está viviendo en este momento.

¿Y usted cómo ve que personas elegidas por solo algunos partidos políticos conformen el máximo organismo a cargo de algo tan delicado como unas elecciones?

Vamos a necesitar que se revise ese mecanismo para garantizar a todos los partidos. O que todos estén, o que quienes estén, representen a todos. Porque la ley electoral es muy anticuada.

Se estima que el recuento de votos terminaría el lunes 11, aunque no habrá una declaratoria final hasta cerca de fin de mes

¿Cuánto influye en la actuación del presidente del TSE el hecho de que fuera elegido por el Partido Nacional, del que fue incluso diputado?

De alguna manera, hay injerencia de todos los partidos en quienes los representan en el tribunal. Con excepción mía, que no he recibido ni un llamado del partido en que he militado. Pero creo que los magistrados debemos ser más independientes en nuestras decisiones y debemos cumplir nuestras responsabilidades que nos manda la Constitución y la ley electoral.

¿Comprende que Nasralla diga que el TSE está contaminado, que su partido no lo reconoce y que prefiere que se encargue del recuento un tribunal internacional?

Entiendo la desconfianza que ha generado el TSE en la Alianza. Sin embargo, creo que de acuerdo a nuestra legislación interna, constitucionalmente el órgano responsable de los procesos electorales es el TSE.

Si fuera un simple ciudadano y le preguntara por los resultados electorales y si cree que se están publicando de manera transparente, ¿qué me diría?

Yo no estaría satisfecho. Ya veíamos antes del proceso electoral encuestas de 7 de cada 10 hondureños que expresaban desconfianza del TSE del cual formo parte.

Y creo que esa desconfianza se ha acrecentado después del proceso, ya que nosotros como tribunal no hemos contribuido a mejorar la imagen de una institución tan importante y con tanta responsabilidad que es capaz de provocar las situaciones que están sucediendo en el país.

Parece difícil que la población vaya a recuperar esa confianza en ustedes a corto plazo.

Sí, es difícil. Según el nombramiento que tenemos, nuestro tiempo en el cargo acabaría en mayo de 2019. Sin embargo, creo que el Congreso Nacional debe revisar antes qué hacer con el TSE.

Honduras

Las demoras por el recuento de votos desencadenó en protestas y el gobierno decretó el toque de queda en el país.

¿Por qué decidió hablar y hacer estos comentarios críticos sobre la actuación del TSE?

Me motivó el ver cómo se estaban dando los hechos. Todos tenemos libertad para hablar. En mi caso respondo a mis apreciaciones, a mi libertad de expresión y de criterio.

Al interior del pleno del TSE no he recibido restricciones de ningún tipo ni exclusiones, al contrario, estoy en todos los espacios donde quiero estar y tengo esta libertad para expresar mi criterio.

Soy firme creyente de que el pueblo hondureño tiene derecho a estar informado y conocer qué hacemos nosotros cómo funcionarios, y a saber la verdad de lo que está ocurriendo.

Cada día surge una nueva noticia que dificulta entender cuándo se podrá tener una declaración oficial del ganador. ¿Qué viene ahora?

Tras la finalización del plazo para presentar impugnaciones el viernes a medianoche, el escrutinio especial de estas 4.753 mesas continuará todo el fin de semana y esperamos terminarlo el próximo lunes, 11 de diciembre.

Con todos estos acontecimientos, seguramente agotaremos hasta el último día permitido para hacer la declaratoria oficial, que sería el día 16.

Después habría 10 días para interponer recursos de nulidad contra todo el proceso, y en ese período evacuaríamos cada una de las nulidades para que el 26 de diciembre, un mes después de las elecciones como marca la ley, el proceso electoral pueda estar finalizado en su totalidad.

Sumisión total

Por: Edmundo Orellana

La indiferencia con la que se ha recibido, en algunos sectores, la reducción de las penas y la severidad con la que se castiga la protesta, hace surgir la sospecha de que la beligerancia que exhibían en el pasado, desapareció.

En la sociedad civil, porque el liderazgo que se han arrogado las ONG identificadas plenamente con el gobierno, a las que, supuestamente, financia con fondos del “Tazón”, ha disminuido el peso de las rescatables, al grado de invisibilizarlas. Es percepción general, que cuando habla algún dirigente de estas organizaciones, supuestamente,  representantes del sector, es lo que le place al gobierno sea dicho. La agresividad con la que emprenden acciones para exigir transparencia y la rendición de cuentas en el sector público, contrasta con la sumisa actitud que adoptan, bajo la apariencia de indiferencia, frente a los avances del gobierno en su afán de controlar las instituciones del sistema de justicia, en perjuicio de la seguridad jurídica, y en su inconstitucional proyecto continuista.

La Iglesia, suprema autoridad espiritual en el pasado, a la que estaban sometidos los Estados, en reconocimiento a su ancestral función tutelar de los principios y valores del vivir cristiano, en política, en sociedad y en privado, hoy, bajo diversas denominaciones, cada una reclamando ser la auténtica Iglesia de Cristo, calla misteriosamente, pese a que, apenas ayer exigían participación en procesos políticos. No se les ve aquella energía con que exigían al pueblo que no votaran por los candidatos homosexuales o suprimir los artículos del Código Penal que restringían su participación en política, y, además, lo motivaban a combatir pretensiones reeleccionistas en el inmediato pasado. La separación entre Estado e Iglesia no es excusa para que ésta se refugie en la laicidad estatal, justificando su indiferencia ante la amenaza que, contra la sociedad, representa la aprobación de leyes que, además de promuever la corrupción, tienen carácter draconiano, cuya finalidad manifiesta es reprimir impunemente a los que protesten legítimamente por el ultraje a sus derechos políticos; en estas condiciones la indiferencia se traduce en aquiescencia. Nadie, que observe indiferente la comisión de un delito, es inocente.

La oposición legislativa, cuyo deber es, precisamente, evitar estos abusos, despliega una locuacidad aplastante para justificar su negligencia o, en algunos casos, complicidad con el gobierno. Cualquier intento de probar la imposibilidad de oponerse, se estrella con el hecho irrefutable de que son mayoría en el Congreso. Los que se han entregado vergonzosamente a los caprichos del gobierno, no les importa justificarse; su cinismo guía sus pasos, despreciando a los demás. Los que con su negligencia han contribuido a que el Presidente haga realidad sus sueños, ningún argumento será suficiente para exonerarlos de responsabilidad. Responsabilidad histórica, porque ninguna otra podrá deducírseles, ni la moral, habida cuenta el silencio de las iglesias, ni la que se castiga con el voto, porque, de no cambiar el patrón de conducta del votante, seguirán reeligiéndose indefinidamente, sin importar cuantas felonías cometan ni el daño que éstas les ocasione.

La dirigencia de la Resistencia y de los Indignados terminaron ocupando o aspirando a curules parlamentarias. Ahora son parte de lo que en las calles repudiaban.

Ese es el contexto social en que opera la política. Por eso, algunos, presas de su frustración, ven, hacia afuera, como si más allá de nuestras fronteras se encontrara la solución de nuestros problemas. Se preguntan, insistente y plañideramente ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué la cooperación internacional? Nada, porque no les incumbe. Lo que ocurre en nuestro país es responsabilidad nuestra y somos nosotros los obligados a encontrar soluciones y aplicarlas.

Esto nos explica por qué en Guatemala las instituciones estatales responsables de impedir que los gobernantes se extralimiten en el ejercicio del Poder, funcionan. Porque allá hay un pueblo que tiene la sabiduría de rectificar y el coraje de tomarse las calles exigiendo la renuncia y castigo para el gobernante abusador. Del lado de éste, están sus compinches, los políticos corruptos del Congreso; del lado del pueblo, las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y las instituciones del sistema de justicia. Esa es la diferencia. De ahí, que en Guatemala sea posible que la justicia, popular y formal, le declare la guerra a los políticos, especialmente a los corruptos, y sean héroes populares los fiscales y los jueces.

En el proceso anterior, dos candidatos venían de actividades fuera de la política. Uno, seguido de dirigentes tradicionales, portadores de los vicios y cualidades de este tipo de políticos; el otro, acompañado de verdaderos novatos en política, movidos por su auténtico deseo de cambiar el país, cedieron, sin embargo- y muy rápidamente-, a las conspiraciones de pasillo del parlamento, inoculados por Nírita con el virus que descerebra a quien asume funciones públicas, y, ya sin anticuerpos, arriaron las banderas anticorrupción y, cayeron de rodillas ante el Poder; aberrante conducta que, más de una vez, los enfrentó con su líder,  quien les reclamaba su ingenuo (?) proceder, vanamente.

En este proceso electoral, Luis Zelaya hace la diferencia. Además de su incuestionable autoridad moral para postularse como candidato, pues nada puede reprochársele en el orden personal o profesional, debe a la academia su discurso coherente y la capacidad para cuestionar con propiedad los desaciertos del gobierno y formular respuestas pertinentes a los problemas que aquejan al país, por medio de un plan que se ha revelado como el más pragmático, despojado de toda sospecha populista y demagógica.

Nunca nos hemos encontrado en momentos tan definitorios como éste. Si votamos por continuar con las políticas que niegan al ser humano la calidad de sujeto de las acciones gubernamentales, rebajándolo a la condición de objeto, prolongaremos la crisis, el desempleo, la pobreza extrema y la inseguridad; si votamos por la oposición, debemos elegir al que resulte más confiable de entre todos, considerando que quien llegue a la presidencia debe contar con la idoneidad suficiente para enfrentar atinadamente los problemas que deja este gobierno (que son los más explosivos) y los que arrastra el país históricamente.

Ya es tiempo de desmontar esa estructura totalitaria que atenta contra los más elementales derechos humanos y de suprimir esos procesos que llevan a la sumisión total de las organizaciones sociales y políticas. Ya es tiempo de decir ¡BASTA! A los malos gobiernos y a los políticos corruptos.