Por: Redacción CRITERIO
Un reportaje realizado por Infobae demuestra que Honduras es el país con el instituto electoral con menor credibilidad en América Latina acompañados en el sótano por el Salvador y Venezuela.
En algunos, gran parte de la ciudadanía cree que hay fraude, pero en otros, todos aceptan el resultado de las elecciones sin importar quién gane
Uruguay es, con mucha ventaja, el país con el órgano electoral más confiable de la región. El 73% de los ciudadanos le tiene mucha o algo de confianza, según El ente encargado de organizar los comicios en Uruguay es la Corte Electoral. En Colombia, el segundo más confiable con 62%, es el Consejo Nacional Electoral. Compartiendo el tercer puesto, con 56%, están Costa Rica y Chile, donde la gestión está a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones y del Servicio Electoral, respectivamente.
Luego vienen República Dominicana (Junta Central Electoral), con 55%; Panamá (Tribunal Electoral), con 51%; Perú (Jurado Nacional de Elecciones), con 46%; Paraguay (Tribunal Superior de Justicia Electoral), con 45%; y México (Instituto Nacional Electoral), con 43 por ciento. Comparten el décimo lugar, con 39%, Ecuador (Consejo Nacional Electoral) y Argentina (Dirección Nacional Electoral), uno de los únicos países en los que el ente organizador depende directamente del Poder Ejecutivo.
¿Cuáles son los menos creíbles para la población?
Honduras (Tribunal Supremo Electoral), con 22%; El Salvador (Tribunal Supremo Electoral), con 28%; y Venezuela (Consejo Nacional Electoral), con 31 por ciento.
El promedio de América Latina es bajo, sólo un 44% tiene confianza. El dato es preocupante, porque la transparencia del voto y el acuerdo de toda la comunidad en que no haya trampa es el grado cero de la democracia. Si menos de la mitad de la población cree en quienes se ocupan de contar los sufragios, difícilmente puedan confiar en las autoridades que emanan de ellos, sus representantes.
«En general hubo un esfuerzo muy grande en los últimos 15 o 20 años para consolidar organismos electorales lo más independientes posible del poder político. No en todas partes se logró con éxito. La política sigue incidiendo en el proceso de gestión y orientación de los procesos electorales. Una de las debilidades más importantes es la falta de transparencia y de institucionalidad», explicó el politólogo Fernando Giraldo, profesor de la Universidad EAN, de Colombia.
Si se desgrana a los consultados por la encuesta de Latinobarómetro según la edad y el nivel educativo, aparecen algunas diferencias. Por ejemplo, a nivel regional, tienen más confianza los mayores de 61 años: 47 por ciento. Los que tienen entre 26 y 60 son los que menos tienen, 43 por ciento. Y en un nivel intermedio están los más jóvenes, que suman 45 por ciento.
Al considerar el grado de instrucción, las divergencias son más grandes. Los más reacios a creer son los que no pasaron de la escuela primaria, con 41 por ciento. En el medio están los que llegaron hasta la secundaria, con 45 por ciento. Y los que más confían son los universitarios, con 49 por ciento.
Distintos modelos de organización
«Internacionalmente se clasifican en tres modelos: gubernamentales, dónde órganos dependientes del Gobierno organizan las elecciones, como sucede en Alemania (Oficina Federal de Estadísticas) e Inglaterra (Comisión Electoral); independientes, dónde órganos autónomos de los poderes Ejecutivo y Legislativo organizan y califican las elecciones, como sucede en Brasil (Tribunal Superior Electoral) o en Costa Rica (Tribunal Supremo de Elecciones); y mixtos, es decir, que la organización de las elecciones se comparte entre instancias independientes y gubernamentales, como sucede en Chile (Servicio Electoral y el Tribunal Calificador de Elecciones) y Argentina (Dirección Nacional Electoral y Cámara Nacional Electoral)», dijo Fernando Barrientos, investigador del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad de Guanajuato, México.
Es muy interesante comparar cómo se piensan los comicios en Europa y en América Latina. «En la región hay organismos autónomos, permanentes y especializados. En Europa son temporales y dependen generalmente del Poder Ejecutivo», contó Leticia Ruiz Rodríguez, profesora de ciencia política de la Universidad Complutense de Madrid, consultada por Infobae.
Desde un punto de vista lógico, el modelo europeo parece más razonable, ya que no tiene sentido sostener todo el tiempo una estructura burocrática que sólo funciona cada dos años. Pero hay una diferencia muy grande a considerar entre los dos continentes: del otro lado del Atlántico las democracias están muy afianzadas institucionalmente, y sería impensable que un Gobierno haga trampa para ganar una elección. Ante la imposibilidad de tener la misma certeza en América Latina, muchos países intentaron crear organismos electorales sólidos e independientes, para compensar la falta de transparencia e institucionalidad.
¿Cómo definir qué modelo de todos los que hay en la región es más exitoso? Un criterio es tomar la confianza ciudadana y la existencia, o no, de denuncias de fraude.
«Evidentemente —dijo Barrientos—, en los países donde han existido menos denuncias desde los partidos de fraude electoral, y dónde hay más confianza hacia las elecciones, son aquellos en los que la gestión electoral ha sido más eficiente, y por lo tanto más exitosa. Sobresalen los modelos de Chile, Uruguay, Costa Rica y Argentina».
«También hay países —continuó— donde la gestión electoral es eficiente, pero la opinión pública no lo considera así. Los órganos electorales tienen un alto grado de independencia pero los partidos regularmente acusan la posibilidad de que haya existido fraude electoral. Son los casos de México, Ecuador y Paraguay, y en menor medida, Perú y Brasil».
El de México es un ejemplo paradigmático. No está demasiado bien ubicado en el ranking y muchos ciudadanos desconfían de los resultados de los comicios, pero el diseño institucional de sus organismos electorales es muy avanzado.
«A pesar de los problemas de corrupción que tiene por la incidencia del narcotráfico y de distintas actividades ilegales, el mejor modelo por resultados y funcionamiento es el mexicano. Hay una clara separación entre la Justicia Electoral, que es el órgano que tramita las demandas; el Instituto Electoral, que organiza los comicios y hace el escrutinio; y el Centro de Capacitación Electoral, que se encarga de capacitar y educar a la población», sostuvo Giraldo.
Probablemente, gran parte de la desconfianza en México se explique por la corrupción que hay en la sociedad y en la política, y por una larga historia de comicios poco transparentes, en los que sólo ganaba el PRI. De hecho, es por ese lastre que el Estado trabajó mucho en tener un buen diseño institucional en materia de elecciones.
La interpretación de Ruiz Rodríguez es que «no influye sólo la composición y las funciones de los organismos, sino que hay que explorar factores de cultura política, como la confianza en las instituciones»
En lo que analistas y ciudadanos coinciden es en que uno de los peores organismos lo tiene Venezuela. Así lo expresó el politólogo colombiano. «Es un modelo muy negativo, porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) está excesivamente partidizado y controlado por el Poder Ejecutivo. No tiene autonomía ni independencia, y no controla debidamente. Tiene que ver con que el régimen político venezolano tiene una fuerte tendencia autoritaria».
«El caso actual de Venezuela bajo el chavismo debe tratarse aparte —dijo Barrientos—. Durante varias décadas era un modelo de gestión electoral exitosa y democrática, pero ahora ha perdido todo indicio de imparcialidad y es parte del régimen semidemocrático vigente».
Lo interesante de Venezuela es que la Constitución establece que el CNE es un poder independiente de los otros, y pone como garantía que sus cinco rectores sean elegidos por una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional. Sin embargo, esa autonomía es una ficción, porque la ley dice que, si no se llegara a conseguir el consenso legislativo, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) puede designar a las autoridades.
Si algo está claro es que el TSJ, así como los principales estamentos judiciales, están controlados por el Poder Ejecutivo. Así fueron elegidos, el 27 de diciembre de 2014, tres de los cinco integrantes actuales: Sandra Oblitas, Luis Emilio Rondón y Tibisay Lucena, la presidente del cuerpo. Hasta el momento, nunca ha sancionado al partido de gobierno, a pesar de sus reiteradas violaciones a las normas electorales.