Por: Silvina M. Romano
El problema de América Latina es la corrupción, pero no la corrupción “a secas”, sino especialmente aquella asociada a los gobiernos progresistas o posneoliberales. Lo aseveran los think-tanks, los asesores de Instituciones Financieras Internacionales (IFI) y voces expertas sobre lo que “sucede” en la región.
Lo advertía John F. Kelly, ex Comandante del Comando Sur de los EEUU y hoy Jefe de Gabinete de Trump. Aseguran que los gobiernos progresistas se abusaron de los pobres para enriquecer a un puñado de funcionarios de gobierno corruptos. Agrandaron el Estado y lo repolitizaron, intervinieron en la economía y revalorizaron lo público, con el único objetivo de “saquearlo” luego. Privilegiaron la utilización de influencias y fondos públicos para beneficio personal y recurrieron a los poderes del Estado para evitar la rendición de cuentas.
Desde esta perspectiva, los funcionarios y políticos involucrados en gobiernos progresistas que exaltaron ese derrotero, son por definición corruptos y además ineficientes. Son incapaces de manejar al Estado como a una empresa privada, poniendo en riesgo el rumbo de la economía y (supuestamente) del Estado en su totalidad.
Esta serie de argumentos son los que urden la trama de un sentido común reproducido por las derechas y la prensa hegemónica desde hace varios años y que ha contribuido al menos a dos fenómenos: el primero y de corto-mediano plazo, es el de la “judicialización de la política” desde arriba; el segundo es el de la despolitización de la política, el desprecio por “lo público” y el prejuicio respecto de lo estatal como ineficiente.
El hecho de que este relato haya devenido en “sentido común”, de que haya calado profundo en la opinión pública, no es fruto de una campaña mediática particular, o el resultado “inminente” del retorno de gobiernos de derecha.
Tampoco obedece únicamente a factores coyunturales. Por el contrario, forma parte de un proceso histórico que encuentra parte de sus raíces en el ajuste estructural implementado en América Latina a partir de la década de los ’80 y que tuvo como actores principales a las IFI y a las agencias bilaterales del gobierno estadounidense. La “modernización” del Estado, que tenía por objetivo una mayor eficacia y eficiencia para acabar con la corrupción y el favoritismo, fue argumento clave para el adelgazamiento/desaparición y desprestigio de lo público en virtud de lo privado. El Consenso de Washington puede ser un ejemplo de sistematización de tales premisas como lineamientos para la acción de gobiernos
dedicados a procurar que el Estado se subsumiera a las necesidades del sector privado. La empresarialización del Estado.
Las reformas judiciales
Uno de los sectores en los que se intervino tempranamente para la “modernización del Estado” fue el judicial. Tuvieron especial protagonismo los organismos de “asistencia para el desarrollo” bilaterales y multilaterales, como la USAID y el BID.
Este asesoramiento en la transformación de los aparatos judiciales constituye un eslabón más en una cadena de relaciones dependientes y asimétricas establecidas por la dinámica y normativas inscritas en la asistencia para el desarrollo (al menos desde la Guerra Fría hasta la actualidad)7. El objetivo era lograr la “buena gobernanza” por medio de una reorganización del Estado, ajustando las leyes e instituciones a las normativas internacionales que permitieran el flujo de inversión extranjera directa y el acceso a mercados “sanos”.
Debía garantizarse un “buen funcionamiento” de las instituciones para garantizar el desarrollo. Guatemala fue uno de los mayores receptores de asistencia para la reforma judicial, tras la firma de los Acuerdos de Paz. Fluyeron asesores, recursos para infraestructura e informática y el “know how” de la experiencia en países centrales, particularmente en EEUU9. El resultado fue una reforma superficial, en el plano de lo técnico, con una fuerte dependencia de la asesoría y fondos provenientes del extranjero.
Los avances a partir de la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (desde el juicio al dictador Ríos Montt hasta el Caso la Línea se ven limitados por estar enmarcados en un Estado que en términos generales representa los intereses de una minoría privilegiada (tanto la vieja oligarquía como los nuevos empresarios) asociada directa o indirectamente a un Estado contrainsurgente y genocida. Un Estado ausente en materia de bienestar socio-económico para las mayorías, que nunca fue refundado.
Un Estado que, desde 1954 hasta la actualidad, sigue dependiendo de los lineamientos, recomendaciones y financiamiento del sector público-privado estadounidense y las agencias de asistencia para el desarrollo de otros países centrales. Guatemala es un país condenado por la opinión pública internacional debido a la corrupción y la violencia, pero de ningún modo se lo coloca como el peor caso. Por el contrario, la corrupción es particularmente “grave” en aquellos Estados donde hubo o están vigentes procesos de cambio de la mano de gobiernos posneoliberales, notándose una mayor presión local e internacional para una judicialización de la política desde arriba.
Un caso clave es el de Bolivia, país que recibió un importante flujo de asistencia de la USAID en los ’80 y ’90, entre otros rubros, para la reforma judicial. Estos fondos tendieron a beneficiar a gobiernos y sectores altamente corruptos y que trabajaron sistemáticamente en desmedro del bienestar de las mayorías12. Con la llegada del MAS y la refundación del Estado, se llevaron a cabo reformas estructurales, incluida la democratización del aparato judicial: es el único país de América Latina donde los representantes judiciales son elegidos en las urnas. Sin embargo, sigue fluyendo asistencia, en particular proveniente de la National Endowment for Democracy (NED) en el rubro de “reforma jurídica” a través defundaciones.
Una de las últimas campañas desatadas contra el MAS, previa al referéndum de febrero de 2015, se centró en la difamación y desmoralización del gobierno de turno por “corrupción y tráfico de influencias”, sin pruebas fehacientes. Sin proceso legal adecuado, se manufacturó el “caso Zapata”. La red de intereses tejida entre la prensa local, fundaciones, think tanks y voces expertas hicieron campaña destacando la corrupción como principal atributo del gobierno de MAS. Luego del debido proceso judicial, se mostró que las acusaciones al presidente y ministros de gobierno eran falsas, pero el Caso Zapata influyó para que buena parte de la ciudadanía se inclinara por el NO al momento del referendum. Se desvió la batalla política al campo judicial.
Brasil es sin dudas el paradigma de la judicialización de la política desde arriba, como parte de una campaña mediática, política y empresarial orientada (aparentemente) a combatir la corrupción, pero que tiene por objetivo destruir la imagen del Partido de los Trabajadores y “expulsar de la política” a sus principales líderes. El impeachment a Dilma Rousseff muestra el modo en que opera un aparato judicial intervenido desde fuera. El Juez Moro, líder del Lava Jato, fue uno de los “mejores alumnos” de los cursos de capacitación realizados por el Departamento de Justicia estadounidense para funcionarios judiciales latinoamericanos en el 2009, en el marco del “programa Puentes”.
Técnicas de recolección de información como la “delación premiada”, así como el espionaje (intervención de líneas telefónicas, mails, etc.) a funcionarios públicos o burós privados de abogados, parecen formar parte del know how adoptado. El juicio a Lula da Silva es otra muestra: considerando el modo en que “apresuraron” su expediente frente a otros casos, la ausencia de pruebas y la campaña mediática que lo cubrió16, da cuenta del modo en que EEUU y las derechas de América Latina están recurriendo a la “justicia” como arma para una guerra librada contra la política de gobiernos y procesos progresistas. Es “lawfare”, la guerra jurídica17.
“Lucha contra la corrupción”
Esta guerra contra la corrupción se equipara a la guerra librada contra las drogas (íntimamente vinculadas a los intereses del sector público-privado de EEUU): más allá de los protocolos y discursos políticamente correctos, apuntan a aniquilar sectores, grupos, líderes y procesos que disputan con mayor o menor fuerza y/o éxito alternativas al neoliberalismo (por ejemplo: que obstaculizan el flujo de combustibles y materiales estratégicos, que amenazan el acceso a mercados y la rentabilidad de las inversiones). Para ello, se presenta como objetivo de mediano-largo plazo la anulación de lo político, la despolitización del Estado, evitar ante todo su intervención en la economía, lograr que devenga en un ente técnico subsumido a las reglas del mercado.
Se promueve que sea dirigido por tecnócratas o empresarios capaces de vaciarlo de soberanía, apartarlo de la causa de las mayorías. Hacerlo más eficiente para el sector privado.
Este es el objetivo de la “lucha contra la corrupción” librada desde los medios hegemónicos, think-tanks, fundaciones y gobiernos como el de EEUU, que exportan un modelo de democracia y gobernabilidad que nada tiene que ver con la inclusión política, económica, cultural y social de mayorías históricamente postergadas. Es la democracia de una “clase media” (imposible de ser definida) cuya única causa sería la de “instituciones transparentes”, “índices de violencia cero” y “cárcel para todos los corruptos, para todos los políticos”. La democracia de una sociedad que (aparentemente) desea ser gobernada por empresarios y tecnócratas que no tengan “nada que ver” con la política.
Así, en los discursos contra la corrupción, la “delincuencia” y “los criminales”, se va reforzando la urdimbre de la ideología dominante, alimentada por la “frustración” generada por gobiernos que (aparentemente) traicionaron a sus pueblos. Unido a este relato, resurge con fuerza el neoliberalismo, un camino que ya hemos transitado en América Latina, que garantiza la salud de los mercados y la profundización de la miseria, injusticia y violencia ¿y quién se atrevería a afirmar que ese rumbo (¡ya transitado!) está exento de corrupción?
*Silvina M. Romano es Dra. en Ciencia Política. Investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe,Universidad de Buenos Aires.